Estado Social de Derecho


En Colombia existe un Estado Social de Derecho claramente definido por la Constitución Política y las normas. Tiene tres ramas del poder claramente definidas: El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los cuales armonizan y actúan según las funciones claramente establecidas, con linderos muy bien determinados, a los que todos los ciudadanos debemos sujetarnos sin excepción. Normalmente las controversias son dirimidas por fallos de obligatorio acatamiento de una parte del poder judicial, la Corte Constitucional, en derecho y por mayoría de sus miembros. Las normas nacionales son aprobadas o negadas por el Legislativo mediante decisiones mayoritarias y de obligatorio acatamiento por parte de las minorías. La oposición, de izquierda o de derecha, tiene el derecho a controvertir. Es más, el estado debe garantizar ese derecho de controversia, de oponerse a los proyectos de ley en el Congreso, a demandar por vicios de nulidad constitucional las decisiones de la mayoría congresional y las decisiones del ejecutivo, pero una vez falladas o dirimidas las diferencias por la Corte Constitucional, la oposición está obligada a acatar las normas implementadas. Si eso no sucede hay un peligroso resquebrajamiento del Estado Social de Derecho convenido mediante acto delegado del pueblo a los constituyentes.
Lo anterior no es argumento de un jurista, o un abogado litigante, sino en condición de un ciudadano común y corriente que ajusta sus actuaciones a lo acordado socialmente por sus miembros y que se contemplan en la Constitución Nacional. De un ciudadano que reconoce la Ley. Pero para asombro, miembros de un partido político, el Centro Democrático, está desconociendo el juego preestablecido, del que forman parte, del que además lo han suscrito como parte de un establecimiento al que deben su existencia y con el que han usufructuado el poder.

Lo más preocupante es lo sucedido en las últimas semanas. El expresidente Uribe fue presentado como Presidente de la República de Colombia en un foro en Atenas, Grecia. Él, sin sonrojarse, dictó su conferencia, sin que en ningún momento se preocupara por hacer la aclaración de que no se trataba de la primera autoridad del país. Los asistentes al foro tuvieron dos impresiones: primero, que se trataba del presidente; segundo, que se trataba de un presidente paralelo. Una situación aparentemente insignificante, pero en realidad muy grave, que debe ser investigada y sancionada como clara suplantación de quien ostenta, sea lo que fuere, la primera dignidad del país. Me pregunto ¿qué pasaría si el rey de España fuera suplantado?
La otra situación, para mencionar solamente dos hechos, es la aparente alegría de los miembros del CD por el atentado reciente en Bogotá (Llámase María Fernanda Cabal). Un hecho que contrista a la población colombiana, que convoca a la solidaridad nacional venga de donde viniere, que debe ser rechazado en forma radical y unánime, como para que estos tipejos sonrían con la desgracia de otros compatriotas. Dejan la duda si no tuvieron que ver con tal hecho tan nefasto.



