Entre la protesta legítima y la omisión del Estado
La Mesa de Diálogo y el Puesto de Mando Unificado debieran funcionar de manera permanente. Hay burocracia suficiente.
La protesta social es una condición humana tan básica como la necesidad de justicia y dignidad. En consecuencia, el bloqueo de vías es lenguaje de resistencia que el Estado no ha podido descifrar. Cada piedra sobre el asfalto, cada carpa en la Panamericana, cada olla comunitaria encendida en medio del humo, es una frase escrita por pueblos que no fueron escuchados.
Su persistencia no obedece al capricho de unos cuantos, sino al mismo Estado que ha confundido el diálogo con la reacción tardía.
En el Cauca, inclusive en el Valle, sobre la vía que comunica al país con Buenaventura, el bloqueo parece haberse institucionalizado como único medio para hacerse escuchar.
Las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, históricamente marginadas, han hecho de las carreteras un escenario político, porque allí su voz tiene costo económico y, por tanto, valor y poder.
Claro que la crisis generada por estos bloqueos es real y dolorosa, afecta desde el hogar más humilde hasta el comercio y la industria, produciendo pérdidas, desempleo y deterioro de la competitividad.
Pero detrás de cada piedra levantada, de cada llanta quemada, hay un clamor acumulado. Lo recordaba un líder indígena durante la más reciente movilización: “Es contradictorio vivir en medio de tantas dificultades sociales y guardar silencio. Las esperanzas se depositaron en el gobierno del cambio, pero sin la presión social, las transformaciones nunca avanzan”.
Esa voz resume la contradicción central de Colombia: la gente confía en el Gobierno, pero desconfía de su palabra. Cada acuerdo, cada plan, cada convenio incumplido alimenta una espiral de desobediencia civil que ya se volvió método.
Mientras tanto, sectores empresariales y ciudadanos exigen equilibrio. Juan Pablo Piedrahíta, representante de la Asociación de Restaurantes del Cauca (Arcau), expresó: “Respaldamos el derecho a la protesta pacífica, pero hacemos un llamado al respeto por el derecho al trabajo y la libre movilidad. Los bloqueos no pueden ser el camino”.
Tiene razón. Pero tampoco puede serlo la omisión del Estado.
Esencialmente, la raíz del problema no está en las barricadas, sino en la ausencia de un gobierno previsivo y articulador, capaz de anticiparse al conflicto. No basta con activar mesas de diálogo o puestos de mando unificado cuando ya se paralizó el país. Este es el ritual de emergencia del Gobierno. Son salas de crisis, no herramientas preventivas.
Contrario a lo que se requiere: presencia institucional 24/7, constante, que acompañe el pulso social antes de que explote.
El gobierno nacional —cualquiera que sea— no puede reducir la protesta a un problema de orden público. Cada bloqueo es un mensaje que dice: “no nos están oyendo”. Y si no se escucha, la nación seguirá siendo un tablero de conflicto donde los pueblos presionan y el Estado reacciona.
Es decir que, lo que se observa es la recurrente inercia del Estado, que prefiere reaccionar ante el colapso en lugar de gobernar con previsión.
La prevención debiera ser prioridad gubernamental persistente en un país que aprendió a resistir. La gestión pública no debe encenderse ante la emergencia; debe mantenerse encendida todo el tiempo, como un diálogo permanente entre quienes deciden y quienes padecen o disfrutan las decisiones.
Repito, una y mil veces, el Gobierno debe ser, por principio, previsivo, no reaccionario. La creación de mesas de diálogo o puestos de mando unificado (PMU) como mecanismos para atender el impacto social y económico durante el bloqueo siempre será un acto fallido, porque se necesitan funcionando 24/7, desde el nivel local, regional y nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad social consistente. No únicamente como mecanismos de emergencia. Hay suficiente burocracia y hay espacios para atender y tramitar proyectos y hacer gestiones permanentes con las comunidades.
La única razón de ser de la organización estatal es la conducción del gobierno acorde con las esperanzas y necesidades del pueblo. Cualquier desviación de esta obligación se transforma, inevitablemente, en el siguiente bloqueo.
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