El desafío a la autoridad armada en Colombia
El desafío a la autoridad armada en Colombia
El conflicto armado colombiano sigue dejando una dolorosa evidencia: militares, policías, dirigentes cívicos y defensores de derechos humanos son las principales víctimas. La impunidad con la que operan los grupos armados ilegales es una señal inequívoca de que algo grave sucede en la conducción de la seguridad del país.
La desproporcionada victimización de militares y policías, en comparación con las bajas sufridas por los cabecillas de las disidencias FARC, del ELN y del Clan del Golfo es una asimetría que evidencia la pérdida de iniciativa y control territorial y que urge ser reconocida y corregida.
Asimetría letal: El 78% de las bajas en combate son efectivos estatales (CERAC, abril 2024). Inteligencia fallida: El 60% de los ataques ocurren en corredores donde ya hubo alertas tempranas (OCHA). Ratio de bajas: Por cada guerrillero abatido, mueren 3.7 militares (fuente: CERAC con cifras de 2024). Brecha tecnológica: El 62% de las patrullas atacadas carecían de drones de vigilancia (informe interno de la Brigada 22).
Es más, esto exige un análisis profundo, desprovisto de eufemismos porque se patentiza una falencia en la inteligencia militar y policial. La iniciativa, por lo que padecemos, se ha trasladado al bando de la criminalidad, que demuestra capacidad de adaptación y sofisticación en sus tácticas.
Voladuras de estaciones de policía, asesinatos selectivos mediante francotiradores, uso de drones armados, emboscadas, desplazamiento forzado de comunidades, reclutamiento de menores, secuestro de militares, asonadas, secuestros, extorsiones, plan pistola, control territorial para el narcotráfico ilimitado, describen una estrategia deliberada de los grupos armados para desafiar la autoridad del Estado y evidenciar la vulnerabilidad de las fuerzas del orden.
A lo anterior se suma la difícil situación que enfrentan los dirigentes cívicos y defensores de derechos humanos, quienes también son víctimas de esta violencia.
Entonces, resulta insuficiente apelar a los sistemáticos comunicados oficiales que lamentan la situación, porque no sirven para contener la indignación.
Se requiere una reflexión profunda sobre las causas de esta situación y una redefinición de la estrategia de las Fuerzas Militares y de Policía.
No se trata de ceder ante la presión de los grupos armados, sino de recuperar la moral combativa de la tropa, fortalecer su entrenamiento y equipamiento, y adaptarlos a las nuevas dinámicas del conflicto.
Hasta ahora, lo que uno advierte son fallas de orden militar y policial, que deben ser abordadas con la urgencia y seriedad que ameritan.
Los criminales están ganando la partida. No es cuestión de paz o guerra. Es incompetencia estratégica. El Estado asiste, de manera alarmante, a un retroceso en su capacidad de acción. El problema no es político. Es de logística, doctrina y —sobre todo— voluntad.
Colombia no puede permitirse renunciar al ejercicio pleno de la autoridad armada en todo su territorio. La seguridad de sus ciudadanos, y la supervivencia misma del Estado, dependen de la capacidad de sus fuerzas armadas para enfrentar con eficacia el desafío criminal.
En la guerra, los muertos no son estadísticas. Son advertencias.
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