En el Cauca, ¡así no se puede!
Se ha venido demostrando que, en forma definitiva y urgente, la República de Colombia requiere reformas estructurales en asuntos culminantes que afectan la vida pública y privada de sus habitantes, adaptaciones del sistema económico (desde el agropecuario, minero, industrial, bancario, etc.), educativo, en la prestación de servicios de salud, en la justicia, que se lograrán sólo con decisiones políticas que garanticen el normal funcionamiento de la sociedad. Nadie puede prever qué pasará mañana si con seriedad, coherencia con el sector social más vulnerable, del que hacen parte casi todos los colombianos, y con responsabilidad, no se toman medidas inaplazables.
La gente ya no soporta más compromisos incumplidos, no aguanta más que el sistema atente cotidianamente contra la salud y la seguridad social del ciudadano común y corriente, no resiste que todos sus esfuerzos productivos sean un simple aporte más al enriquecimiento perverso de unos cuantos e inclusive de multinacionales indolentes haciendo uso de los TLC, en medio de la miseria de las mayorías ciudadanas. La gente está desesperada y desesperanzada, y lo está demostrando en estos últimos paros y los que posiblemente tengan que realizarse muy pronto.
Ayer se apagó momentáneamente el incendio cafetero, pero quedó en llamas el resto del sector agropecuario, y todavía arde el minero. Los educadores se preparan para protestar otra vez, los transportadores siguen quejándose, sin que les paren bolas, por los precios de combustibles, los estudiantes se preparan, mientras la indigencia sigue golpeando al trabajador informal y a sus familias.
Y frente a este escenario, una burocracia oficial, que maneja los recursos públicos, sorda y ciega, para la cual el problema no es de ellos, sino de los que están en la calle. Los dirigentes políticos ningún aporte han hecho. Nadie ha dicho esta boca es mía, no tienen ni idea de cómo sacar a todo un pueblo de donde lo metieron.
Lo que Colombia padece no son asuntos de coyuntura, de este paro agrario, de agricultores o mineros, de lecheros o paperos, de educadores o estudiantes, de cafeteros o transportadores… No, Colombia padece de un sistema económico montado para mantener la sociedad polarizada entre unos cuantos ricos con más del 80% de los recursos y la miseria distribuida en las mayorías ciudadanas sometidas al abuso cotidiano. Infortunadamente, cambiar esta situación no está en manos de quienes la disfrutan y propician y mucho menos de una burocracia inútil que a duras penas hace lo que puede para sobrevivir nadando en la corrupción que la caracteriza y prorrateando un asistencialismo que paraliza.
A pesar de todo, no es posible que se acepte como natural que la protesta social, que no debería ser violenta, se trasforme en agresión, destrucción, atraco, en atentado. Se necesita entonces, una gerencia gubernamental que cambie las condiciones de inequidad, que minimice la consternación y la angustia; y se puede lograr si hay voluntad política y gente con capacidad y sensibilidad social que trabaje por una Colombia distinta a la que hoy resistimos.
Y en el Cauca, en vez de estar enfrascados en una discriminación idiota entre patojos y provincianos, raizales o foráneos, la gran pendejada que nos garantizó llegar al siglo XXI con mentalidad arcaica, deberíamos estar discutiendo fórmulas que garanticen calidad de vida, aplicadas sin exclusión por dirigentes pulcros y defensores de los derechos humanos. Y ayer mismo, en esta coyuntura tan difícil, lo mínimo habría sido que la bancada de congresistas caucanos también hubiera exigido, como lo hizo la de Boyacá, atención oportuna y que fuera directamente el Presidente de la República quien se solidarizara, priorizara y escuchara a los campesinos del Cauca. Pero estamos pensando en otra cosa, y así no se puede.
