Defensoría exhorta a Gobierno y manifestantes a buscar salidas negociadas y pacíficas a los paros
La Defensoría del Pueblo viene actuando como garante de las mesas de diálogo en los paros del Catatumbo (Norte de Santander), San Roque (Cesar), Ricaurte (Nariño) y Guapi (Cauca), donde además adelanta gestiones humanitarias de manera permanente.
Aunque la Defensoría ha reiterado el respeto por el derecho a la protesta, les ha venido advirtiendo a los líderes de las manifestaciones que las vías de hecho no son el camino adecuado para que busquen sus reivindicaciones.
Ante la inminencia de paros como el cafetero y el agrario, la movilizaciones relacionadas con minería ilegal en Chocó y Putumayo, el Defensor le hace una llamado al Gobierno para que adelante gestiones urgentes a fin de conjurar los efectos negativos para el país.
Ante los actuales paros y bloqueos, y la inminencia de nuevas movilizaciones sociales en varias zonas del territorio nacional, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, hace un llamado urgente tanto a manifestantes como al Gobierno Nacional para que, de manera urgente, adelanten las conversaciones necesarias para poner fin a esta situación.
Según Otálora Gómez, “los diferentes sectores sociales deben aceptar los diálogo, las mesas de trabajo y la demás salidas negociadas para que sean reivindicadas sus peticiones en los distintos escenarios. Por su parte, el Gobierno debe activar todos los mecanismos previstos para evitar que esta situación se agudice y se altere el orden público y se vulneren los derechos de la sociedad civil”.
En Catatumbo, Norte de Santander, desde el primer día del paro, la Defensoría envío una comisión de alto nivel para apoyar a los funcionarios regionales de Ocaña y de Norte de Santander, y actualmente el Defensor del Pueblo presta sus oficios como garante.
Para la Defensoría del Pueblo, resulta preocupante que al actual panorama nacional de movilizaciones sociales, se vienen consolidando muchos más paros y bloqueos. La lista la encabezan los pobladores del municipio de Guapi (Cauca), quienes entraron en paro el pasado 2 de julio, motivados por el mal estado de las vías, las condiciones higiénicas y sanitarias de la cabecera municipal, el desgreño administrativo y financiero y contra de la gestión de su actual alcalde. La situación actual da cuenta del taponamiento de sus vías principales: la calle Primera y la carretera del hospital al aeropuerto (vía por la que se moviliza la fuerza pública).
Otra de las protestas, tiene que ver con la movilización de alrededor de 2.000 indígenas del pueblo Awa de Ricaurte (Nariño) quienes reclaman respeto a la vida y a su territorio. Desde el pasado 4 de julio denunciaron públicamente los atropellos sufridos por los grupos armados ilegales en su territorio, ocupación de sitios sagrados, desplazamiento y desarraigo forzado, asesinatos, masacres, torturas, desapariciones, retenciones, entre muchos otros.
En tercer lugar, la Defensoría advierte sobre la protesta en el municipio de San Roque (Cesar), donde se presentan bloqueos desde la noche del viernes 5 de julio, lideradas por las comunidades de Curumaní, Chiriguaná y San Roque, que protestan por los problemas con el fluido eléctrico y que amenazaron con quemar las instalaciones de Electricaribe. El Defensor Regional de Cesar logró disuadir a los manifestantes para que destaparan las vías, levantaran los bloqueos y se sentarán a dialogar el martes 9 de julio.
Paros que se anuncian
Cafetero y agrario: Gestado hace dos días por cerca de 1.000 campesinos, cafeteros, camioneros, indígenas que se ubicaron en el centro de convenciones de Armenia (Quindío) y que tiene planeada la hora cero para el próximo 19 de agosto.
Puerto Asís: Fue levantado por parte de la comunidad de manera provisional a la espera de adelantar diálogos con una comisión del Gobierno.
Chocó: Cerca de 50 consejos comunitarios integrados por afros e indígenas están convocando a una movilización para el 17 de julio por temas relacionados con la minería Ilegal.
