Se desataron: el terror como instrumento electoral
Imagen de referencia: https://chatgpt.com/
Los atentados en el Valle del Cauca y el Cauca responden a una lógica deliberada:
fabricar miedo, erosionar la confianza institucional y reorientar el voto en temporada preelectoral.
Por Alfonso Luna Geller / La historia política contemporánea ha documentado con suficiencia que los atentados terroristas en períodos electorales responden, con frecuencia, a una arquitectura deliberada. España lo vivió en marzo de 2004, cuando los atentados del 11-M alteraron el resultado de las elecciones generales tres días después. Colombia lo ha experimentado en múltiples ciclos: el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989, los carrobombas de la campaña de 1990 y las amenazas sistemáticas contra candidatos en regiones de conflicto son parte de un registro que el país no puede ignorar.
Desde esa perspectiva histórica, los atentados registrados en días recientes en el Valle del Cauca y el Cauca merecen una lectura que vaya más allá del hecho puntual y que interrogue su contexto, su oportunidad y sus posibles beneficiarios.
Los registros históricos demuestran que esta clase de actos opera sobre tres variables: la participación ciudadana, que se contrae ante el miedo; el comportamiento del votante, que se desplaza hacia candidatos de mano dura; y la imagen del gobierno en ejercicio, que queda asociada al caos.
Es que la explosión física actúa como mensaje político: llega a más destinatarios que cualquier declaración pública y produce efectos que ninguna campaña puede comprar. El miedo moviliza, pero también paraliza; y en democracia, la parálisis ciudadana siempre beneficia a alguien.
Conviene preguntar quiénes ganan con la percepción de inseguridad instalada en la opinión pública. Quiénes necesitan proyectar la imagen de un gobierno incapaz de garantizar el orden. Quiénes construyen su capital electoral sobre la promesa de seguridad democrática, mano firme y control territorial. Las respuestas a esas preguntas orientan cualquier investigación seria sobre responsabilidades.
La adjudicación inmediata de los hechos a actores armados clandestinos —antes de que exista evidencia comprobada— forma parte del mismo ciclo. Algunos medios y algunas autoridades señalan autores (por ejemplo, a Iván Mordisco, comandante de las disidencias de las FARC) con una celeridad que contrasta con la opacidad habitual de los procesos administrativos o penales. Ese reflejo acelera la narrativa del caos y clausura otras líneas de análisis que merecen permanecer abiertas.
Tener en cuenta que el atentado produce su efecto político más potente cuando la primera lectura pública recae sobre el Ejecutivo. La ciudadanía exige respuestas inmediatas. La oposición encuentra en cada explosión un argumento contra la política de paz y un argumento a favor del endurecimiento. El ciclo se cierra cuando quien capitaliza la inseguridad acumula intención de voto.
Los hechos del Cauca y el Valle del Cauca encajan en ese esquema. Las comunidades afectadas pagan el precio real: muertos, desplazamiento, destrucción de infraestructura, retroceso en condiciones de vida que ya eran precarias. Para los operadores del terror, esas comunidades son el escenario, nunca la razón.
La democracia colombiana enfrenta una presión estructural en este ciclo electoral. El miedo reduce participación, agudiza polarización y debilita la confianza en las instituciones. El ciudadano que va a las urnas bajo amenaza vota de manera distinta al que vota en condiciones de normalidad. Esa distorsión es, precisamente, el objetivo.
Proclama del Pacífico exige de las autoridades competentes investigaciones rigurosas, con evidencia verificable y con independencia frente a las presiones del ciclo mediático. Exige también que los partidos políticos y los candidatos rechacen cualquier beneficio derivado del terror, sea cual sea su origen. Una elección ganada sobre el miedo no tiene legitimidad democrática.
El Pacífico y el Cauca han soportado décadas de violencia política. Sus comunidades conocen el peso de vivir entre fuegos cruzados y discursos que las usan como argumento sin protegerlas como sujetos de derechos. Merecen un Estado que investigue con seriedad, que proteja sin instrumentalizar y que llegue a las urnas del 31 de mayo garantizando condiciones reales de libertad para votar.
Otras publicaciones de Alfonso Luna Geller en Proclama del Pacífico:
