EL CAUCA NO PUEDE SEGUIR A OSCURAS
En el departamento del Cauca se volvió costumbre vivir entre apagones, fluctuaciones eléctricas y daños permanentes en equipos, negocios y servicios esenciales. Lo que ocurre este miércoles 13 de mayo en Santander de Quilichao es una nueva demostración del abandono técnico y operativo con el que la Compañía Energética de Occidente —CEO— ha manejado durante años la prestación del servicio de energía en esta región del país.
La suspensión abrupta del suministro eléctrico deja permanentemente pérdidas económicas en el comercio y la industria, afecta empresas de mediana y pequeña producción, interrumpe procesos educativos, daña electrodomésticos y equipos de oficinas, pone en riesgo a personas que dependen de equipos médicos conectados a la energía.
Mientras miles de usuarios padecen las consecuencias, no existe respuesta institucional.
El problema dejó de ser técnico hace mucho tiempo. Hoy es un problema social, económico y político.
Cuando la Compañía Energética de Occidente -CEO- asumió la operación del servicio tras los acuerdos establecidos con Cedelca y el Estado colombiano, adquirió compromisos claros de inversión, modernización y mantenimiento de las redes de distribución. Sin embargo, en numerosos municipios del Cauca la infraestructura eléctrica continúa mostrando deterioro, fallas recurrentes y una capacidad insuficiente para responder a las necesidades actuales del territorio.
El silencio de los organismos de control es igualmente preocupante. Durante años, las comunidades han denunciado interrupciones prolongadas y deficiencias estructurales en el servicio. A pesar de ello, las acciones de vigilancia, control y sanción han sido inexistentes.
El Cauca no puede seguir siendo tratado como un territorio donde las empresas prestadoras de servicios públicos actúan sin consecuencias. Esta situación se suma al sufrimiento que ya padecen las comunidades por los permanentes ataques de actores violentos, el narcotráfico y la minería ilegal —todo lo cual es evidencia del abandono al que las autoridades competentes tienen sometidas estas poblaciones.
Más de un millón y medio de habitantes dependen diariamente de un servicio eléctrico estable para trabajar, estudiar, producir alimentos, sostener hospitales, mover la economía y garantizar condiciones mínimas de dignidad. La energía es un derecho asociado al desarrollo y a la calidad de vida.
Por eso resulta urgente que la Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las autoridades administrativas revisen con rigor el cumplimiento de las obligaciones contractuales y técnicas de la CEO en el Cauca.
También es el momento de que la dirigencia política asuma una posición firme. Gobernación, alcaldías, congresistas, diputados y concejales tienen la obligación de defender a las comunidades afectadas y exigir respuestas concretas frente a un problema que golpea diariamente la economía regional y la tranquilidad ciudadana.
El Cauca no necesita comunicados de rutina cada vez que ocurre un apagón. Necesita la revisión de un contrato reiteradamente incumplido. Necesita mantenimiento real y permanente —no el que se reporta en papeles a la Superintendencia para aparentar cumplimiento—, redes modernas y respeto genuino por los usuarios.
Porque mientras otros territorios avanzan hacia la transición energética y la modernización tecnológica, en el Cauca todavía hay familias y comerciantes que viven con el temor permanente de quedarse a oscuras en cualquier momento.
Y eso, después de tantos años, ya no puede seguir siendo normal.
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