El esclavismo en el sector salud
La esclavitud moderna no solo tiene que ver con sueldos míseros y condiciones infrahumanas, se presenta en nuestra democracia imperfecta disfrazada de sociedad de consumo que obliga a las personas a trabajar en condiciones de explotación, donde la fuerza laboral se compra y vende en un sistema perversamente monetarista y de capitalismo salvaje.
La tercerización y la contratación por prestación de servicios desnaturaliza el contrato de trabajo, al generar nóminas paralelas agenciadas y auspiciadas por gobiernos neoliberales por imposición de la Junta Monetaria Internacional y el Banco Mundial, empeñados en reducir el tamaño del Estado en países tercermundistas con alta deuda externa.
Muchos profesionales del sector salud desesperados por el desempleo, aceptan trabajos en condiciones precarias con la modalidad de prestación de servicios, sin importarles su alta carga tributaria, el pago total de los aportes a la seguridad social, sin derecho a viáticos, y con el deber de adquirir insumos necesarios para la prestación de sus servicios, con mayor énfasis en quienes desempeñan trabajos de campo o extramural: enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos y odontólogos, ellos arriesgan a diario su vida en actividades peligrosas como usuarios del mototaxismo rural, por lo que tienen que cotizar directamente a las administradoras de riesgos laborales.
En su gran mayoría cumple horarios extensivos, sin derecho a recargos nocturnos, dominicales y festivos, sin vacaciones, primas ni cesantías y privados de todo incentivo en materia laboral, reciben órdenes de todo el mundo, están subordinados a todos los funcionarios de planta, olvidando que por su modalidad contractual de prestación de servicios, no tienen subordinación ni dependencia, como tampoco horarios fijos porque sólo les corresponde cumplir con independencia y autonomía el objeto del contrato.
Su contratación inestable se interrumpe para romper la solución de continuidad y mientras se ordena la prórroga se les chantajea forzándolos a trabajar gratis. Algunos abanderados de la infamia contratan a quienes ofrecen tajadas cuantiosas o favores sexuales y los nuevos esclavos guardan silencios, si denuncian no hay contrato.
Algunos profesionales son obligados a legalizar hechos cumplidos como consultorías o capacitaciones no ejecutadas, con el uso irregular de fundaciones, empresa de servicios temporales u organizaciones no gubernamentales, testaferros del clientelismos, la politiquería quienes actúan como agentes criminales, desviando recursos que terminan en manos de funcionarios corruptos o intermediarios inescrupulosos.
Previo informe de gestión, los honorarios se les demora entre tres y cuatro meses, debiendo soportar las mortificaciones de un interventor a quien tienen que hacerle hasta el informe para que viabilice el pago, además de pagar los costos de legalización del contrato sin recibir un solo peso y para colmo de males, al momento de liquidar el contrato se les descuenta el incumplimiento hasta por causas imputables al contratista. Muchos son víctimas de acoso físico, sexual, psicológico o verbal.
¿Podrá hablarse de paz en un país donde su fuerza productiva no tiene la protección del Estado y se ultraja, explota, esclaviza y discrimina en el ejercicio de sus derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social?
