- En municipios del norte del Cauca y del suroccidente colombiano, empresarios, microempresarios y emprendedores que manifestaron simpatía por la campaña de Abelardo de la Espriella han sido objeto de estigmatización en redes sociales y medios locales. Circulan listados que clasifican a comerciantes entre «matagatos abelardistas» y simpatizantes de Cepeda. Los propios líderes de la oposición pidieron respeto y unidad.
Por David Luna / Gerente – Periodista Proclama del Pacífico.
La democracia colombiana habló el pasado 21 de junio. Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia de la República y la oposición aceptó los resultados. Gustavo Petro reconoció la victoria del presidente electo. Iván Cepeda convocó a la calma, a la cordura y al respeto por las instituciones. El mensaje desde las dirigencias fue inequívoco: Colombia necesita unidad, no fractura.
Sin embargo, en varios municipios del suroccidente colombiano, incluido Santander de Quilichao, ese mensaje no llegó a todos los destinatarios. Desde el mismo domingo electoral, sectores de simpatizantes de la izquierda y algunos medios de comunicación locales emprendieron una campaña de señalamiento contra comerciantes, microempresarios y emprendedores que expresaron públicamente su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Las herramientas fueron las de siempre, publicaciones en redes sociales con nombres propios, fotografías sacadas de contexto, listados difundidos por grupos de WhatsApp y mensajes diseñados para generar rechazo social contra quienes ejercieron un derecho constitucional: apoyar al candidato de su preferencia.
Lo más grave es lo que circula desde hace horas en cadenas de WhatsApp y redes sociales en varios municipios del suroccidente, listados elaborados con nombres de personas naturales y jurídicas, comerciantes y empresarios de la región, clasificados en dos columnas como si se tratara de un censo de guerra. De un lado, los etiquetan como «matagatos abelardistas». Del otro, los ubican bajo la categoría «con Cepeda apoyo total». Así, con esa simpleza brutal, reducen a un comerciante que trabaja doce horas diarias a una ficha de tablero político. Así gradúan de enemigo o de aliado a quien simplemente ejerció su derecho al voto. Esos listados no son expresión política: son instrumentos de intimidación que en un territorio con la historia del norte del Cauca pueden tener consecuencias irreparables.
La situación dejó de ser anecdótica cuando algunos de esos comerciantes comenzaron a reportar preocupaciones de seguridad. En un territorio donde la violencia ha sido compañera histórica de la vida cotidiana, señalar con nombre y apellido a un tendero, a un propietario de negocio o a un emprendedor por su posición política equivale a ponerle una diana en la espalda. No es retórica, en el norte del Cauca y en el suroccidente colombiano, la diferencia entre un señalamiento en redes y una amenaza real puede medirse en horas.
Lo paradójico del caso es que los mismos líderes políticos cuyo nombre invocan quienes estigmatizan han pedido exactamente lo contrario. El expresidente Petro no llamó a perseguir adversarios; llamó a respetar la decisión democrática. Iván Cepeda no pidió represalias contra quienes votaron diferente; pidió sensatez y transición ordenada. Quienes elaboran listados de comerciantes clasificados por su voto y los difunden como cadenas de WhatsApp no representan a la oposición: la traicionan.
Hay que decirlo con todas las letras, los comerciantes, microempresarios y emprendedores del suroccidente colombiano son el motor productivo de sus territorios. Son los que generan empleo formal en municipios donde la informalidad supera con frecuencia el 60 por ciento de la fuerza laboral. Son los que pagan el impuesto predial que financia el alumbrado público y el barrido de calles. Son los que tributan industria y comercio para que las alcaldías puedan operar. Son los que aportan al IVA, a la retención en la fuente, a los impuestos departamentales. Son los que abren sus puertas a las seis de la mañana y las cierran a las nueve de la noche, y al día siguiente repiten. Estigmatizar a esas personas por su opinión política es morder la mano que alimenta la economía local.
En este punto la responsabilidad de los medios de comunicación resulta determinante. Un medio que difunde listados de comerciantes señalados por su voto no está haciendo periodismo, está haciendo persecución. Un medio que amplifica mensajes de odio disfrazados de indignación popular no está informando, está incendiando. La función del periodismo en una democracia, especialmente en territorios donde el conflicto armado dejó heridas que todavía sangran, es contribuir a la convivencia, no dinamitarla. El periodismo irresponsable que estigmatiza desde lo local es tan dañino como la bala que silencia desde la montaña, porque ambos buscan lo mismo: que el otro se calle.
Las elecciones ya pasaron. Los votos se contaron, los resultados se certificaron, los líderes de ambos lados aceptaron el veredicto de las urnas. Lo que viene ahora no es el ajuste de cuentas: es la construcción de país. Y en esa construcción se necesitan todas las manos, las del comerciante que apoyó a de la Espriella y las del que acompañó a Cepeda, las del tendero de la esquina y las del empresario del parque industrial, las del emprendedor que apenas abre su primer negocio y las del jubilado que sigue trabajando porque la pensión no alcanza. Todas.
Colombia acaba de atravesar una contienda electoral intensa. Las pasiones estuvieron a flor de piel. Millones votaron por de la Espriella y millones votaron por su adversario. Eso es democracia. Lo que no puede ocurrir, bajo ninguna circunstancia, es que quienes perdieron conviertan a los electores del ganador en objetivos de retaliación social, económica o física. Y lo que tampoco puede ocurrir es que quienes ganaron permitan o celebren esas prácticas cuando provengan de su propia orilla.
El gobierno que se prepara para asumir el poder tiene una oportunidad histórica de gobernar para todos. Y ese «todos» incluye a los militantes de la oposición que hoy sienten frustración, pero también incluye a los comerciantes que pegaron una calcomanía en la vitrina de su negocio, al microempresario que compartió una propuesta de gobierno en su estado de WhatsApp y al emprendedor que asistió a una plaza pública porque creyó en un programa de gobierno. Cada uno de ellos ejerció un derecho. Ninguno merece ser perseguido por ello.
Desde Proclama del Pacífico, medio de comunicación con más de 50 años de ejercicio periodístico en el suroccidente colombiano, hacemos un llamado directo a la cordura y a la unidad. Este medio nació para dignificar al Pacífico y a su gente, no para dividirla. Hemos cubierto elecciones, conflictos armados, tragedias naturales y procesos de paz con una sola brújula: la verdad al servicio de la convivencia. Y desde esa trinchera decimos con claridad que los listados que circulan en WhatsApp clasificando a los comerciantes de la región deben parar. Que los señalamientos en redes sociales contra personas por su voto deben parar. Que la estigmatización disfrazada de activismo político debe parar.
A trabajar juntos. A estar unidos. A seguir luchando por un país con progreso y con mejor calidad de vida para todos, sin distingo de a quién le dieron el voto el pasado 21 de junio.
Quien estigmatiza a un comerciante por su voto no defiende ninguna causa. La destruye.
