De la guerra permanente a la paz inalcanzable
El único proceso de paz exitoso en la historia reciente de Colombia fue la desmovilización del M-19 en 1990, durante el gobierno de Virgilio Barco. Ese fue un hito clave en la búsqueda de la reconciliación, pues permitió la participación política de exguerrilleros hace ya 35 años.
En todo lo demás, los colombianos hemos vivido bajo el yugo de un conflicto armado casi eterno, cuyo registro histórico se remonta al genocidio de los pueblos originarios a manos de los invasores españoles, llamados «descubridores», luego «colonizadores», y con el tiempo, a quienes les fueron sucediendo, les otorgaron apelativos eufemísticos para referirse a su accionar violento.
Con el tiempo, la dinámica del conflicto transformó a los llamados «guerrilleros» que alguna vez enarbolaron ideales revolucionarios, ejércitos populares con aspiraciones socialistas, en lo que hoy conocemos como grupos armados organizados, disidencias y otras organizaciones criminales, dedicadas al lucro mediante la extorsión, el secuestro, el atraco, el narcotráfico y la minería ilegal.
Lo que sostengo es que, ante la metamorfosis de la lucha armada en «emprendimientos» criminales que garantizan la supervivencia de sectores excluidos del sistema económico legal, la negociación política de paz se torna inviable. La historia del conflicto colombiano lo demuestra.
Miremos que, tras el periodo conocido como “La Violencia”, en los años 50 del siglo pasado, marcado por la confrontación bipartidista entre liberales y conservadores, se implementaron varias amnistías y procesos de desarme con la esperanza de la reconciliación nacional. Sin embargo, estas iniciativas que no abordaron las causas profundas del conflicto, mutaron en una persistente guerra de guerrillas.
El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) vio el fracaso de los diálogos y acuerdos de cese al fuego con el M-19, el EPL, el ADO y las FARC-EP. Los diálogos continuaron durante el gobierno de Gaviria (1990-1994), pero sin resultados tangibles. Ernesto Samper (1994-1998) se vio envuelto en el escándalo del Proceso 8000, que vinculó la financiación de su campaña con dineros del narcotráfico, afectando gravemente la credibilidad del proceso.
Peor aún le fue a Andrés Pastrana (1998-2002), cuyo intento de diálogo con las FARC-EP en el Caguán terminó en un estrepitoso fracaso en 2002, con la reanudación de la confrontación. La política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), aunque promovió la desmovilización de algunos grupos paramilitares a través de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), no logró pacificar el país. Y durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), lejos de avanzar hacia la paz, el conflicto se recrudeció, con el surgimiento de disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de 2016.
En síntesis, el conflicto armado en Colombia ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de una confrontación ideológica a una disputa por el control de economías ilegales. Por eso, la búsqueda de la paz en Colombia ha sido un camino plagado de frustraciones, un ciclo repetitivo de diálogos marcados por el inicio con grandes expectativas, que terminan en estancamientos y rupturas, y en mayor violencia.
¿Qué hacer, entonces?
Por lo general, se atribuye el fracaso de los diálogos de paz a la falta de solución de los “problemas estructurales del país”, como la desigualdad social, la escasez de oportunidades o la presencia de economías ilícitas. Sin embargo, creo que estas negociaciones suelen hundirse, sobre todo, por los intereses internos de quienes pretenden negociar con el Gobierno. A los grupos armados, convertidos en verdaderas empresas criminales, poco les importa el fin de la pobreza o la transformación social. La aparición de disidencias tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP confirma esa tendencia.
El anuncio del presidente Petro de suspender los diálogos con el ELN nos enfrenta, una vez más, a la cruda realidad: la historia se repite. De nuevo, un proceso de paz con esta guerrilla se ve truncado por la violencia y la falta de voluntad para construir una paz auténtica. Los “crímenes de guerra” cometidos por el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo y en el Guaviare, incluyendo asesinatos de civiles y firmantes de paz, confirman la urgencia de que el Estado ejerza sus funciones constitucionales, incluso el uso legítimo de la fuerza, para garantizar la paz.
Antes de intentar nuevamente diálogos, hay que restablecer el orden, asumir el control territorial y la autoridad estatal.
Pero, es más, si bien es importante analizar las acciones de los grupos armados, también es fundamental examinar el papel del Estado en el conflicto. La falta de presencia estatal en algunas regiones, la corrupción, la impunidad y las violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales han contribuido a la persistencia de la violencia.
No olvidemos que la paz no significa la ausencia absoluta de conflictos, sino una forma de gestionar las tensiones y los desafíos sin recurrir a la violencia. En vez de aferrarnos a una “paz total”, que se evidencia inalcanzable, tal vez debamos apostarle a una “paz imperfecta” que reconozca nuestras tensiones históricas y políticas.
En resumen, el conflicto armado en Colombia ha mutado. Aquellos guerrilleros que alguna vez enarbolaron banderas ideológicas se han transformado en actores armados con intereses económicos. Esta transformación exige un cambio en el enfoque para abordar el conflicto. Ya no se trata solo de negociar acuerdos políticos, sino de desmantelar las economías ilegales que financian la violencia.
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