El proyecto vial El Estanquillo–Popayán, adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), contempla una inversión estimada de $8,83 billones y obras que buscan mejorar la movilidad entre Cauca y Nariño. Durante una jornada de socialización en Popayán, representantes del concesionario explicaron los mecanismos de financiación, las intervenciones previstas y los beneficios proyectados para cerca de un millón de habitantes del suroccidente colombiano.
El éxito en la vida consiste en seguir siempre adelante». La frase que acompaña esta crónica encuentra una relación directa con una de las necesidades del sur del Cauca: contar con una carretera que responda a las exigencias del transporte, facilite la comunicación entre municipios y reduzca las dificultades de desplazamiento hacia el interior del país.
En el auditorio de la Asociación Caucana de Ingenieros, ante una concurrida asistencia, se realizó una jornada de socialización del proyecto vial El Estanquillo–Popayán. La presentación estuvo a cargo de la ingeniera Claudia Castillo, identificada por el autor como directora general y representante legal de ERG Vías Ciudad Blanca, empresa vinculada a la ejecución de la concesión.
Durante el encuentro se explicaron los alcances de una intervención que comprende la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión ambiental, predial y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor. El proyecto busca atender una necesidad de conectividad que compromete directamente al Cauca y tiene repercusiones sobre el tránsito hacia el sur de Colombia.
Una inversión de $8,83 billones
Uno de los asuntos centrales de la exposición fue la financiación. De acuerdo con la información presentada, el valor del contrato asciende a $8,83 billones, expresados en pesos del mes de referencia establecido contractualmente.
Durante la etapa preoperativa, específicamente en la fase de construcción, el concesionario deberá financiar las obras mediante aportes de capital de sus accionistas, conocidos como giros de equity, y recursos provenientes de préstamos.
Una vez terminadas las unidades funcionales, la ANI reconocerá al concesionario la retribución correspondiente por cada una de ellas, conforme a las condiciones contractuales.
Las fuentes de financiación señaladas fueron las vigencias futuras, correspondientes a aportes de la ANI, y el recaudo de peajes. Según lo expuesto, el contrato no fija un porcentaje de distribución entre ambas fuentes, por lo que cualquier proporción mencionada debe entenderse como una referencia del área financiera.
Las vigencias futuras están previstas entre el 31 de diciembre de 2029 y el 30 de junio de 2051. Cerca del 49,85 % de estos recursos estaría denominado en dólares, mientras que el porcentaje restante se expresaría en pesos, con ajustes según el índice de precios al consumidor (IPC).
Este esquema plantea un asunto de interés público: la necesidad de conocer cuánto comprometerá el Estado durante los próximos años, cuáles serán las obligaciones del concesionario y cómo se supervisará el cumplimiento de cada etapa.
La participación empresarial en la concesión
El proyecto fue adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura a la Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca.
En el documento suministrado se presenta una composición accionaria distribuida entre Sardona (Switzerland) AG, con el 72,22 %; ERG Compañía de Infraestructuras y Desarrollos S. A. S., con el 25 %; y MIA Grupo Empresarial S. A. S., con el 2,78 %.
Esta información requiere una precisión documental. Los registros oficiales de adjudicación del 5 de marzo de 2026 identifican como integrantes de la estructura plural a ERG Compañía de Infraestructuras y Desarrollos S. A. S., con el 90 %, y MIA Grupo Empresarial S. A. S., con el 10 %. Debe establecerse si los porcentajes expuestos durante la socialización corresponden a una estructura societaria posterior o a otra distribución de participación.
La diferencia no es menor. Para el seguimiento ciudadano resulta necesario distinguir entre los integrantes de la estructura plural adjudicataria, los accionistas del concesionario y las empresas que eventualmente participen en la financiación o ejecución de las obras.
Predios, comunidades y compromisos ambientales
La ingeniera Claudia Castillo también explicó que el proyecto contempla recursos destinados a la adquisición de predios, compensaciones socioambientales, traslado o intervención de redes, obras sociales y mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC).
Estos recursos deberán ser aportados por el concesionario a subcuentas específicas del patrimonio autónomo, de acuerdo con los montos y fechas establecidos contractualmente.
La gestión predial y el relacionamiento con las comunidades serán asuntos que merecerán especial seguimiento durante la ejecución. La construcción de una nueva infraestructura exige atender las obligaciones adquiridas con los propietarios y las comunidades ubicadas dentro del área de intervención.
En la presentación también se anunciaron obras de responsabilidad social y la intervención de 36,5 kilómetros de vías terciarias que conectan comunidades rurales del Cauca.
Para estos territorios, las mejoras de las vías locales pueden tener efectos directos sobre el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios y los desplazamientos cotidianos. Su alcance dependerá de los tramos efectivamente intervenidos y de las condiciones en que sean entregados.
Cerca de un millón de personas beneficiadas
Las proyecciones presentadas durante el encuentro indican que el corredor beneficiaría directamente a 522.071 habitantes de los municipios comprendidos en el área de intervención y tendría un impacto regional sobre cerca de un millón de personas de Cauca y Nariño.
También se estima una reducción promedio del 33 % en los tiempos de desplazamiento, junto con menores costos de operación y mantenimiento para los vehículos que circulen por la carretera.
El proyecto busca mejorar la conexión del Cauca con Nariño, Valle del Cauca, Huila y Putumayo, además de facilitar la comunicación terrestre del suroccidente colombiano con Ecuador.
Las intervenciones anunciadas comprenden construcción de doble calzada, túneles, puentes e intersecciones, mejoramiento geométrico de la carretera, atención de puntos críticos e instalación de sistemas de seguridad vial.
En materia ambiental, se proyecta una reducción de emisiones contaminantes asociada a una mayor fluidez del tránsito. Este beneficio deberá evaluarse a partir de los estudios y las condiciones reales de operación.
La expectativa laboral y sus cifras
Otro de los aspectos abordados fue la generación de empleo. Según el documento presentado por el autor, la ANI y el Ministerio de Transporte comunicaron una estimación superior a 180.000 empleos vinculados al proyecto, incluidos programas sociales y ambientales, obras comunitarias y otras actividades relacionadas.
La cifra requiere precisar si corresponde a empleos directos, indirectos, inducidos o a una suma de distintas modalidades durante toda la concesión. También será necesario determinar cuántas oportunidades laborales estarán disponibles para habitantes del Cauca y bajo qué mecanismos se realizará la contratación.
La expectativa de empleo tiene un componente político y social. Las administraciones territoriales, las organizaciones comunitarias y los representantes del departamento tendrán motivos para solicitar información periódica sobre las oportunidades laborales y el cumplimiento de los compromisos anunciados.
Una carretera con servicios durante las 24 horas
La presentación también incluyó los servicios previstos para la atención de los usuarios.
Claudia Castillo informó que el corredor dispondrá de ambulancias las 24 horas, grúas para atender vehículos y carros taller para prestar asistencia mecánica.
Estos servicios forman parte de las condiciones de operación de la concesión. El concesionario ERG Vías Ciudad Blanca ya los relaciona en su sitio institucional como servicios gratuitos de asistencia vial, sin costo adicional al peaje.
Para quienes utilizan la carretera Panamericana, la atención de emergencias, la asistencia ante fallas mecánicas y la disponibilidad de equipos de apoyo constituyen aspectos esenciales de la seguridad durante el recorrido.
Del anuncio a la ejecución de las obras
La socialización realizada en la Asociación Caucana de Ingenieros permitió conocer detalles financieros, técnicos y sociales de una intervención que comprometerá recursos públicos durante varias décadas.
También deja planteadas preguntas que deberán acompañar su ejecución. ¿Cuándo comenzará la construcción de cada tramo? ¿Cómo se garantizará la atención de las comunidades afectadas? ¿Qué mecanismos permitirán conocer los avances físicos y financieros? ¿Cuáles serán las obligaciones concretas de las autoridades locales y nacionales?
En el terreno político, una inversión de esta magnitud inevitablemente estará presente en el debate sobre infraestructura y desarrollo regional. Sin embargo, la adjudicación de la concesión no equivale a la entrega de una carretera terminada. Las responsabilidades deberán examinarse según las decisiones adoptadas por cada entidad y los resultados comprobables durante la ejecución.
La obra representa una oportunidad para mejorar una conexión terrestre de la que dependen habitantes, transportadores, comerciantes y productores del suroccidente. Su verdadero alcance podrá medirse cuando los compromisos financieros se traduzcan en kilómetros construidos, intervenciones terminadas y servicios efectivos para los usuarios.
La jornada concluyó con la exposición de los beneficios esperados. Queda ahora una tarea que corresponde al concesionario, las entidades de control y las autoridades responsables: hacer públicos los avances y responder oportunamente por el cumplimiento del contrato.
Otras publicaciones de Jesús Alberto Aguilar Guerrero en Proclama del Pacífico:
