Francia Márquez exige libertad para contratistas secuestrados/
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, alzó su voz de manera categórica para exigir la liberación inmediata de los nueve contratistas secuestrados el pasado 17 de julio en zona rural del municipio de López de Micay, Cauca. El grupo, conformado por siete mujeres y dos hombres, adelantaba labores técnicas asociadas a un proyecto comunitario del litoral pacífico caucano, cuando fue retenido por integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC.
A través de una declaración pública emitida el 21 de julio, Márquez, oriunda del municipio de Suárez, expresó:
“Como hija del Cauca, rechazo con total firmeza el secuestro de nueve funcionarios y contratistas en López de Micay. Exijo su liberación inmediata. Nada justifica arrebatarle a una persona su libertad ni su derecho a vivir en paz. El secuestro es una herida profunda que afecta a las familias, a las comunidades y al país entero. Me solidarizo con sus seres queridos y sus comunidades. ¡Los queremos libres y en casa! El Cauca merece vivir en paz”.
La vicepresidenta ha sido hasta ahora la única alta funcionaria del Gobierno Nacional que se ha pronunciado públicamente sobre el caso, mientras el presidente de la República permanece en silencio ante la situación.
El secuestro fue confirmado por la Gobernación del Cauca, que precisó que los capturados se encontraban en actividades humanitarias y no participaban en actividades de carácter militar.
Las disidencias han atribuido su acción a una supuesta instalación de inhibidores de drones valorados en cuatro mil millones de pesos, lo que, según sus voceros, constituiría un acto hostil. No obstante, esa versión ha sido desmentida tanto por el gobierno departamental como por fuentes técnicas que confirman que la misión respondía a una estrategia social para zonas apartadas del Pacífico caucano.
En respuesta a los hechos, los familiares de los secuestrados organizaron una velatón el 18 de julio en el Parque Caldas de Popayán, donde clamaron por la vida de sus seres queridos. “Mi hija es una mujer profesional que solo quería trabajar. Suplico que la liberen”, expresó entre lágrimas Guido Güengue, padre de una de las jóvenes.
La Procuraduría General de la Nación también se sumó al llamado por la liberación inmediata, mientras la Fiscalía General activó, junto con el GAULA, mecanismos de inteligencia en la zona. Aunque no se han entregado detalles sobre el avance de las gestiones humanitarias, el caso se mantiene bajo seguimiento reservado por organismos del Estado y agencias internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja.
La retención de estos nueve ciudadanos ha vuelto a poner en evidencia los riesgos que persisten en territorios donde operan estructuras armadas ilegales, así como los desafíos que enfrenta el Estado colombiano para garantizar la presencia institucional y el cumplimiento efectivo de los compromisos de paz.
El país espera que las voces que claman justicia y respeto por la vida sean escuchadas. La libertad de estos contratistas se ha convertido en símbolo de una lucha más amplia por el respeto de los derechos civiles en las regiones más vulnerables del territorio nacional.
