El defensor, Jorge Armando Otálora Gómez, dijo que preocupan las informaciones sobre insuficiencia en las pruebas y posibles errores metodológicos en la recopilación de la evidencia
Bogotá, Septiembre 30 de 2014. / Acogiéndose al artículo 282 de la Constitución Política, que en su numeral primero establece como funciones de la Defensoría del Pueblo “orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado”, el defensor, Jorge Armando Otálora Gómez, solicitó a la Cancillería revisar, y de ser necesario, acompañar el caso de la oncóloga Ana María González, condenada a 10 años de prisión por intento de asesinato.
A la Defensoría le preocupan las informaciones que han registrado los medios de comunicación respecto a una posible insuficiencia de pruebas y a la supuesta falta de rigurosidad en la recolección de la evidencia que soportó la acusación contra González Angulo.
En ese sentido y teniendo en cuenta que todavía está pendiente el recurso de apelación, el Defensor del Pueblo exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores para evaluar las circunstancias, y prestar el apoyo necesario a fin de procurar el aporte de todos los elementos legales disponibles para que el derecho a la segunda instancia agote los trámites pertinentes.
La Defensoría reitera su pleno respeto y acatamiento a las decisiones judiciales tanto en Colombia como en el exterior, pero al mismo tiempo estima un deber del Estado asegurar que las decisiones que afectan a sus connacionales se produzcan con el pleno de los requisitos que demanda el respeto y garantía de los derechos humanos.
