Exigen liberación de 8 personas retenidas en López de Micay
La Alcaldía de López de Micay, liderada por el alcalde John Harold García Riascos, rechazó los hechos de violencia registrados el pasado 3 de julio de 2026 en la comunidad de San Antonio, perteneciente al Consejo Comunitario San Joc, en la parte alta del río Micay, donde ocho habitantes permanecen retenidos después de una incursión armada.
Según denuncias realizadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, los responsables serían, al parecer, integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Esta atribución es preliminar y deberá ser confirmada por las autoridades competentes, debido a que el comunicado oficial de la Administración Municipal no identifica directamente al grupo responsable.
La Alcaldía expresó su preocupación por la retención de las ocho personas y advirtió que este hecho vulnera sus derechos fundamentales, además de generar angustia entre las familias de las comunidades micaíceñas y nayenses.
Alcaldía exige su liberación inmediata
Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, la Administración Municipal exigió la liberación inmediata de los habitantes retenidos y pidió respeto absoluto por su vida, libertad e integridad.
“La vida, la libertad y la dignidad de las personas deben ser respetadas en todo momento”, manifestó la Alcaldía al pronunciarse sobre la situación.
La entidad también hizo un llamado a las autoridades competentes para redoblar los esfuerzos institucionales, esclarecer las circunstancias de la incursión armada y garantizar el pronto regreso de las ocho personas a sus hogares.
Denuncian incursión armada en San Antonio
De acuerdo con la información conocida hasta ahora, los hechos ocurrieron en la comunidad de San Antonio, localizada en una zona rural de difícil acceso en la parte alta del río Micay.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que hombres armados habrían ingresado al territorio y retenido a ocho habitantes. Aunque las versiones preliminares señalan una posible responsabilidad de integrantes del ELN, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades judiciales o de seguridad que confirme esta información.
La Alcaldía de López de Micay evitó atribuir directamente los hechos a una organización armada y concentró su pronunciamiento en exigir la liberación de las personas y la protección de sus derechos fundamentales.
Angustia entre las familias
La retención mantiene en incertidumbre a los familiares de las ocho personas y genera preocupación entre las comunidades de López de Micay y El Naya.
La Administración Municipal expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró su compromiso con la defensa de la vida, los derechos humanos, la paz y la tranquilidad de la población.
El Gobierno local insistió en la necesidad de una acción coordinada entre las instituciones para proteger a las comunidades rurales y evitar que nuevos hechos violentos afecten a los habitantes de la región.
Llamado por la vida y los derechos humanos
La Alcaldía reiteró que ninguna circunstancia justifica la privación de la libertad de civiles y pidió que se garantice la integridad de las personas retenidas.
Mientras avanzan las acciones institucionales, las comunidades esperan información oficial sobre su estado, las circunstancias de la retención y las gestiones adelantadas para lograr su liberación.
El caso vuelve a poner en alerta la situación humanitaria y de seguridad en la zona rural de López de Micay, un territorio afectado por la presencia de estructuras armadas y las dificultades de acceso institucional.
