ECOS DE UNA DEMANDA

A propósito de la demanda que instauraron ante la Procuraduría General de la Nación contra el actual parlamentario Carlos Julio Bonilla Soto, los señores Ferney Silva Idrobo, ex asistente de la Representante a la Cámara Gema López de Joaquí y actualmente Secretario Privado del Gobernador del departamento y Jaime Soto Palma, periodista y quien en un escrito en su periódico se atrevió a sugerir que el fallo absolutorio que profirió la Procuraduría General de la Nación a favor del doctor Guillermo Alberto González Mosquera, por el caso Probolsa, había costado dos mil millones de pesos. La demanda pretende demostrar que cuando el doctor Bonilla Soto fungía como alcalde municipal de Santander de Quilichao firmó en el año 2007 un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica con el Convenio Andrés Bello, que, según ellos, no estaba permitido por la normatividad vigente, demanda que según se escucha en los mentideros políticos del Cauca está a punto de ser fallada.

Cualquiera sea la decisión que tome el señor Procurador General de la Nación, de seguro tendrá consecuencias políticas y generará un gran revuelo en esta actividad en nuestro departamento. Desde un comienzo se manifestó que esta demanda no tuvo sino la intencionalidad de frenar al doctor Bonilla Soto en su propósito de alcanzar una curul en el Congreso de la República. Fueron muchas las demandas que debió soportar desde aquel entonces y al parecer solo falta por definirse el alcance de ésta. La doctora Gema López, la gran damnificada por la votación que alcanzó en su momento el actual parlamentario Bonilla Soto, inundó permanentemente de derechos de petición a la administración municipal para que se le entregara documentación que soportaba este convenio, lo cual indica a las claras la importancia política que tiene para ella el fallo del operador judicial. Una cosa es hacer política en el Cauca con el doctor Bonilla Soto sin ningún impedimento y otra con él sancionado, es evidente la conveniencia para la doctora Gema de un fallo en contrario a los intereses del actual parlamentario, que incluso le permitiría solicitar su reingreso al Congreso en reemplazo del doctor Bonilla pues hicieron parte de la misma lista de aspirantes.

En el parque principal de Santander de Quilichao, diariamente se especula, en mi criterio, sobre el sentido del fallo, pues hay quienes hablan de la existencia de apostadores que quieren hacer su agosto y que están dispuestos a “casar” la suma de hasta 100 millones de pesos a que el doctor Bonilla será condenado y perderá la representación política que actualmente detenta, según se habla, porque supuestamente el fallo ya está cocinado y lo único que falta es que el señor Procurador lo firme. También aseguran en dichos corrillos, aunque pareciera temerario creerlo, que es mucho el ‘lobby’ que han realizado tanto el Senador Aurelio Iragorri como la ex Representante Gema López para garantizar que el sentido del fallo salga en contra de los intereses de Bonilla Soto.

Consecuente con lo anterior, y como parte de todo este galimatías político que se teje, ya se habla por parte de los contradictores políticos del doctor Bonilla sobre su posible reemplazo en la próxima contienda. Que el doctor Humberto Peláez volvería a la palestra, que el infaltable doctor Eugenio Gómez pondría su nombre, que el ex alcalde Ricardo Cifuentes Guzmán sería carta fija, en fin, ¿cuántos más aparecerán si el fallo llegase a salir como lo aseguran los adversarios del doctor Bonilla? No me quiero imaginar cómo será el festejo en Santander de Quilichao si el fallo sale en contra de los intereses del doctor Bonilla, pues si con la sola expedición del auto de imputación de cargos, que por demás se conoció primero en la calle antes de que fuera notificado al representante Bonilla, una campaña política desde su sede festejó con pólvora, trago y alarde de imponencia, asegurando premonitoriamente el resultado final del fallo y augurando la muerte política del representante.

En todo el tiempo, que por demás es bastante largo, que llevo escribiendo sobre el juego de la política en el Cauca, nunca antes había observado que una demanda, o mejor, que se interpusiera una demanda, so pretexto, para que se investigue el comportamiento de un funcionario público y cuya verdadera intencionalidad, que ni siquiera yace escondida, fuera la de eliminar por esta vía a un contradictor político. Al ejercicio de la política hay que alejarle el mezquino sentimiento del odio, pues finalmente atenta contra la credibilidad de las personas y termina deslegitimando la práctica de una actividad que debe ser el soporte de una verdadera democracia.

Le corresponderá entonces a la Procuraduría General de la Nación demostrar que su fallo, cualquiera sea el alcance del mismo, fue en estricto acogimiento de la normas imperantes, y no como pretenden algunos que los fallos judiciales deben atemperarse para resolver conflictos políticos parroquiales. El doctor Bonilla Soto está en su legítimo derecho de defenderse de las acusaciones en su contra, como también quienes lo demandan deben gozar de las garantías para presentar sus pruebas y objeciones sobre su actuación como alcalde, lo que está verdaderamente mal es el tinglado político que se ha armado alrededor de este caso y que coloca a la Procuraduría en jaque, pues un fallo en cualquier sentido, por, reitero, la alta politización e intereses de “apuestas” sobre el mismo, dejan al operador judicial en los ojos de todo el mundo.

Fdo. AVISA

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