El Cacique Pubén sabía de ordenamiento territorial
En teoría, el conocimiento de la geografía, la historia y la política social son imprescindibles para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial que deben desarrollarse en consonancia con la Ley 388 de 1997, sin lo cual el modo de ocupar un territorio municipal resulta caótico en tiempos en que el crecimiento demográfico interno y las migraciones presionan el crecimiento urbano.
Ya hace quinientos años, los españoles encontraron en el Valle de Pubén un modelo de sistema de ciudades primigenias donde los indígenas seleccionaron un lugar privilegiado en el Valle de Pubén para vivir, recrearse, producir, realizar sus rituales y defender el territorio.
Por lo visto, no solamente el Cacique Pubén nos enseñó cómo hacer una ciudad, a utilizar racionalmente el uso del suelo, producir, distribuir y consumir en un ambiente sano y en paz, hasta que Don Sebastián llegó con sus arcabuces, caballos y perros de presa e impuso un modelo colonial.
Y con la tesis de que “España no necesita de sabios”, los científicos, los botánicos, los geógrafos y los historiadores, que hoy son reivindicados en los planes de ordenamiento territorial, fueron exterminados.
Pareciera entonces que los colonizadores estuvieran vivos, porque en los planes de ordenamiento territorial no se concibe construir proyectos armónicos de ciudad y de hábitat urbano, y el desarrollo se concibe como un trato igual para necesidades desiguales, es decir, en “buen cristiano”, desarrollo vertical para aumentar las disparidades sociales.
Preparar la participación ciudadana con criterios de acceso a la igualdad es una obligación político-administrativa de las autoridades, pero sobre todo moral, equidad que debe enfocarse en la distribución no discriminatoria de acceso a oportunidades y de realización de capacidades humanas en condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales halagadoras y sanas.
Causa, por eso, estupor observar que no existe en las ciudades de Colombia una pedagogía sobre la participación democrática, con fundamento en la Constitución vigente, cuando la preocupación primordial del Estado debe ser la de fomentar la participación de la sociedad en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social.
La democracia no se agota con las elecciones y la ciudadanía debe adquirir un estatus de ciudadanía emancipada de los agentes políticos que sólo piensan y actúan en función electoral.
¿En qué clase de sujetos sociales hemos sido convertidos si no hacemos colectivamente uso de nuestra autonomía, con una participación activa que nos permita ser sujetos democráticos liberados de quienes sólo actúan en función de la plusvalía urbana sin importarles una explosión social?
Pensar en términos de obtener que las comunidades disfruten de convivencia agradable, sin temores, colocando a los hombres y mujeres, de todas las edades, al abrigo de la lluvia; del disfrute del espacios de acuerdo con sus necesidades materiales y culturales, como del goce de políticas educacionales y de salud, de transporte público cómodo y de mercados justos, es construir ciudades para la gente.
Para algunos gobernantes de las ciudades colombianas hablar del desarrollo urbano, y no somos una excepción, significa que éste comienza y termina con sus mandatos.
Tenemos prehistoria y nos sobra historia, incluso técnicas en el uso de la tierra, del agua y prácticas de convivencia armoniosa, que han sido sometidas al olvido por los ciudadanos vencedores.
Pensar en municipalidad urbana y rural es más que otorgar licencias de construcción en serie, que estimulan un crecimiento rápido y desordenado; es realizar modelos de planificación fallidos, generadores de exclusión, que a la postre constituyen un atentado contra la convivencia humana.
El urbanismo anda de capa caída, se siente el desdén y la subestimación de los distinguidos hacia los menos distinguidos, como se observa en el paisaje urbano, donde la radiografía social permite ver ciudades anacrónicas.
Hablamos de libertad, democracia, de igualdad de oportunidades; pero es evidente que quienes no tienen ingresos económicos para sobrevivir, no pueden ejercerlas.
Estamos distantes de construir ciudades de encuentro para la gente, de reconocimiento, no ciudades que se conviertan en conglomerados socialmente inflamables donde el costo de la tranquilidad ciudadana se delegue, únicamente, a las estrategias de prevención y represión policiales.
Por eso resulta grato observar cómo agentes de la Policía Nacional, cuando no deben dedicarse a perseguir ladrones, destinan su tiempo a recordarles pedagógicamente a los transeúntes nuestra historia en el Parque Caldas, que destacamos como un hecho de convivencia institucional ciudadana.
A las ciudades segregadoras hay que oponer urbes integradoras, donde la calidad de vida saludable alcance a todas las personas, que den sentido a sus esfuerzos, que fortalezcan sus lazos sociales con las instituciones y que generen mayor confianza y certidumbre en el futuro.
Buscar un equilibrio entre derechos individuales e igualdad social y económica, dentro de una sociedad democrática y de mercado, no es incompatible si se tiene voluntad política para levantar ciudades para la gente. Hasta pronto.
