De la confrontación armada a la integración social

Guerra, en sentido clásico de la palabra, no ha existido en nuestro país, aún con el involucramiento de los Estados Unidos durante la implementación del Plan Colombia.

Fueron sesenta años, si al final salimos del túnel de la violencia política, donde no hubo “guerra de movimientos y posiciones”, en cuya dinámica se resuelve el conflicto por la vía puramente militar entre los actores enfrentados, como en Vietnam, por ejemplo.

Vistas las hostilidades militares desde una perspectiva histórica, encontramos que la guerrilla nunca salió de la emboscada y el asesinato, la violación sistemática del Derecho Internacional Humanitario, porque al decir del propio Manuel Marulanda, “las Farc no estaban en guerra contra las Naciones Unidas”, en la más insólita de las aseveraciones sobre las conductas humanitarias que regulan los conflictos armados.

Desde la incursión a Inzá en 1957, donde se asesinó a modestos compradores de café y comerciantes, por ser “representantes de la burguesía”, la toma de rehenes, -secuestros-, hasta las últimas incursiones guerrilleras de Argelia y Toribío, como la voladura de la carretera Panamericana y el asesinato de dos policías usando armas blancas y en estado de total indefensión, nos hablan de cómo la degradación del conflicto fue una constante de la insurgencia armada.

Cuestionadas las Farc por la violación a las disciplinas de la humanización del conflicto, durante algún tiempo colgaron en las redes virtuales su “cumplimiento con la normatividad humanitaria”, hasta que los hechos y crímenes de lesa humanidad, de los cuales eran actores, como la toma de rehenes, la esclavitud sexual, el homicidio fuera de combate, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños las obligaron a silenciar su presunto respeto por los Convenios de Ginebra.

Convertida la guerra, para la guerrilla, en un modus vivendi y permeada por los beneficios del narcotráfico, desdeñaron el Derecho Internacional Humanitario, cuyos principios ordenadores no pertenecen a los intereses del capital sino a razones sensiblemente humanas, que tienen como objetivo limitar el sufrimiento y mitigar los efectos nefastos de las hostilidades militares, tanto para los combatientes como para la población civil ajena a los conflictos armados internos o internacionales.

En ese contexto de degradación del conflicto colombiano hace presencia el genocidio, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la destrucción de bienes culturales, el uso de armas no convencionales, los bombardeos indiscriminados, el pillaje y hacer padecer hambre a las comunidades.

Puede uno imaginarse al “SargentoPascuas” y a “Pablo Catatumbo” soñando que “millones y millones de colombianas y colombianos” se unirían a los sublevados para derrocar el sistema político. Presupuesto político absurdo.

La “guerra”, que no existió en el sentido clásico del histórico término, jamás concitó atracción ni apoyo en las ciudades y poblaciones colombianas, antes por el contrario recibió el desaire cuando pasaban por los caminos los uniformes de la confrontación.

No es tiempo para acuerdos sobre cumplimiento del Derecho Internacional Bélico, como lo plantean las  FARC, los acuerdos suelen darse cuando las manifestaciones del conflicto alcanzan niveles de alto riesgo militar y político para los Estados que lo soportan y las consecuencias de la confrontación constituyen un alto peligro para la población y la estabilidad política de una nación.

En las circunstancias del conflicto colombiano, bueno es repetirlo, la guerrilla nunca estuvo cerca de despachar desde la Alcaldía de Argelia, Cauca, tomarse el Salón de los Espejos de la Gobernación del Cauca, instalarse en el Concejo Municipal de Popayán para leer su programa de gobierno, ni hacer una parada militar en la Plaza de Bolívar para decirle al mundo que la bandera de la Hoz y el Martillo había regresado a las manos del pueblo.

Tampoco el país estuvo al borde de la revolución bolchevique, ni a las puertas de la insurrección, ni mucho menos las calles alguna vez se convirtieron en estadios populares para dar el salto final para acceder al poder.

Además, “la guerra” no llegó a menoscabar los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos, su esquema de seguridad interna, ni sus intereses económicos, por lo que el apoyo norteamericano al proceso es de cardinal importancia para su culminación exitosa. La propia guerrilla saludó su presencia.

Construir progreso social para los que hasta ahora no han podido vivir es un imperativo social, institucional y democrático durante el postconflicto, o tiempos de “Paz Estructural”, como lo ha denominado, con mejor enfoque político administrativo, Germán Pabón Gómez.

En esa tarea el Ejército colombiano tiene una nueva misión que cumplir, con los más altos preceptos morales de la institucionalidad militar, creando condiciones para una socialidad empática, entre la población colombiana y las fuerzas armadas.

Tarea de enorme responsabilidad para construir nuevo presente y un mejor futuro, capaz de hacer tránsito de unas Fuerzas Armadas hechas para la confrontación armada, a unas Fuerzas Armadas hechas para la integración social, sin perder su misión fundamental, como la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, como lo ha planteado lúcidamente el General Valencia, Comandante de la Tercera División del Ejército Nacional con sede en el Cauca, en acertada exposición que tuvimos la oportunidad recientemente de escuchar. Hasta pronto.