Democracia y conflicto

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Juan Jacobo Rousseau, considerado el “padre de la democracia moderna”, se muestra enemigo acérrimo de la democracia representativa por considerar que quienes nos dicen representar no nos representan verdaderamente. La idea de democracia en el citado autor está relacionada con el concepto de voluntad general, que es precisamente la voluntad popular traducida en ley. Para Rousseau, la soberanía es el ejercicio de la voluntad general y está orientada a la defensa del bien público. Esta voluntad es inajenable, inalterable y pura; no se puede vender ni comprar, es siempre recta y no permite resquebrajamiento alguno. Aquí el pueblo como soberano es un ente colectivo y el gobernante no es más que un simple comisionado que debe su existencia al pueblo o constituyente primario. El pueblo como ente colectivo es un ser real y no una abstracción.
En la actualidad las denominadas democracias participativas y representativas están en crisis; circunscritas más a los procesos electorales que a la búsqueda de unas reales condiciones de vida de la población que dicen representar. El voto es importante en toda democracia que se respete, pero no debe limitarse a él. La gente espera ser escuchada, ser incluida y ser parte de los beneficios del poder.
La verdadera democracia está erigida en los terrenos de la igualdad y la libertad; donde existe igualdad, existe libertad y viceversa.
Las sociedades jamás estarán exentas de conflictos. Conflicto y sociedad siempre marcharán juntos. Los diálogos y las concertaciones para dirimirlos hacen parte de la verdadera política; las vías de hecho, la recurrencia a la fuerza y a la violencia deslegitiman no sólo a los regímenes y sistemas políticos sino también a la misma sociedad.
Es precisamente durante los conflictos sociales cuando se mide el liderazgo de quienes dicen representarnos. Sus intermediaciones oportunas en las soluciones de las problemáticas podrían evitar que empeoren las cosas. La voluntad política de las partes comprometidas en los conflictos es necesaria en la solución de los mismos; no hacerlo, contribuye a polarizar la sociedad, tan escindida por las difíciles y variadas problemáticas.
Respecto al actual paro agrario que ya cumple una semana es necesario priorizar las vías de las concertaciones. Difícil desconocer la grave crisis del campo y las circunstancias adversas del campesinado del país. Las labores del campo, lejos de ser rentables, no permiten a este importante sector de la economía nacional unas condiciones de vida acordes con la dignidad que presupone una verdadera democracia.
Estadísticas demuestran que los campesinos han transitado de la pobreza a la indigencia y esto, obviamente no es justo. La protesta social campesina es legítima pero en todo sentido se deben evitar las vías de hecho tras la exigencia de unos derechos y unas reivindicaciones. Los paros prolongados, con bloqueo de carreteras, con brotes de violencia, no sólo perjudican la ya precaria economía nacional, sino que también deslegitiman los movimientos sociales. La protesta pacífica en ningún sentido se debe criminalizar.
El Gobierno debe reconocer el problema en toda su dimensión, delegar unos interlocutores que permitan una solución pronta y adecuada al problema agrario. Los males hay que reconocerlos a tiempo para resolverlos a tiempo. El presidente Santos debe obrar con prudencia en el manejo de los conflictos, dada la actual coyuntura, se está jugando su capital político. Un plan de economía social es una prioridad para subsanar las grandes desigualdades socioeconómicas del país.
Coletilla: La ciudad de Popayán está caótica. La apertura y arreglos de redes de acueducto y alcantarillado es necesaria y en esta tarea hay que abonarle puntos a la Administración Municipal. Se escuchan por todas partes voces de inconformidad porque en la práctica no hay por donde transitar y esto genera malestar, sobre todo por la lentitud de las obras. El sector del comercio, por ejemplo está muy preocupado y algunos sectores de opinión están anotando que se ve mucha improvisación en las obras, asunto que debe aclarar el gobierno local.



