De acuerdo con un estudio de la organización Transparencia Internacional, denominado “Barómetro Global de la Corrupción 2013” nuestro país sigue nadando en un mar de corrupción.
Según la información previa que logró conocer Proclama del Cauca, el 87% de los colombianos sabe que este es un país corrupto, donde ninguna medida estatal ha logrado disminuir el problema. Otra encuesta internacional Latin American Public Opinion Project (Lapop), también había demostrado que Colombia es el país con más alta percepción de corrupción entre 26 países de América Latina, con un 81% de los encuestados señalando que vive en un país corrupto.
Pese a ocupar el primer puesto en la lista de América Latina, según la percepción de los ciudadanos, las instituciones competentes –Contraloría, Procuraduría, Defensoría, Ministerio Público- no han podido ser capaces de ejercer un control concluyente, menos, prevenir la ejecución de actos corruptos por parte de los administradores de lo público, y mucho menos, sancionarlos ejemplarmente. Esta incapacidad es la que estimula a los prototipos de la corrupción a pasearse orondos por el espectro burocrático, casi que haciéndoles fieros de su poder a quienes les critican su corrupta gestión. Nada les pasará. Este fenómeno es más estridente en las regiones y administraciones locales, donde generalmente los entes de control son extensiones del poder burocrático y presupuestal de quienes debieran ser controlados, y por ello carecen de autonomía para ejercer sus competencias, no tienen alas que les sirva para conservar la distancia y evidenciar la corrupción porque quien la ejerce es aquel que les hizo el favor de haberlos ayudado a colocar en los puestos que detentan.
Esa es la percepción que tiene el 87% de los colombianos sobre el funcionamiento del Estado y a la ciudadanía, todavía le falta entender que es la víctima directa de las andanzas corruptas de algunos mandatarios y que ante la indiferencia por los asuntos públicos, todos somos socialmente responsables.
Entonces es necesario y urgente “desarrollar políticas, mecanismos y canales expeditos para recibir y procesar las denuncias ciudadanas sobre hechos de corrupción y mecanismos de protección a denunciantes”, como dijo una funcionaria de Bogotá, porque esperar que los mismos entes de control lo hagan es casi un imposible. De lo contrario, como ciudadanos, nos toca apenas padecer los nauseabundos olores que delatan, pero no comprueban nada sobre la podredumbre que se siente al caminar por el frente de ciertas entidades públicas.
