El transporte urbano de Popayán enfrenta cuestionamientos por el estado de las busetas, el incumplimiento de rutas, la competencia entre transportadores y la congestión de sus calles. Mientras los ciudadanos esperan la puesta en funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público, Movilidad Futura, aumentan las críticas a la Secretaría de Tránsito y a la falta de soluciones para quienes dependen diariamente del servicio colectivo.
Popayán se ha convertido en un laberinto para quienes necesitan movilizarse en transporte público. Las busetas se detienen en lugares no autorizados, algunos conductores incumplen los recorridos asignados y persiste la llamada guerra del centavo, una competencia por recoger pasajeros que termina afectando la seguridad y la calidad del servicio. A esto se suman las quejas por los horarios de salida, el deterioro de los vehículos y las condiciones de aseo. Hay automotores con ventanas dañadas, asientos sucios y superficies mojadas que hacen incómodo un recorrido que debería ser cotidiano y seguro.
La situación plantea una pregunta que las empresas transportadoras y las autoridades municipales deben responder. ¿Dónde están los organismos de control y los inspectores encargados de verificar las condiciones del servicio? Los usuarios siguen esperando que las inversiones y los anuncios sobre Movilidad Futura se traduzcan en mejoras. La capital caucana necesita un sistema con rutas definidas, horarios confiables, paraderos adecuados y vehículos en condiciones de operación. Entretanto, la experiencia de los pasajeros continúa marcada por las demoras, la incertidumbre y la ausencia de controles suficientes.
Para entender el problema basta con observar el recorrido entre La Esmeralda y el centro de Popayán. Un trayecto que, según la experiencia descrita por los usuarios, puede hacerse caminando en 15 minutos llega a tomar hasta 50 minutos en buseta. El pasajero pierde tiempo, puede llegar tarde a sus compromisos y, en ocasiones, debe soportar las incomodidades de un vehículo con ventanas deterioradas. Es una comparación que requiere mediciones técnicas, pero permite comprender por qué el malestar ciudadano no se limita a los trancones.
Cuatro empresas y una competencia que afecta al usuario
En Popayán operan cuatro empresas formales de transporte público colectivo: Translibertad, Transtambo, Sotracauca y Transpubenza. Su participación en el sistema está documentada por la Alcaldía y Movilidad Futura. Según las cifras recogidas en esta crónica, entre las cuatro contarían con aproximadamente 450 busetas. A ellas se sumaría una oferta informal estimada en 5.000 mototaxis, además de miles de vehículos particulares vinculados a plataformas digitales, taxis tradicionales y automóviles que circulan o se estacionan sin respetar las restricciones. Estas cantidades requieren actualización y confirmación oficial.
La competencia ocurre en las calles y termina involucrando a todos. El conductor de buseta necesita recoger pasajeros para completar sus ingresos; el mototaxista busca clientes y los taxistas compiten con otras alternativas de transporte. En ese escenario aparecen maniobras peligrosas, adelantamientos, vehículos detenidos en mitad de la calzada y motocicletas que circulan por espacios reducidos. El peatón tampoco encuentra condiciones favorables. En algunos cruces, según las quejas recogidas, dispone de apenas 10 segundos para atravesar la vía, mientras los automotores cuentan con un minuto de circulación. También se denuncian motociclistas sin casco, sin placa y a velocidades cercanas a 80 kilómetros por hora.
Movilidad Futura y las obras que siguen esperando los ciudadanos
El Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), administrado por Movilidad Futura, fue concebido para reorganizar las rutas, mejorar la infraestructura y modernizar la operación del servicio. Sin embargo, su implementación ha enfrentado retrasos. En un debate de control político realizado en 2026, el Concejo de Popayán cuestionó la falta de resultados y advirtió sobre el envejecimiento de la flota. También señaló la necesidad de resolver la financiación mediante el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y la instalación de tecnología en los vehículos.
Mientras tanto, las estaciones y obras asociadas al proyecto siguen despertando cuestionamientos. La crónica recoge denuncias sobre infraestructura que habría costado miles de millones de pesos y que actualmente estaría sin uso, con maleza y acumulación de residuos. Estas condiciones deben verificarse en cada instalación antes de establecer responsabilidades. El problema financiero tampoco puede ignorarse. Los pequeños propietarios y las empresas transportadoras enfrentan dificultades para renovar automotores y mantener frecuencias. El deterioro de la flota, la reducción de recorridos y la suspensión de algunas rutas afectan especialmente a los sectores con menos alternativas de movilidad.
Huecos, semáforos y una malla vial deteriorada
La congestión también está relacionada con el estado de las calles. Según las cifras mencionadas en esta crónica, Popayán tendría aproximadamente 570 kilómetros de vías, de los cuales cerca de 100 kilómetros presentarían deterioro. Son datos que necesitan respaldo del inventario vial municipal. Los habitantes denuncian huecos en la calle 17 y daños en sectores como el barrio Modelo, El Cadillal, Santa Inés, Valle del Ortigal y Campamento. Para los motociclistas, esquivar un hueco puede convertirse en una maniobra peligrosa, especialmente cuando deben compartir la calzada con buses, taxis y automóviles particulares.
A las deficiencias de la malla vial se suman semáforos dañados o vandalizados, falta de parqueaderos y comportamientos que afectan la circulación. También existen cuestionamientos por la instalación y operación de sistemas de fotodetección, conocidos como fotomultas, mientras persisten problemas de infraestructura. La Secretaría de Tránsito es señalada por concentrar sus esfuerzos en los comparendos, sin que los ciudadanos perciban una mejora equivalente en la organización del tráfico. Incluso se describe la presencia de habitantes de calle que solicitan monedas mientras intentan regular el paso de vehículos en determinados cruces.
Las responsabilidades de la Alcaldía y el Concejo
La situación exige examinar las responsabilidades de la Alcaldía de Popayán, la Secretaría de Tránsito y Transporte, Movilidad Futura y las empresas operadoras. Las denuncias abarcan el envejecimiento y reducción de la flota, las dificultades financieras, la informalidad, la competencia entre plataformas digitales y taxis, los incumplimientos de rutas, las demoras, el exceso de velocidad y las quejas por el trato de algunos conductores. También se mencionan alteraciones del orden público en zonas rurales y alrededores del municipio que habrían obligado a modificar temporalmente algunos recorridos.
En este escenario, el Concejo de Popayán tiene una responsabilidad de control político. Debe solicitar información verificable sobre la operación de las cuatro empresas, el estado de los vehículos, las rutas suspendidas, las frecuencias, los recursos invertidos y el funcionamiento del SETP. La Alcaldía anunció en agosto de 2026 una nueva fase de implementación tecnológica y, en octubre, informó sobre inspecciones a cerca de 100 vehículos de Translibertad y Transtambo. Estas actuaciones deben evaluarse frente a los problemas que siguen denunciando los usuarios.
El costo del desorden lo pagan los pasajeros
El problema tiene consecuencias distintas según las condiciones económicas de cada habitante. Quien dispone de vehículo particular cuenta con alternativas para desplazarse; quien depende de una buseta debe ajustarse a las rutas, horarios y condiciones disponibles. La congestión registrada durante la celebración de Halloween aparece en esta crónica como otro ejemplo del deterioro de la movilidad. Sin embargo, la situación requiere un análisis que identifique los puntos críticos, los horarios de mayor demanda y las medidas de regulación aplicadas durante esa jornada.
Popayán necesita respuestas sobre el transporte colectivo, el control del mototaxismo, la operación de vehículos por aplicaciones, la recuperación de la malla vial y los plazos de Movilidad Futura. La solución no puede limitarse a expedir decretos o imponer comparendos. Debe incluir vigilancia efectiva, compromisos verificables y una programación de inversiones que responda a las necesidades de los pasajeros. Mientras las autoridades y los transportadores no resuelvan estas dificultades, llegar a tiempo seguirá siendo una preocupación diaria para quienes recorren la ciudad.
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