De la Espriella no supera exigencias para aspirar a la Presidencia
Colombia tiene una historia suficientemente larga de autoritarismos disfrazados de eficiencia para no reconocer sus señales de advertencia cuando vuelven a aparecer. Abelardo de la Espriella las ha desplegado todas, con una candidez que resulta más preocupante que la propia intención.
La propuesta central de De la Espriella consiste en gobernar con o sin el Congreso. La frase circula en sus intervenciones públicas como si fuera una demostración de carácter y decisión. En realidad es otra cosa: una confesión anticipada de desconocimiento constitucional o, en la lectura más grave, una declaración de intenciones autoritarias. Las dos posibilidades inhabilitan moralmente una candidatura presidencial en una república democrática.
La Constitución Política de Colombia de 1991 no es un obstáculo para gobernar. Es el marco dentro del cual gobernar tiene legitimidad. El Presidente de la República ejerce sus funciones dentro de un sistema de frenos y contrapesos que distribuye el poder entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial precisamente para impedir que la voluntad de un solo individuo se imponga sobre el orden colectivo. Ese diseño institucional no es una debilidad del Estado colombiano. Es su garantía de funcionamiento democrático.
Cuando un candidato afirma que puede gobernar mediante decretos prescindiendo del debate parlamentario, comete un error jurídico de primer orden. La legalidad de un acto administrativo no depende de la voluntad del gobernante sino del respeto estricto a los procedimientos constitucionales. Los decretos presidenciales tienen límites precisos, taxativos y controlables judicialmente. Un presidente que pretenda sustituir la función legislativa con la acción unilateral del Ejecutivo enfrenta de inmediato el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, la acción de tutela, las acciones populares y todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico colombiano ha construido para proteger el Estado de derecho.
La promesa de cambiar la política para siempre mediante la acción unilateral del Ejecutivo tiene un nombre en la teoría constitucional y en la historia política latinoamericana: concentración de poder. Colombia conoce ese camino. Lo recorrió en distintos momentos de su historia y siempre terminó en ruptura institucional, conflicto social o crisis de gobernabilidad. La deliberación parlamentaria, con toda su lentitud y sus tensiones, produce algo que ningún decreto puede fabricar: consenso. Y sin consenso, la acción del Estado pierde la legitimidad que necesita para sostenerse en el tiempo.
Más allá del argumento jurídico, la candidatura de De la Espriella plantea un problema cívico de fondo. La Presidencia de Colombia exige un dominio técnico, político e institucional que se construye con años de formación, de gestión pública y de comprensión profunda del Estado. Colombia es un país con 32 departamentos, más de 1.100 municipios, un conflicto armado activo, una economía compleja, una diversidad étnica y cultural que demanda políticas diferenciadas y una institucionalidad frágil que requiere experiencia para ser conducida. Frases impactantes y buenas intenciones personales no reemplazan esas competencias. Las candidaturas presidenciales se evalúan por programas de gobierno concretos, por trayectorias verificables y por la capacidad demostrada de comprender el funcionamiento del Estado que se aspira a dirigir.
El ciudadano colombiano responsable tiene herramientas para evaluar a quienes aspiran a gobernarle. Una de las más elementales consiste en examinar si el candidato conoce y respeta las reglas del sistema que pretende dirigir. Quien llega a la campaña presidencial prometiendo eludir el Congreso no propone una reforma del Estado: propone su deformación.
Proclama del Pacífico tiene el compromiso cívico de señalar con claridad los riesgos que ciertas candidaturas representan para la normalidad constitucional colombiana. Este es uno de ellos.
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