De la paz a la indignación total
El norte del Cauca vuelve a ser escenario de horror. Este sábado 15 de noviembre, el corregimiento de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, fue prácticamente arrasado por la violencia terrorista de grupos armados que, uniformados de camuflado, atacaron la estación de Policía, la vía Panamericana y varias zonas del casco urbano con explosivos lanzados desde drones y ráfagas de fusil.
No se trató de un combate, como equivocadamente lo han calificado algunos medios. Fue un ataque indiscriminado contra la población civil desarmada, una flagrante violación de los derechos humanos y un acto criminal que desnuda la verdadera naturaleza de estas organizaciones armadas. Tras la firma del acuerdo de paz en 2016, lo que se autodenominó “disidencias” se convirtió en simples bandas armadas, sin proyecto político, pero con capacidad de causar daños devastadores en territorios que ya han sufrido demasiado.
En consecuencia, la indignación de los habitantes es total. La comunidad, escondida en sus viviendas para protegerse, denuncia que estos grupos no representan ninguna causa legítima. Son estructuras criminales que han suplantado la autoridad del Estado, imponiendo control social, político y económico a través del miedo.
La población civil quedó en medio de la violencia. Muchos habitantes se escondieron durante horas en sus casas, intentando proteger a niños, adultos mayores y personas enfermas. Otros sufrieron daños en sus viviendas y negocios. Y muchos más denunciaron la revictimización causada por comentarios públicos oportunistas, como los realizados por la periodista Vicky Dávila, que instrumentalizó el dolor para atacar al gobierno nacional, trivializando el sufrimiento de las familias que estaban siendo agredidas en tiempo real.
Los conductores que transitaban por la Panamericana denunciaron que fueron obligados por hombres armados a cruzar sus vehículos en la carretera, bloqueándola completamente.
La Alcaldía de Santander de Quilichao actuó con rapidez al activar los protocolos de emergencia, verificar daños y acompañar a la comunidad en terreno. El Ejército reforzó su presencia con unidades blindadas del Batallón de Montaña N.º 8 y reportó la neutralización de dos drones cargados con explosivos.
La Autoridad Ancestral y la Guardia Indígena pidieron intervención urgente del Gobierno nacional y de organismos de derechos humanos.
No hay reportes oficiales consolidados de heridos o daños totales, aunque fuentes ciudadanas señalan que hay uniformados lesionados y graves afectaciones a viviendas, comercios y bienes privados.
Pero sí hay claridad sobre algo: el Cauca vive una crisis humanitaria estructural que no admite más dilaciones. Los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos —señalados por la comunidad como posibles responsables— han convertido al departamento en un laboratorio criminal que combina actos terroristas, control territorial, extorsión, tráfico ilegal de armas, narcotráfico y una expansión violenta que afecta a campesinos, indígenas, afros, comerciantes, transportadores y servidores públicos.
Este editorial no busca generar más miedo. Busca llamar al país a ver lo que ocurre sin eufemismos ni cálculos políticos. Porque la realidad es esta: el Estado colombiano ha perdido el control efectivo de amplias zonas del Cauca, y esa ausencia ha permitido que las organizaciones armadas suplanten la autoridad, regulen la vida cotidiana y definan, incluso, quién puede transitar por una carretera o abrir un negocio.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, condenó con firmeza estos hechos y sostuvo que la criminalidad pretende apoderarse de corredores estratégicos. Tiene razón. Pero las palabras no bastan. El departamento necesita acciones integrales, sostenidas y coordinadas, que combinen seguridad, justicia, presencia institucional real, inversión social y una política nacional coherente para reconstruir la gobernabilidad en los territorios.
Lo que vive Mondomo, lo que vive Balboa, lo que vive Suárez, lo que vive Caloto, lo que vive Buenos Aires y lo que viven los trece municipios del norte del Cauca es una tragedia colectiva que el país no puede seguir ignorando. Las comunidades han resistido durante décadas, pero su capacidad de aguante no es infinita.
Se requiere una política integral, no un iluso «Pacto Cauca», sino realidades que permitan recuperar el control territorial, proteger a las comunidades y desmontar las estructuras criminales que hoy se disfrazan de guerrilla.
El Cauca no puede seguir siendo víctima del atolondrado actuar armado de quienes, sin ideología ni legitimidad, han convertido la violencia en su único negocio.
La indignación de los habitantes es un clamor que debe ser escuchado: basta de ataques contra la población civil, basta de terror, basta de impunidad.
El Cauca merece otra historia. Merece un presente sin miedo y un futuro sin guerra.
El país entero le debe una respuesta.
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