Denuncias de corrupción en la Administración de Piendamó-Tunía

Denuncias de corrupción en la Administración de Piendamó-Tunía

Recientemente, a la redacción de Proclama del Cauca y Valle, llegó una denuncia anónima por supuestos actos de corrupción en el municipio de Piendamó-Tunía, Cauca. La denuncia, firmada por un grupo de ciudadanos que se identifican como «anónimos» para proteger su integridad, fue interpuesta el 5 de octubre de 2024 y remitida al contralor general del Cauca, contralor general de la República, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, procurador provincial de Popayán, Personería Municipal, presidente del Concejo Municipal y al pueblo de Piendamó-Tunía, Cauca.

El documento alega una serie de irregularidades que involucran al alcalde de Piendamó, John Freiman Urbano Urrutia, y menciona a múltiples funcionarios y contratistas en la administración pública.

Contratación por influencias y vínculos familiares

Se alega que varios contratos se han adjudicado a personas vinculadas al entorno cercano de los funcionarios municipales, con el objetivo de cumplir compromisos políticos. Entre los casos mencionados, está la contratación de Wilder Vidal Urbano, quien, según la denuncia, realiza funciones administrativas similares a las de la Secretaría del Despacho. Además, se apunta a la contratación de Nicole Dayana Causaya, quien trabaja en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), y es hija de Darley Causaya, un funcionario en la Secretaría de Planeación, y sobrina de James Causaya, quien presta sus servicios en la Casa de la Mujer.

El documento denuncia que el alcalde Urbano Urrutia habría nombrado en cargos municipales a personas con conexiones políticas y personales, como parte de acuerdos de campaña. Por ejemplo, se menciona el contrato de prestación de servicios de la señora Marcela Penagos Hurtado, quien ejecutaría el Plan de Intervenciones Colectivas PIC – Ese Centro I, siendo la hija de Javier Penagos Hurtado, Jefe de Control Interno.

Nombramiento de Yahir Cruz Campo, como secretario de Desarrollo Agropecuario, quien es esposo de la hermana de Rubén Palta, un colaborador de la campaña del alcalde. Para cumplirle al señor Hernando Ramírez, gerente de la campaña, el alcalde le concede a su compañera sentimental Mabel Cristina Cerón Vidal un contrato de prestación de servicios en la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte.

También se denuncia que el alcalde paga con dineros públicos favores de campaña: A Yimi Otero Tróchez, aportante de dinero, le contrata a su compañera sentimental, Juliana Guevara y a Eduardo Pechené, presidente del Directorio Conservador Municipal, lo contrata en la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y Económico.

Carrusel de Contratación

La denuncia cuestiona la legalidad de varios contratos por montos considerables. Entre ellos, se menciona un contrato suscrito en enero de 2024 con Oscar Alberto Toro Medina, miembro activo de la campaña, por $72.360.000, para servicios en la Secretaría de Planeación e Infraestructura. Otros dos con objetivos similares para el mismo personaje por $55.000.000 y $18.000.000 (a través del Grupo SERVIYA SAS).

Presunta malversación de fondos en el convenio para la feria local

La denuncia cuestiona la contratación de la Fundación Acciones por Colombia, por $884.351.856 para la organización de la «LXI Feria del Café y las Flores» y la conmemoración de los 100 años de Piendamó-Tunía. Llama la atención que solo esta entidad se haya presentado, lo que sugiere un posible direccionamiento del contrato.

Igualmente, la denuncia destaca que varios contratos, como el de la Fundación Social e Innovación para el Pacífico (FISPAC) – Aura Liliana Ortiz Salcedo, por $206.886.750, para los carnavales de blancos y negros, no han sido debidamente reportados en los sistemas de control, lo que infringe los principios de transparencia y publicidad.

Desviación de recursos en el proceso CCA-ESAL-001-2024

Según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 759 del 10 de agosto de 2024, se destinaron $51.900.000, incluyendo partidas para miel de purga y alimento balanceado para ganado. Sin embargo, los denunciantes mencionan diferencias significativas entre el presupuesto asignado y el valor real estimado, sugiriendo un posible desvío de recursos.

Conflicto de intereses

La denuncia menciona que Rubén Palta y Yahir Cruz Campo, este último supervisor y cuñado de Palta, estuvieron a cargo de la logística de los eventos, lo cual podría constituir un conflicto de intereses. Además, Juliana Vergara, pareja de Yimi Otero, habría manejado el dinero generado por la venta de licor donado al municipio, recursos que, según los denunciantes, debieron haber sido entregados gratuitamente o recaudados formalmente.

Cobro indebido por espacio público y mercado

Se denuncia que el dinero recaudado a vendedores que ocupan espacios alrededor de la plaza de mercado y arrendatarios de puestos no está siendo gestionado a través de las vías formales del municipio, sino que es manejado directamente por personas delegadas, lo cual plantea serias dudas sobre su destino.

Falta de transparencia en la presentación de informes finales

Los denunciantes resaltan que, hasta la fecha, no se han entregado los informes finales detallados de estos eventos, lo cual despierta sospechas de posible manipulación de la información. La ley de contratación estatal (Ley 1082 de 2015) exige transparencia, por lo que se solicita a las autoridades que se exija una revisión exhaustiva.

Delitos presuntamente involucrados

Según la denuncia, los hechos descritos podrían constituir delitos de tráfico de influencias, concierto para delinquir, falsedad en documento público, peculado por apropiación y malversación de recursos.

Estos señalamientos se basan en la sospecha de que los contratos y convenios fueron manipulados para beneficiar a personas cercanas al alcalde y a sus colaboradores de campaña.

Repercusiones y expectativas

La «Liga de la Justicia», grupo detrás de la denuncia, resalta que, en un periodo de nueve meses, se han dilapidado más de $1.091.238.606, recursos que podrían haberse utilizado para mejorar la infraestructura y los servicios en la comunidad. Los denunciantes expresan su preocupación por la falta de atención a las necesidades de los ciudadanos y el riesgo de que las evidencias de corrupción sean ocultadas.

Es importante recordar que las acusaciones presentadas deben ser investigadas exhaustivamente por las autoridades competentes, quienes determinarán la veracidad de las denuncias y las eventuales responsabilidades penales o administrativas.

Como medio periodístico, nuestro papel es informar de manera objetiva los hechos reportados, de modo que la comunidad de Piendamó-Tunía esté al tanto de los acontecimientos.

Seguiremos atentos a los avances en las investigaciones y a cualquier pronunciamiento oficial por parte de las autoridades y de los implicados en la denuncia.