Colombia enfrenta su mayor crisis en salud
Colombia enfrenta su mayor crisis en salud
La Contraloría General de la República publicó un informe que deja al descubierto una deuda acumulada de $32,9 billones por parte de 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo y subsidiado. Esta cifra, que supera en $7,9 billones el registro de 2023, expone el deterioro financiero del sistema de salud colombiano y el colapso del modelo de aseguramiento basado en la intermediación.
La deuda impacta directamente la operación de clínicas, hospitales, laboratorios y operadores farmacéuticos. En la práctica, los usuarios asumen el costo de la crisis: citas aplazadas, medicamentos inexistentes, pagos de bolsillo y dilaciones en procedimientos médicos.
El informe precisa que los recursos girados por el Gobierno han sido oportunos. En 2024, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) recibió $87,89 billones, equivalentes al 17 % del Presupuesto General de la Nación, con un aumento del 12,01 % frente a la inflación del año. No obstante, la Contraloría detectó $2,71 billones transferidos por la Adres que no aparecen reportados en los estados financieros de las EPS, y $15,79 billones sin trazabilidad entre 2020 y 2024.
La Nueva EPS figura entre los casos más críticos. A finales de 2022 registraba una deuda global de $5,07 billones. En ese contexto, el presidente Gustavo Petro defendió las intervenciones estatales señalando que, en las entidades bajo supervisión, la deuda con hospitales y clínicas ha disminuido en un 14 %.
El Gobierno también advirtió que 16 EPS incumplen simultáneamente los tres requisitos regulatorios mínimos: liquidez, solvencia y provisión de reservas técnicas. Además, 61 % de estas entidades no tiene recursos líquidos para operar, a pesar de seguir recibiendo dineros públicos.
Las fallas no terminan en la relación EPS–IPS. A pesar de que el 90,3 % de lo facturado por operadores farmacéuticos ya fue pagado en 2024, persisten las quejas por falta de medicamentos. Esta situación ha elevado las PQR sin una explicación técnica satisfactoria.
El informe también documenta irregularidades estructurales: desvío de recursos a cuentas en el exterior, creación de IPS ficticias, cobros duplicados por pacientes y manipulaciones contables. Entre 2022 y marzo de 2025, la Contraloría ha iniciado 522 procesos de responsabilidad fiscal por más de $11 billones.
El Ejecutivo sostiene que una reforma estructural es necesaria. La propuesta gubernamental contempla eliminar gradualmente la intermediación financiera, fortalecer la atención primaria, establecer auditorías integrales, garantizar trazabilidad de los recursos y crear nuevos instrumentos de liquidez para prestadores y gestores.
Se propone, además, modificar el esquema de financiación. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, plantea revisar la exoneración de aportes patronales vigente desde 2012, que en 2024 significó un sacrificio fiscal de $17,7 billones. Por su parte, el presidente Petro sugiere un aumento al impuesto de renta de los sectores más pudientes del país para financiar el sistema.
La conclusión del informe es categórica: la actual estructura no garantiza ni eficiencia administrativa ni protección al usuario. Mantenerla, advierte el ente de control, solo profundiza el desvío de recursos y deteriora la salud pública en Colombia.
