Duque entrega un país ensangrentado
Duque entrega un país ensangrentado / Aterradora escalada de homicidios que el gobierno desestima
Mientras el gobierno nacional rechazaba el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sobre asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación, que fue publicado la semana pasada, simultáneamente caían asesinados otros cinco líderes sindicales y sociales, en una violencia sistemática que se agravó precisamente en este gobierno, también de origen uribista.
Julio Ojeda Jara
— INDEPAZ (@Indepaz) June 12, 2022
10/06/22
Restrepo, Valle
Julio era un reconocido líder sindical y docente del municipio de Restrepo, Valle. Actualmente, se desempeñaba como secretario de derechos humanos de la subdirectiva del Sindicato Único de Trabajadores Educadores del Valle, SUTEV. pic.twitter.com/vjjg3ClSdP
De acuerdo con el coordinador del Observatorio de Indepaz, Leonardo González, estas cifras se acercan a la peor época de violencia de las últimas décadas en Colombia, que es la del 2002 al 2006 durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Rechazo del Gobierno
En consecuencia, Jefferson Mena, consejero presidencial para los Derechos Humanos, rechazando el informe de Indepaz a nombre del Gobierno Nacional, indicó que las cifras frente a homicidios de líderes sociales “no se toman a la ligera”, recalcando que la Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de recopilar esos datos”. También dijo que “con las cifras de homicidios de líderes sociales no se juega” y que la “protección y garantías de los derechos de los líderes y defensores es una prioridad para este Gobierno”.
Las cifras de homicidios contra líderes/lideresas y defensores de #DDHH deben ser tomadas con precaución. Es la @DefensoriaCol quien está encargada de aportar las cifras oficiales. Seguimos trabajando en la protección y garantía de #DDHH de líderes y lideresas de nuestro país. 👇🏻 pic.twitter.com/qKEBeVI1bf
— Consejería DDHH 🇨🇴 (@ConsejeriaDDHH) June 7, 2022
En esta circunstancia, Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos y codirector de la Unidad Investigativa y el Observatorio de DD.HH. del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –INDEPAZ, respondió, entre otras cosas, que “de conformidad con derechos fundamentales constitucionales, el gobierno no tiene atribuciones para prohibir el registro de infracciones a los Derechos Humanos o de asesinato de líderes sociales realizado por organizaciones de la sociedad civil o por ciudadanos.
RESPUESTA AL CONSEJERO PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS@ConsejeriaDDHH https://t.co/JIslMlD0un pic.twitter.com/LoihDs1EWq
— INDEPAZ (@Indepaz) June 7, 2022
En el comunicado emitido por Indepaz el pasado martes 7 de junio, también realizaron otras aclaraciones entre ellas, que el gobierno nacional “tampoco tiene competencia para obligar a que se sometan los informes a la previa unificación con la Defensoría o entidad gubernamental o estatal cualquiera”.
Obvio que cualquier cifra de asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos es una tragedia nacional, y que Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en riesgo y fatalidad de líderes sociales.
Sin embargo, esta situación no parece alertar al gobierno de Iván Duque, que se limita a exigir exclusividades absurdas en las cifras, mientras los esfuerzos de implementación del Acuerdo de Paz se estancan, lo cual en el Cauca, además, estimula la agudización de los conflictos. En este departamento son más tangibles las confrontaciones entre grupos armados delincuenciales que el ejercicio del control territorial por parte del Estado. En resumen, Duque entrega a su sucesor, un país ensangrentado.
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