El representante a la Cámara Esneyder Gómez Salamanca planteó que el seguimiento del Congreso a la atención de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto no puede limitarse a revisar cifras, informes institucionales o respuestas inmediatas a la emergencia, sino que debe convertirse en un ejercicio permanente de vigilancia sobre los recursos, las obras y el proceso de reconstrucción.
El congresista intervino este martes 1 de septiembre durante una sesión de la Comisión Accidental Bicameral de Seguimiento y Acompañamiento a la atención de los damnificados por el terremoto de San José del Palmar, Chocó, realizada en el Congreso de la República.
Gómez Salamanca, representante de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, CITREP 1, formuló propuestas dirigidas a garantizar que las decisiones adoptadas después de la emergencia puedan ser verificadas directamente por las comunidades y por el Congreso.
Un tablero público para seguir recursos y compromisos
Una de sus propuestas centrales fue establecer un tablero público de seguimiento que permita conocer de manera clara qué compromisos ha adquirido el Gobierno Nacional y las diferentes entidades frente a la emergencia.
La herramienta debería permitir identificar los recursos asignados, las entidades responsables, los territorios beneficiados, las obras o acciones proyectadas, los porcentajes de ejecución y los tiempos previstos para su cumplimiento.
El objetivo es que la información no permanezca únicamente en documentos institucionales, sino que pueda ser consultada y contrastada por congresistas, autoridades territoriales, organizaciones sociales y ciudadanos.
La propuesta busca además facilitar que la Comisión Bicameral determine cuáles compromisos avanzan, cuáles presentan retrasos y cuáles requieren intervención institucional.
La Comisión debe llegar hasta los territorios
El representante también pidió que la Comisión no concentre su actividad únicamente en Bogotá.
Planteó la realización de sesiones territoriales en los municipios y departamentos afectados, para que alcaldes, gobernadores, comunidades, víctimas, organizaciones sociales y demás actores puedan presentar directamente sus necesidades y explicar las dificultades que continúan enfrentando después del terremoto.
Para Gómez Salamanca, conocer la emergencia desde los territorios permitiría contrastar la información entregada por las instituciones nacionales con las condiciones reales de las comunidades.
La propuesta adquiere especial importancia en departamentos donde la emergencia natural coincide con problemas históricos de pobreza, ruralidad, dificultades de conectividad y afectaciones derivadas del conflicto armado.
Reconstrucción con enfoque rural y de víctimas
El tercer planteamiento fue avanzar hacia una ruta integral de reconstrucción con enfoque rural y de víctimas, de manera que la intervención del Estado no termine una vez superada la fase inicial de atención humanitaria.
Gómez Salamanca sostuvo que la reconstrucción debe contemplar de manera integral asuntos como vivienda, salud, educación, vías, servicios públicos, reactivación económica y condiciones de vida de las comunidades más vulnerables.
El propósito es que las acciones posteriores al terremoto tengan una planificación de mediano y largo plazo y permitan atender no únicamente los daños físicos causados por el movimiento telúrico, sino también las condiciones estructurales que dificultan la recuperación de las familias.
Desde su representación de territorios afectados históricamente por el conflicto armado, el congresista insistió en que las víctimas y las comunidades rurales requieren un tratamiento diferencial dentro del proceso de reconstrucción.
Seguimiento más allá de la emergencia
La Comisión Accidental Bicameral fue creada mediante la Resolución 005 del 18 de agosto de 2026, luego de una proposición aprobada por el Congreso Pleno el 12 de agosto, con el propósito de realizar seguimiento político e institucional a la respuesta brindada a los damnificados por el terremoto.
Su función no consiste en administrar recursos ni contratar directamente las obras de reconstrucción. Su papel es hacer seguimiento, requerir información, acompañar institucionalmente el proceso y ejercer control político sobre las actuaciones relacionadas con la emergencia.
Gómez Salamanca forma parte oficialmente de esta comisión como representante a la Cámara.
Durante su intervención dejó planteada la necesidad de que ese seguimiento tenga indicadores verificables, presencia territorial y continuidad durante la reconstrucción, evitando que la atención pública disminuya una vez superados los primeros días de la emergencia.
El representante señaló así una ruta de trabajo basada en tres componentes: transparencia sobre los recursos y compromisos, presencia del Congreso en las regiones afectadas y una reconstrucción integral que priorice a las comunidades rurales y víctimas.
La intervención se produjo en momentos en que diferentes territorios del suroccidente colombiano continúan evaluando daños y necesidades derivadas del terremoto, mientras enfrentan simultáneamente problemas sociales, económicos y de orden público.
