Qué hacer con miles de toneladas de residuos que dejó el terremoto
Cuando la tierra deja de moverse, comienza otra emergencia.
Durante las primeras horas posteriores a un terremoto, todas las miradas se concentran, como debe ser, en encontrar sobrevivientes, rescatar personas atrapadas, atender heridos, buscar desaparecidos y garantizar techo y alimentación a quienes lo perdieron todo.
Pero después de esa carrera contra el tiempo queda un problema gigantesco, silencioso y mucho menos visible: qué hacer con las montañas de concreto, ladrillos, acero, vidrios, cubiertas y demás materiales que dejaron las construcciones colapsadas o que tendrán que ser demolidas.
Ese es el asunto que Proclama del Pacífico puso sobre la mesa en una conversación de cerca de 50 minutos con Mónica Villaquirán Caicedo, ingeniera de materiales, profesora y directora del Programa de Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle e investigadora asociada de Minciencias.
Su trabajo académico se ha concentrado, entre otros campos, en materiales de construcción, valorización de residuos industriales y agroindustriales y desarrollo de materiales cementantes alternativos de menor impacto ambiental.
La pregunta parece sencilla, pero detrás de ella existe un desafío ambiental, logístico, económico y técnico de enormes proporciones: ¿qué hará el occidente colombiano con las miles de toneladas de escombros que dejó el terremoto del 10 de agosto?
La primera precisión de Villaquirán Caicedo cambia incluso la manera de nombrar el problema. Técnicamente ya no se habla simplemente de “escombros”. La normativa colombiana los denomina residuos de construcción y demolición, RCD. Allí se agrupan concretos, morteros, materiales de revoque, panel yeso, mampostería, ladrillos, baldosas, pavimentos asfálticos, metales y muchos otros componentes provenientes de obras y demoliciones.
La diferencia no es solo semántica. Llamarlos residuos de construcción y demolición supone reconocer que una parte importante de esos materiales puede dejar de ser basura y convertirse nuevamente en materia prima.
Lo que quedó destruido puede volver a servir
La ingeniera explicó que desde hace varias décadas países de Europa y Asia reutilizan materiales provenientes de demoliciones. En Colombia, la Resolución 0472 de 2017 y su actualización posterior establecieron lineamientos para la gestión y aprovechamiento de estos residuos bajo determinadas condiciones técnicas. Con procesos adecuados de separación, trituración, clasificación y control de calidad, algunos RCD pueden convertirse nuevamente en agregados, ladrillos, morteros, concretos y otros productos para la construcción.
Ese potencial adquiere otra dimensión después de una tragedia como la del 10 de agosto.
Cali ofrece una primera medida de lo que significa el problema. Según las cifras mencionadas durante la entrevista, al 22 de agosto ya se reportaban alrededor de 39.600 toneladas de residuos producidos por el terremoto, un volumen equivalente a cerca de quince veces lo que la ciudad genera normalmente en un día. La magnitud obligó a habilitar un sitio adicional para recibir temporalmente estos materiales en el lote de la calle Quinta donde anteriormente funcionó la rueda panorámica.
Y esa cantidad todavía no representa necesariamente el volumen definitivo.
Numerosos edificios continúan en procesos de inspección. Algunas construcciones presentan daños parciales y otras podrían requerir demolición, lo que significa que durante las próximas semanas y meses seguirán apareciendo nuevas toneladas de residuos.
La emergencia, por tanto, no termina cuando se retira el último sobreviviente de una estructura colapsada.
Antes de demoler hay que saber qué se dañó
Uno de los mensajes más importantes de la conversación está dirigido directamente a los damnificados: una persona no debe decidir por sí misma si una vivienda aparentemente afectada puede repararse o debe demolerse.
Los daños más peligrosos no siempre son los más visibles.
Una pared caída o un techo colapsado son señales evidentes, pero puede haber afectaciones estructurales que una persona sin formación especializada no está en capacidad de detectar.
Villaquirán Caicedo explicó que la evaluación debe realizarse por profesionales competentes, particularmente ingenieros civiles con conocimiento estructural y arquitectos dentro de sus competencias. El ciudadano debe reportar la vivienda o edificio ante la oficina municipal de gestión del riesgo para que se adelante la inspección correspondiente. Solo después de esa evaluación puede establecerse si deben repararse elementos específicos, sustituirse componentes o proceder a una demolición total.
En Cali, la magnitud de la emergencia superó incluso la capacidad institucional disponible. Fue necesario convocar voluntarios de universidades públicas y privadas: ingenieros civiles, arquitectos, profesores y estudiantes de últimos semestres. Para el momento referido en la entrevista se habían inspeccionado aproximadamente 1.400 edificaciones, mientras unas 370 presentaban daños estructurales que requerían estudios adicionales y eventualmente podían conducir a demolición.
El panorama puede ser todavía más complejo en municipios pequeños de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y otras zonas afectadas, donde las oficinas locales de gestión del riesgo no siempre cuentan permanentemente con profesionales especializados.
¿Quién debe recoger los residuos?
Una de las dudas más frecuentes entre las familias damnificadas es qué hacer con los restos de sus viviendas.
La recomendación es clara: no deben dispersarse, abandonarse ni entregarse sin control a cualquier persona.
Los RCD necesitan una recolección diferenciada. Los vehículos compactadores que recogen diariamente los residuos ordinarios de los hogares no están diseñados para transportar concreto, ladrillos, acero y materiales de demolición. Se requieren vehículos apropiados y una gestión específica por parte de las entidades responsables.
En teoría, los municipios deberían disponer dentro de sus planes de ordenamiento territorial de espacios destinados al manejo temporal de estos residuos. Sin embargo, la realidad está lejos de ese ideal.
Villaquirán Caicedo señaló que, según estudios realizados en Valle del Cauca, aproximadamente el 35 % de los municipios contaba con un espacio identificado para manejar RCD y tenía alguna cuantificación de los residuos generados.
La emergencia deja entonces al descubierto una debilidad que existía antes del terremoto: muchos municipios no estaban preparados para gestionar adecuadamente los residuos producidos incluso en circunstancias normales, mucho menos los volúmenes excepcionales generados por un desastre.
Cali ya producía un millón de metros cúbicos al año
El terremoto agravó un problema que no comenzó el 10 de agosto.
Antes del desastre, Cali generaba aproximadamente un millón de metros cúbicos de RCD al año. La ciudad venía estudiando alternativas para su aprovechamiento y había avanzado en un proyecto ubicado en el predio El Corbatín, en el sector de Navarro, donde se proyectaba destinar parte del terreno a la separación, transformación y valorización de estos materiales.
La iniciativa contemplaba comenzar a operar en 2027 con una capacidad aproximada de 200 toneladas diarias.
Pero el terremoto alteró todas las escalas.
Lo que estaba siendo pensado como una política progresiva de gestión ambiental ahora enfrenta, de manera anticipada, decenas de miles de toneladas acumuladas en pocos días.
Separar antes de reciclar
La posibilidad de convertir los residuos en nuevos materiales depende de algo aparentemente elemental: no mezclarlo todo.
Concreto, ladrillos, acero, plástico, madera y otros componentes deben ser clasificados.
Si una volqueta recibe indiscriminadamente todos los materiales provenientes de una demolición, buena parte de su potencial de aprovechamiento puede perderse o encarecerse considerablemente.
Villaquirán compara este proceso con el reciclaje doméstico. Así como los residuos del hogar deben separarse para facilitar su aprovechamiento, los RCD también requieren una clasificación desde los puntos de recepción y, cuando sea posible, desde el propio lugar donde se realiza la demolición.
Primero hay que separar. Después, cuantificar.
¿Cuántas toneladas de concreto existen? ¿Cuánto ladrillo? ¿Cuánto acero? ¿Cuánto material potencialmente reciclable?
Sin esa información resulta imposible diseñar plantas, calcular costos, proyectar nuevos productos o determinar qué cantidad puede reincorporarse al mercado.
Por eso, además de recoger los residuos, las administraciones municipales deben comenzar a medirlos y caracterizarlos.
Tirarlos a un río puede producir una segunda emergencia
Quizás uno de los escenarios más preocupantes es el destino informal de los escombros.
Después de una demolición, algunas personas pagan pequeñas cantidades para que alguien retire los residuos de su vivienda. El problema aparece cuando estos terminan en lotes, parques, orillas de carreteras, quebradas, ríos o canales de aguas lluvias.
Esos lugares se convierten en lo que técnicamente se conoce como puntos críticos.
Antes del terremoto, Cali ya tenía alrededor de 85 puntos críticos identificados.
La acumulación de residuos en canales y cauces puede obstruir el drenaje durante las temporadas de lluvia y contribuir a inundaciones. En zonas verdes puede afectar la vegetación y degradar progresivamente el espacio público.
Pero la cadena de consecuencias no termina en lo ambiental.
Un parque deteriorado pierde visitantes; las familias dejan de llevar a sus hijos; el espacio público comienza a abandonarse y pueden aparecer otras problemáticas sociales. Lo que comenzó como un pequeño botadero clandestino termina transformando negativamente el entorno comunitario.
Por eso la gestión de los residuos del terremoto no es solamente un problema de aseo.
Es también un asunto de prevención de inundaciones, recuperación urbana, seguridad, salud ambiental y convivencia.
De las ruinas podrían salir nuevas materias primas
Una planta de transformación de RCD funciona, en términos generales, separando, limpiando y triturando los materiales.
Los grandes fragmentos de concreto y mampostería pueden reducirse hasta producir gravas, gravillas y arenas recicladas. Sistemas magnéticos permiten retirar componentes metálicos y la clasificación manual ayuda a separar plásticos y otros elementos.
Bogotá y Medellín ya tienen empresas dedicadas a este tipo de aprovechamiento.
Su viabilidad económica depende, sin embargo, de las características de cada territorio.
En Bogotá, por ejemplo, los agregados naturales deben transportarse desde mayores distancias, lo que incrementa su precio y vuelve competitivas las gravas y arenas recicladas. En Cali ocurre algo distinto: la cercanía con fuentes naturales de arenas y gravas hace que esos materiales sean relativamente económicos, dificultando que el agregado reciclado pueda competir solamente por precio.
Por eso algunas empresas han buscado otras alternativas.
En lugar de comercializar únicamente arena o grava reciclada, transforman residuos de ladrillo y otros RCD en productos con mayor valor agregado, como morteros, estucos o microcementos.
Ahí aparece una posibilidad económica que trasciende la emergencia: convertir un problema ambiental en materia prima para nuevas industrias.
Una oportunidad para la economía circular
Durante décadas, la construcción ha seguido principalmente una lógica lineal: extraer materias primas, fabricar, construir, utilizar y desechar.
La economía circular propone romper ese esquema.
Los materiales deben poder regresar, en determinadas condiciones, a nuevos procesos productivos.
El terremoto podría convertirse, paradójicamente, en el impulso que necesitaba el sector de la construcción colombiano para acelerar ese cambio.
No significa utilizar indiscriminadamente todo lo que quedó destruido. Tampoco significa que cualquier persona pueda recoger concreto de una vivienda colapsada y reutilizarlo directamente.
La recuperación debe estar acompañada de clasificación, trituración, caracterización y controles técnicos que permitan determinar dónde puede utilizarse cada material y bajo qué condiciones.
La reconstrucción debe ser segura.
Pero seguridad y aprovechamiento no son conceptos incompatibles.
La academia también puede entrar en la reconstrucción
Uno de los planteamientos más relevantes de la entrevista fue la disposición de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle para acompañar técnicamente a municipios y entidades afectadas.
Villaquirán explicó que la universidad puede ofrecer capacitaciones, talleres, diplomados y asesoría para que las oficinas de gestión del riesgo, planeación y demás dependencias responsables conozcan cómo clasificar, procesar y utilizar técnicamente determinados materiales reciclados.
La academia puede orientar aspectos tan concretos como el tamaño que deben tener determinadas arenas o gravas recicladas, las proporciones de materiales que podrían emplearse en algunos productos y las condiciones técnicas necesarias para cumplir las normas correspondientes.
Esto resulta especialmente importante en municipios pequeños, donde difícilmente existe dentro de la planta administrativa un especialista permanente en ingeniería de materiales.
La reconstrucción podría convertirse entonces en un ejercicio de articulación entre alcaldías, universidades, empresas, autoridades ambientales y comunidades.
Ingeniería comunitaria: reconstruir con lo que dejó la tragedia
Quizás la imagen más poderosa de toda la conversación apareció hacia el final.
Mónica Villaquirán planteó la posibilidad de que algunos materiales recuperados de las edificaciones destruidas regresen, después de ser técnicamente procesados, a las mismas comunidades que padecieron el terremoto.
No necesariamente para levantar grandes estructuras.
Podrían convertirse, por ejemplo, en elementos para viviendas, espacios públicos, senderos o bancas de un parque.
Imaginar que una comunidad pueda decir algún día que las bancas de su nuevo parque fueron fabricadas con materiales recuperados de las viviendas destruidas por el terremoto de 2026 transforma completamente el significado de los escombros.
Ya no serían solamente restos de una tragedia.
Serían también materiales de reconstrucción.
Villaquirán denomina esa posibilidad ingeniería comunitaria: integrar conocimiento técnico, participación de las juntas de acción comunal y trabajo colectivo para que las comunidades también sean protagonistas de su propia recuperación.
Una emergencia que apenas empieza
El terremoto del 10 de agosto dejó una tarea que puede prolongarse durante años. Primero fue rescatar. Ahora corresponde evaluar.
Después habrá que demoler lo que no pueda salvarse, recoger los residuos, clasificarlos, transportarlos, procesarlos, reutilizar aquello que técnicamente pueda recuperarse y disponer correctamente lo que definitivamente deba desecharse.
Si ese proceso se improvisa, Colombia puede terminar agregando a la tragedia humana una segunda emergencia ambiental y logística.
Pero si se actúa con planificación, conocimiento científico, responsabilidad institucional y participación comunitaria, una parte de las ruinas podría convertirse en materia prima para reconstruir.
Esa es quizás la gran conclusión de esta conversación.
Después de un terremoto no todo lo que cae se convierte necesariamente en basura.
Una parte puede regresar. Puede convertirse en grava, arena, mortero, concreto, espacio público o nuevas obras. Puede incluso transformarse en una señal de recuperación.
Porque reconstruir no consiste solamente en retirar las ruinas. También significa decidir qué hacer con ellas.
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Imágenes de: https://www.cali.gov.co/
Vea la entrevista completa con la ingeniera Mónica Villaquirán Caicedo, directora del Programa de Ingeniería de Materiales de la Universidad del Valle, en el video que acompaña este reportaje:
