El relato de odio de la derecha: cuando la palabra mata
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María Ovidia y James no son cifras. Eran dos personas que amaban, que
creían en la paz. Los mataron por eso. Y mientras el relato del odio siga circulando
impune, todos estamos en riesgo.
Duele confirmar, una vez más, que en Colombia la palabra se ha convertido en un arma de exterminio. A pesar de que la historia republicana de Colombia se ha construido a partir de arengas incendiarias y violencias atroces, durante los meses recientes, desde que Abelardo De La Espriella se lanzó a la presidencia, hemos atestiguado cómo esa violencia política de mediados del siglo XX parece repetirse. Es indignante, pero, sobre todo, aterrador escuchar a congresistas, concejales y periodistas de la derecha repetir un relato perverso, según el cual la izquierda, los líderes sociales, los campesinos, los indígenas, las feministas y los ambientalistas son aliados de las disidencias de las FARC y del ELN.
Este relato, esta narrativa de terror, fue construida y publicada sin pruebas. Los medios corporativos la repiten sin pudor para convertirla en verdad mediática, con ayuda de la estrategia Cerimedo, a través de sus bodegas de carne y hueso y de sus bots. Lo grave de esta mal llamada “Batalla Cultural” es que, en los territorios donde ese candidato perdió, como el Cauca, ese relato ya está cobrando vidas.
En política y, sobre todo, en aquella en la que está vinculada la ultraderecha, no hay coincidencias; existen causalidades y consecuencias. Los hechos recientes nos brindan una evidencia dolorosa: el asesinato de James Flor y María Ovidia Palechor, integrantes del Polo Democrático Alternativo y del Pacto Histórico, en la vereda Las Casitas, municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca. Estos compañeros de vida y de lucha, reconocidos por su trabajo incansable junto a las comunidades, fueron asesinados por ser lo que eran: gente digna que no se arrodilló ante el poder.
Este triste e indignante acontecimiento no es un hecho aislado; pareciera ser la confirmación, por manos de oscuros terceros, de una amenaza lanzada en campaña por el entonces candidato De La Espriella, quien sentenció que “destriparía a la izquierda” y que hoy, desde el gobierno, sus aliados y funcionarios parecen interesados en promover, mediante discursos de fanatismo religioso, intolerancia y odio contra toda persona que no se allane al autoritarismo de quien fue impuesto como presidente de Colombia.
Quizás lo que más me indigna es que este nuevo intento de exterminio de la izquierda y del activismo social no ocurre en el vacío. Por el contrario, está pasando a diario y con una detestable naturalización de la violencia, porque, desde los micrófonos, los curules y las redes sociales, la derecha colombiana ha construido un enemigo interno a la medida; esto es, una izquierda y unos liderazgos sociales que, por obra y gracia de los discursos mentirosos, cargados de odio de la derecha, ahora son percibidos por el ciudadano despistado y manipulado como “brazos políticos de la guerrilla”.
Este relato, publicado a diario y amplificado por la prensa tradicional, es repetido y socializado por concejales del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, cuando hablan del “voto fusil”, dejando en la opinión pública desinformada la sensación de que la gente que vive en zonas donde hay grupos armados no tiene la capacidad de elegir, como si su voto fuera automáticamente comprado o coaccionado por la insurgencia. Es una infamia que desconoce la autonomía de comunidades enteras y las convierte en sospechosas permanentes.
Respetuosamente, invito al respetado lector o lectora a traer a su memoria las declaraciones de algunos congresistas uribistas tras las elecciones en las que De La Espriella perdió en varios territorios, cuando dijeron que en esas zonas “solo hubo votos por Cepeda” y que eso era evidencia de presión armada. Resulta inaceptable que muchos colombianos lo hayan tomado como cierto, aun cuando estos políticos lo hayan dicho sin una sola prueba, como quien lanza una piedra y esconde la mano. Sin embargo, lo grave es que esa narrativa no se quedó en el debate político; se tradujo en señalamientos concretos contra líderes y lideresas, en amenazas anónimas, en panfletos, en atentados, en asesinatos.
El Cauca es uno de esos territorios estigmatizados. Allí, la derecha perdió y la izquierda ganó con el voto popular. Allí, organizaciones campesinas, indígenas y sociales llevan años construyendo paz desde abajo, resistiendo a los actores armados, exigiendo justicia y defendiendo la vida. Y allí James Flor y María Ovidia Palechor fueron asesinados. Este crimen, al igual que otros acontecidos en medio de la reciente contienda electoral y los primeros días del espurio gobierno de De La Espriella, no debe ser considerado como una desafortunada coincidencia; debe ser puesto en un contexto en el que es el resultado de un plan de exterminio de la oposición al actual gobierno, cuyos autores intelectuales probablemente estén relacionados, así sea de manera indirecta (¿?), con los actuales huéspedes de la Casa de Nariño y/o con quienes escriben los libretos emitidos en los micrófonos de la gran prensa.
No se pueden dejar de recordar las acciones directas de Andrés Escobar, concejal de Cali del Centro Democrático, señalado de disparar a manifestantes durante el estallido social y que luego fue elegido con el respaldo del uribismo. Ese personaje, que hoy ocupa una curul, es del mismo corte violento de aquel otro concejal de Medellín que ha pedido bombardear zonas del país donde se votó por Iván Cepeda. Sí, a pesar de la entendible incredulidad del lector o lectora, lo dijo sin pudor: bombardear. Lo malo es que no pasó nada. Hasta ahora no ha sido judicializado, nadie lo condenó, nadie lo obligó a retractarse de verdad. Al contrario, su discurso de odio se volvió parte del paisaje político. ¿Qué mensaje se envía a los grupos neoparamilitares y del narcotráfico que operan en la periferia? Que los liderazgos sociales son objetivos militares legítimos. Que matar a un líder de izquierda es hacer patria.
El asesinato de James y María Ovidia, al igual que todos aquellos otros que no han llegado a la opinión pública, merece, por parte de la Fiscalía, investigaciones prontas y efectivas. Asimismo, exige de la sociedad colombiana la obligación de no normalizar la violencia y, de la comunidad internacional, una contundente condena al exterminio sistemático de líderes y a la falta de garantías para la actual oposición del Gobierno de De La Espriella. Pero, en este punto, quiero ir más allá, señalando que la responsabilidad no es solo de los sicarios que apretaron el gatillo, sino de quienes construyeron el relato que los convirtió en enemigos.
La sangre de Ovidia, de James, de todo el liderazgo social y comunitario asesinado, está manchando las manos de los congresistas que hablaron de “voto fusil”, de los concejales que pidieron bombardear, del presidente que prometió “destripar” a la izquierda. También está manchando los micrófonos y los teclados de la prensa corporativa que ayuda a crear, difundir y amplificar estos discursos, como parte de una cadena de odio que no es abstracta, sino que termina en una vereda, en una casa, en dos cuerpos tirados en la tierra.
Finalmente, estimada lectora o lector, un respetuoso llamado: no normalicemos la violencia. No sigamos creyendo en el cuento de que “algo habrán hecho”. Tenemos que avanzar en la denuncia, de modo que cada amenaza, cada panfleto, cada atentado, cada asesinato sea registrado, visibilizado, condenado. Porque el silencio también mata. James y María Ovidia no son cifras. Eran dos personas que amaban, que trabajaban, que creían en la paz. Los mataron por eso. Y mientras no haya justicia, mientras el relato del odio siga circulando impune, todos estamos en riesgo.
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