Farc y bracrim cobran hasta a prostitutas en zonas de minería en Cauca
Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM
23 de Junio del 2011
Foto: Juan B. Díaz / CEET
Denuncias sobre esta problemática en el departamento se conocieron en reunión extraordinaria.
Veinte millones de pesos deben pagar los dueños de las retroexcavadoras que llegan a la costa pacífica caucana a explotar oro de manera ilegal.
Cada uno de los 80 trabajadores que en promedio llegan por máquina debe pagar 5.000 pesos día y por cada gramo del metal que extraen les cobran 15.000 pesos.
El negocio es de las Farc y las bacrim que tienen monopolizadas las zonas de minería de explotación ilícita de minerales, denunció el gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González, al término de una reunión urgente convocada ante la grave situación que afecta especialmente a los municipios del costa pacífica caucana.
Durante la reunión, dijo el mandatario regional, se reveló incluso que estas organizaciones ilegales en el ‘control’ que realizan les cobran hasta una cuota mensual a quienes llegan a ejercer la prostitución en esas zonas.
«Este modelo extorsionista les ha dejado más de 15.000 millones de pesos en estos seis meses del año», dijo el gobernador González.
El mandatario que ha pedido no satanizar la minería pidió a los delegados del Ministerio de Medio Ambiente, Procuraduría, Contraloría y organismos de seguridad, trabajar unidos para en una normatividad y medidas eficaces que permitan enfrentar la acción de la maquinaria que ha causado efectos nefastos para el medio ambiente, especialmente en Timbiquí.
En el Cauca existen 270 títulos para explotación minera registrados legalmente, pero se estima que quienes ejercen esta actividad superan en cuatro o cinco veces esta cifra.
La afectación se extiende por los municipios de Guapi y López de Micay, en la costa. Así mismo se ha encontrado maquinaria en El Tambo, Patía, Suárez, Buenos Aires y en el corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao.
El diagnóstico revela que no solo se trata de la afectación ambiental, sino del tejido social. La violencia y en especial los homicidios y toda clase de delitos se han agudizado, mientras la migración desde Antioquia y municipios del Eje Cafetero se ha incrementado.
Se calcula que hay unas 120 retroexcavadoras y que unas de mil personas se han desplazado a Timbiquí y López de Micay.
Lo más preocupante, dice el Gobernador, es que en medio del conflicto se encuentran los campesinos, pues si bien hay alianzas, también hay enfrentamiento por el dominio de los territorios.
«Se ha incrementado la migración de estos trabajadores ilegales, que además son explotados por las bandas criminales o la guerrilla, que tienen una alianza macabra. A esta situación se han unido el Eln y los urabeños», dijo el gobernador González.
Una denuncia que recibió la Procuraduría fue el hecho de que algunos mandatarios conceden permisos para el ingreso de la maquinaria, sin el lleno de los requisitos.
Ejército, Armada y Policía se declararon ‘atados de manos’ para evitar la intervención de la maquinaría. Al final de la reunión y tras escuchar las denuncias, los delegados de las diferentes entidades definieron la realización de un Conpes de la minería.
Así mismo, se estudian controles a las Alcaldías para la expedición de las autorizaciones de ingreso de maquinaria. Ingeominas y la Corporación Autónoma Regional del Cauca tendrán que estar a cargo de esta situación.
En un mes se hará una nueva evaluación de la minería en el Cauca.
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