El fiscal general de la nación y el Cauca

En la Presidencia de la República fueron inscritos 155 ciudadanos que respondieron a la convocatoria hecha por el presidente Juan Manuel Santos para postularse como aspirantes a integrar la terna que deberá presentar a la Corte Suprema de Justicia, para que ésta elija al próximo fiscal general de la Nación. 113 personas fueron seleccionadas por cumplir los requisitos establecidos por la Constitución Política y las leyes para desempeñar el importante cargo.

Las actuales circunstancias políticas y sociales por las que atraviesa este país suramericano donde evidentemente hay un clamor para la superación de la crisis de la justicia que padece, exigen hacer un análisis para determinar cuál ha de ser el perfil que mejor encaja para garantizar en esta rama del poder público la independencia y autonomía, imparcialidad, probidad, idoneidad (conocimiento del derecho penal), y hasta valentía para la lucha contra las organizaciones y las nuevas modalidades del crimen organizado.

Pero además, el Fiscal General de la Nación deberá haber demostrado tener las capacidades para plantear soluciones y alternativas para recuperar la credibilidad pública en la Justicia, para preparar funcional y estructuralmente la institución frente a los procesos de paz que se desarrollan en el país y para adecuar un modelo de investigación penal enfocado a ponerle punto final a este largo conflicto armado, en el marco jurídico para la paz.

Es más, el nuevo fiscal general de la Nación deberá contribuir a la implementación de una justicia que restaure, repare y transforme la situación de las víctimas, hasta evitar que se repitan las escenas y escenarios de impunidad y terror que tanto rechaza y sufre la sociedad colombiana.

De una lectura rápida de aquel listado dado a conocer hoy, puede deducirse que hay cinco personajes de altos quilates en cualquiera de los cuales recaería la escogencia, con el debido respeto por las hojas de vida de los otros 108 postulantes, que hartos méritos han de tener para haber sido aceptados en concurso de méritos, y excepcionalmente de lo que esté pensando el presidente de la República, quien debería buscar en la opinión pública el mayor consenso posible para la conformación de la terna.

En este orden de ideas, me llamaron la atención los siguientes personajes (el orden no indica preferencia, simplemente, cada lector deducirá):

Jorge Fernando Perdomo Torres, actual fiscal general, encargado, abogado huilense de la Universidad Externado, con maestría en derecho comparado y doctorado de la Universidad de Bonn, y con estudios de investigación posdoctoral en las universidades de Cambridge y Frankfurt. Profesor de derecho penal, procesal penal y filosofía del derecho en la Externado.

Fue viceministro de política criminal y justicia restaurativa, cargo desde el cual estructuró la reglamentación de la Ley de Víctimas y trabajó en temas de justicia transicional como la reforma a la Ley de Justicia y Paz y el marco jurídico para la paz. Dejó el puesto luego del escandaloso trámite de la reforma a la Justicia en el Congreso de la República.

En abril de 2012 fue nombrado vicefiscal por Eduardo Montealegre, fiscal general; reemplazó a Martha Lucía Zamora, quien también había sido fiscal general encargada tras la salida de Viviane Morales.

Martha Lucía Zamora Ávila abogada bogotana, también de la Externado, con posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España). Trabajó con Antonio José Cancino, quien fuera defensor del ex presidente Ernesto Samper y del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Fue magistrada auxiliar en la Corte Constitucional, luego, fiscal delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema, cuando precluyó una investigación contra Horacio Serpa por el Proceso 8.000.

Renunció al cargo cuando abrió investigación contra algunos narcotraficantes, entre ellos Fabio Ochoa, cuya extradición estaba en proceso, lo cual era contrario a los intereses del país porque para extraditarlos no podían tener procesos en curso en Colombia.

Luego fue procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia y después, vicefiscal, reemplazada en abril de 2012 por Jorge Fernando Perdomo. Fue secretaria general del alcalde Gustavo Petro, y el 28 de enero de 2016, fue elegida magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Néstor Humberto Martínez Neira, abogado bogotano de la Universidad Javeriana, especialista en derecho comercial, con maestría en sociedades de la misma institución. Fue ministro de Presidencia del gobierno de Juan Manuel Santos durante poco menos de un año.

Fue superintendente delegado de la Supersociedades, superintendente delegado para las instituciones financieras, Superintendente Bancario, miembro de la junta directiva del Banco de la República, y subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Ministro de Justicia de Ernesto Samper, luego embajador en Francia, después, ministro del Interior de Pastrana Arango.

En el sector privado asesoró muchas fusiones y compras bancarias como las del Banco Colpatria con Corpavi, la del Banco de Bogotá y Megabanco, y BanSuperior y Davivienda. Asesor de Luis Carlos Sarmiento Angulo en muchos de sus negocios más importantes.

Yesid Reyes Alvarado, actual ministro de Justicia, abogado bogotano, también de la Universidad Externado, profesor de derecho penal en varias universidades y conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Ha sido abogado de personajes reconocidos como Ernesto Samper, Horacio Serpa, Germán Vargas Lleras, Valerie Domínguez y Diomedes Díaz.

Germán Pabón Gómez, jurista, catedrático, escritor y abogado penalista de la Universidad del Cauca. Fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y fiscal delegado ante la misma institución, desde donde desbarató el “carrusel de la contratación”, evidenció el peculado por apropiación, cohecho, fraude procesal, falsedad documental y concierto para delinquir, que tienen en la cárcel al alcalde de Bogotá Samuel Moreno y a los primos Nule, entre otros, protagonistas de otra multimillonaria defraudación al Estado.

Es especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Externado de Colombia y tiene estudios de Doctorado en Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

Ah, no dije que era caucano, de Popayán, y me parece que Germán Pabón Gómez es un personaje con sentido del equilibrio, y que lo ejerce “como un instrumento para el bien común” como lo insinúa el escritor y columnista Ricardo Silva.

¿Y qué interés representa que sea del Cauca? Sencillo. No voy a exponer que ha sido uno de los departamentos más azotados desde las disputas entre centralismo y federalismo, proteccionismo y librecambismo, o laicismo y confesionalismo religioso, hasta la violencia política del siglo XX, y la narco guerrillera y narco paramilitar de las últimas décadas, porque eso lo sabe todo el mundo; lo hago porque a pesar de sus victimarios y adversidades ha sobrevivido con dignidad y ha preparado a sus hijos para la oportunidad que brinda el futuro. El ilustre Germán Pabón es uno de ellos, es egresado de la misma Universidad que fue creada por iniciativa de Francisco de Paula Santander con el fin de formar a quienes habrían de contribuir a la construcción del Estado y de la Nación independiente en todos los órdenes, talante que aún mantiene. Allí precisamente se formó, en Jurisprudencia y Humanidades, la generación que habría de ser protagonista del inicio de la construcción de la nueva República: Caldas, Torres, Zea, entre muchos otros. Allí se han formado muchos de sus egresados con prestancia moral, liderazgo, persuasión pública, respeto por el Estado de Derecho, con excelentes capacidades administrativas, búsqueda del bienestar y la equidad, entre ellos, Pabón Gómez, quien por su prestigio profesional fue también Secretario de Gobierno Departamental del Cauca, Procurador 14 Judicial Penal ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, Procurador Quinto Delegado ante las Fiscalías Delegadas de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Procurador Segundo Delegado ante la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, docente de las universidades Nacional de Colombia, Cauca, Sergio Arboleda, Externado de Colombia, Los Andes, Medellín, Boyacá, Santo Tomás de Aquino, entre otros centros de educación superior del país, también fue Fiscal Segundo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Un excelente profesional capaz de acompañar la creación del Tribunal Especial para la Paz, además de restablecer la agenda judicial del país, y la confianza en esta apabullada rama del Poder Público. Ojalá el señor presidente de la República escuche al pueblo colombiano, a la comunidad caucana, que aprecia a este brillante jurista, y la Corte Suprema tome la decisión que más le conviene a la Nación en momentos en que espera el tránsito hacia una nueva vida en paz cuyo principal soporte es la Justicia.