El Derecho Mayor desafía la Tutela Constitucional
- De exgobernadores de honor a prisioneros de su propio cabildo
- ¿Persecución política o el fin de la impunidad para las élites indígenas?
- El caso de la Mama Mercedes Tunubalá, exalcaldesa de Silvia, y tres líderes Misak, pone a prueba los límites de la Jurisdicción Especial Indígena.
Por Alfonso Luna Geller / En el corazón de Santiago de Wampia Silvia, Cauca, las estructuras de mando del Resguardo de Guambía atraviesan una crisis de fracturas profundas. Se trata de una colisión frontal entre autoridades actuales, exgobernadores y visiones jurídicas contrapuestas que hoy mantienen en vilo la estabilidad del gobierno propio.
Lo que para unos es un acto de “persecución política y venganza” disfrazado de justicia propia, para otros es la aplicación del “Derecho Mayor” sobre quienes, habiendo ostentado el poder, hoy se niegan a rendir cuentas ante su máxima instancia: la Asamblea General.
De la gloria de la molienda al cepo de la sanción
El conflicto tiene nombres de peso histórico. Los Taitas Luis Felipe Calambás y Jesús Antonio Tunubalá, junto a las Mamas Luz Mary Aranda y Mercedes Tunubalá (esta última, exalcaldesa de Silvia y exgobernadora), enfrentan hoy sanciones que van desde la privación de la libertad hasta la inhabilidad política por 20 años.
La organización AISO (Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente) ha lanzado un grito de auxilio internacional. Denuncian que la actual gobernadora, Mama Liliana Pechené, ha liderado una «campaña de desprestigio» sin pruebas técnicas, responsabilizando a estos líderes de la pérdida de tierras en límites territoriales con otros resguardos. Según AISO, las sanciones impuestas el pasado 12 de febrero son un acto de «desviación de poder» para silenciar voces críticas y castigar a quienes acudieron a la justicia ordinaria.
Nadie es superior a la Asamblea
Desde el Centro de Justicia y Conciliación Misak, la narrativa es radicalmente distinta. Para la autoridad actual, no se trata de una persecución de AISO —organización que, aclaran, no los representa desde 1990—, sino del cumplimiento de un mandato colectivo.
El documento oficial del Cabildo es contundente: los exgobernadores fueron citados a 17 asambleas durante 2025 para aclarar actos de “negligencia política, legal y territorial”. Según el Cabildo, el desprecio de los líderes a estas citaciones obligó a la Asamblea (de más de 2.000 personas) a emitir sanciones ejemplarizantes. «En nuestra justicia no existe trato especial ni preferencial”, advierten, señalando que los sancionados aplicaron los mismos castigos cuando fueron poder.
La Tutela vs. El Derecho Mayor
El punto de quiebre jurídico es la Acción de Tutela interpuesta por Mama Mercedes Tunubalá. Mientras el Juzgado de Silvia amparó su derecho al buen nombre y al debido proceso, el Cabildo interpreta este acto como una traición. Para la autoridad ancestral, acudir a la justicia ordinaria para pedir el arresto de la actual gobernadora es un intento de «deslegitimar el gobierno propio y omitir la Justicia Indígena».
Aquí surge la duda que despeja responsabilidades: ¿Es la autonomía indígena un cheque en blanco frente a los derechos fundamentales del individuo? La Corte Constitucional ha dicho que no, pero la Ley Misak sostiene que quien se somete a su censo y a sus honores (gobernanza), se somete a su juicio.
El riesgo de la implosión
Responsabilidad administrativa: Existe una nebulosa sobre la gestión de tierras entre 2022 y 2024. Los sancionados parecen haber fallado en el deber de transparencia ante su base, pero el Cabildo parece haber fallado en la construcción de un expediente técnico-jurídico antes de proceder a la sanción política.
Uso de la justicia como arma: Ambas partes están usando el sistema (el indígena y el ordinario) para anular al contrario. El archivo interno del proceso de desacato por parte del Cabildo es una señal clara de desafío a la institucionalidad del Estado.
Consecuencias: La división de autoridades al interior del pueblo Misak, es hoy su mayor debilidad. La estigmatización mutua está rompiendo el tejido social de Silvia, facilitando que actores externos saquen provecho de la desarmonía territorial.
El «Abrazo de la palabra»
Para que Guambía recupere la armonía, no basta con fallos judiciales ni con sanciones de asamblea. Proclama del Pacífico ha consultado con expertos sobre estos asuntos de la Jurisdicción Indígena y han propuesto:
Mesa técnica de tierras: Un peritaje independiente de la Agencia Nacional de Tierras que determine si hubo o no pérdida territorial real, quitándole el componente emocional a la acusación.
Armonización jurisdiccional: Un encuentro de «autoridad a autoridad» entre el Consejo Superior de la Judicatura y el Centro de Justicia Misak para definir una salida al desacato de la tutela, evitando que la justicia ordinaria encarcele a la gobernadora y que la justicia indígena inhabilite a perpetuidad a sus líderes históricos.
Veeduría internacional: El acompañamiento de la ONU para garantizar que el debido proceso se cumpla sin que esto signifique un atropello a la autonomía indígena.
El Pueblo Misak es símbolo de dignidad
Las comunidades no pueden permitir que su justicia sea vista como venganza, ni que sus líderes vean en la tutela un refugio para no rendir cuentas. La verdad es el único camino para la paz en Santiago de Wampia Silvia, Cauca.
Estos son los comunicados correspondientes:
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