Si hay alguna población en el Cauca que amerita trabajar incansablemente por los menores de edad es Puerto Tejada.
Urge que desde el gobierno nacional y las demás instancias gubernamentales como el ICBF y la Fiscalía General de la Nación, se pueda diseñar una verdadera “política local” para evitar que centenares de menores sigan delinquiendo y perdiendo en un pesado ambiente social.
Ya es hora que se invierta en las próximas generaciones y aplicar la Ley de Infancia y Adolescencia. Normatividad legal que tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
En Puerto Tejada debe prevalecer el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna, igualmente darle aplicabilidad a las normas sustantivas y procesales que ofrezcan la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección debe ser concertada en forma integral como una obligación de la familia, la sociedad y el Estado.
Los niños y adolescentes son el sector más vulnerable de Puerto Tejada y las estadísticas oficiales la colocan después de Popayán, la de mayor número de menores infractores, entregados a delinquir en el fenómeno social de las pandillas que tanto dolor, zozobra y miedo siguen generando en todos los barrios de la ciudad.
El fenómeno de las pandillas en Puerto Tejada mantiene en vilo al gobierno local y a las autoridades policivas y judiciales, hasta tal punto que muchas veces no saben cómo actuar frente a estos grupos que tienen centenares de integrantes, y que son (no nos digamos mentiras) el resultado de la confluencia de factores de orden social, económico, político e institucional.
“Este es un problema cercano a todos los portejadeños, ya que estos grupos se han apoderado de los barrios y las personas sienten miedo de salir de sus casas”, concluyó una funcionaria del poder judicial, tras señalar que es menester seguir trabajando integralmente por unas soluciones que permitan recuperar la confianza y tranquilidad ciudadana, al tiempo que se reconstruya el tejido social desde los propios hogares.
En años recientes, las pandillas juveniles en Puerto tejada, han venido acaparando la atención de los medios de comunicación, los gobiernos nacionales, investigadores académicos y la sociedad civil. Pero es poco lo que se ha avanzado que permita dar resultados efectivos, porque no se cuenta con los recursos y personal necesario que haga frente al preocupante avance del accionar delictivo.
De acuerdo a las cifras e informaciones de las propias autoridades, las pandillas juveniles están convirtiéndose en una amenaza al orden público en Puerto Tejada, ya que muchos de los menores infractores tienen evidentemente lazos con el crimen organizado y el narcotráfico, que están siendo duramente golpeados.
Por ser un problema bastante complejo requiere un tratamiento especial que permita el seguimiento y resultados positivos, ya que las pandillas juveniles han demostrado ser dinámicas, esto es, cambian, crecen y obviamente no deben ser tratadas como un fenómeno estático y que sea homogéneo en todos los lugares urbanos y rurales donde se presentan.
Debido a esta naturaleza, es difícil encontrar datos confiables sobre el número de miembros de estas pandillas. Sin embargo, ya son más de 20 padillas que se mantienen activas en Puerto Tejada, por lo que las políticas y las recomendaciones acerca del tratamiento de este fenómeno social y su relación con la violencia y la seguridad pública tienen que estar basadas en el análisis profundo de la naturaleza del problema, un análisis no basado en mitos, anécdotas o especulaciones.
Esta preocupación mayoritaria en opinión en los distintos estamentos no da más espera y hay que actuar con prontitud. Es impostergable la tarea de estudiar las políticas y las respuestas desarrolladas por las distintas instancias gubernamentales y la sociedad civil.
Qué bueno sería que se elaborara una serie de recomendaciones para que los tomadores de decisión puedan implementar políticas integrales que vayan más allá de la confrontación y la mano dura, pues hay que pensar en el lado humano de la tragedia que hoy viven muchos hogares de Puerto Tejada, porque el hecho que uno o varios hijos se volvieron “calaveras”, no quieren estudiar, sino vivir de lo fácil.
Las políticas de mano dura también en Puerto Tejada han fracasado y la problemática se desbordó hacia alcances insospechables, además porque esta salida es característica de estados y gobiernos débiles y vulnerables que no tienen la capacidad de desarrollar y emplear herramientas de contención, tales como políticas judiciales preventivas y programas de prevención económica y social.
Por ello desde PROCLAMA, queremos destacar toda iniciativa o proyecto que a buen criterio se pueda desarrollar en esta población nortecaucana, capaz de evaluar programas de prevención y rehabilitación de la infancia y la adolescencia, involucrando el ambiente educativo y comunitario, los hogares y las autoridades.
