Mientras las comunidades tienen que bloquear vías por el pésimo servicio de energía eléctrica,
los candidatos ruegan votos con linternas y las autoridades administrativas
se muestran indiferentes ante el fracaso operativo de una empresa que el Estado no se atreve a intervenir.
El departamento del Cauca enfrenta hoy una doble condena: la ineficiencia sistémica de la Compañía Energética de Occidente (CEO) y la parálisis de las autoridades que deben vigilarla. Mientras las comunidades de Agua Azul, en Villa Rica, por ejemplo, se han visto obligadas a bloquear la vía hacia Puerto Tejada para exigir un derecho básico, la empresa ratifica su incapacidad técnica para cumplir con el contrato suscrito con el Gobierno Nacional. La prestación del servicio de energía eléctrica en la región dejó de ser una garantía para transformarse en un factor de atraso; la ineficiencia no es un accidente en la CEO, es su característica principal.
La protesta en el sector de Casa Campo es el síntoma de un cansancio histórico frente a una operatividad fallida. Familias enteras permanecen días sin fluido eléctrico, no solo en este sector, enfrentando la parálisis del comercio local, la interrupción de las actividades domésticas y un incremento crítico en la inseguridad nocturna. La oscuridad en el Cauca constituye un escenario fértil para el delito y una bofetada a la dignidad de ciudadanos que, en pleno siglo XXI, habitan un territorio gestionado bajo lógicas de precariedad. La ausencia de respuestas por parte de la CEO y la falta de un pronunciamiento oficial de las administraciones locales, regional y nacional, ratifican un abandono administrativo que alimenta la ineficacia empresarial.
Descaro electoral en medio del apagón
Esta crisis coincide con una temporada electoral donde la búsqueda de votos carece de pudor. Resulta paradójico observar a candidatos que, en plena oscuridad, solicitan el respaldo de las comunidades a las que les han fallado en la garantía de los servicios públicos mínimos. Los aspirantes al Congreso y los nuevos rostros de la política regional mantienen un silencio calculado frente al fracaso de la CEO, eludiendo el compromiso de exigir la terminación unilateral de un contrato cuyo incumplimiento es fáctico. La ineficiencia de la empresa se mimetiza con el oportunismo de quienes solo aparecen en campaña.
La exigencia ciudadana es clara: el Cauca requiere la rescisión del vínculo contractual con una entidad que ha demostrado su incapacidad para gestionar el bienestar de sus usuarios. La tesis de que la corrupción impide este trámite administrativo adquiere fuerza ante la inacción de los entes de control. Mientras la industria regional y el comercio pierden competitividad por la inestabilidad energética, la dirigencia política se concentra en promesas de campaña, ignorando que la eficiencia en los servicios públicos es el cimiento de cualquier Estado Social de Derecho.
Un llamado a la resistencia civil y técnica
La insistencia de Proclama del Pacífico en este tema responde a su obligación ética con las comunidades. No es posible aceptar la normalización del apagón como destino manifiesto del Cauca. La seguridad, el progreso y la identidad de poblaciones como Villa Rica y Puerto Tejada dependen de una infraestructura eléctrica confiable, no de la voluntad de una compañía que ha hecho de la ineficiencia su sello institucional.
Ya había dicho, tal vez en el anterior editorial, que quien no gobierna su tiempo, no gobierna su actitud; y el Cauca debe decidirse por una actitud de exigencia soberana. El futuro del departamento se diseña mediante la resolución de estos conflictos estructurales. La solución definitiva demanda que las autoridades administrativas y políticas abandonen su zona de confort y asuman la defensa técnica y jurídica del territorio. El suministro de energía es un imperativo de supervivencia; permitir que la CEO continúe operando bajo estos estándares es condenar a la región a una caverna social que no estamos dispuestos a aceptar.
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