Ciudades democráticas

En el terreno de las utopías se pueden concebir las ciudades verdaderamente democráticas. Sin embargo, desde los griegos en la Antigüedad, individuo y ciudad están relacionados de manera inexorable. La ciudad es el escenario donde los habitantes y ciudadanos realizan su historia. Adoptan y reproducen costumbres, valores, sentimientos individuales y colectivos, imaginarios que permiten o no aproximarse a la realización de los proyectos de vida.

La formación de auténticos ciudadanos debe proceder del Estado, la familia, la escuela en todos los niveles, los diferentes espacios en los que las personas comparten los procesos de socialización. Las prácticas democráticas deben caracterizar tanto a gobernantes como a gobernados. Partir de quienes desempeñan los cargos más importantes en la administración pública y privada, hasta las personas de oficios considerados humildes. Habitantes y ciudadanos comprometidos siempre en hacer más gratificante la vida urbana.

La ciudadanía no debe convertirse en asunto de lucha de clases sino de conciencia social. No obstante, los más llamados al buen ejemplo, a la coherencia y a convertirse en paradigmas, son aquellas personas que de alguna o de múltiples maneras detentan poder. La gente siempre espera resultados y buenos ejemplos de éstas. Visiones corruptas, negligentes y autoritarias de una sociedad no garantizan ciudades democráticas. Noticias y evidencias que muestran cómo se esfuman los recursos públicos en beneficio de unas minorías privilegiadas y en perjuicio de mayorías necesitadas, desencanta a la población que ve con rabia, preocupación, pesimismo e impotencia cómo se malbaratan los recursos que debieran de ser públicos, mientras la calidad de vida de los pueblos involuciona en forma acelerada y despiadada. Los despilfarros y robos de estos recursos se contraponen, por ejemplo, a una ética de pago oportuno de impuestos. Los sueldos extravagantes que devengan muchos funcionarios ‘públicos’ contrastan con las condiciones de pobreza y miseria que carcomen una población con escasez de canales de inclusión socioeconómica y con los más esenciales derechos suspendidos o denegados.

Los ciudadanos se miden en el libre ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana y en la concreción de indicadores que a simple vista se demuestre que los asociados mejoren su cantidad y calidad de vida. Sin lo mínimo vital que garantice unas condiciones de dignidad la gente se desespera, se trastorna y se aniquila. Hay que evitarles el suicidio a los desesperados por los avatares de la vida. No simplemente mediante líneas telefónicas que alguna ayuda prestan, sino que también se debe apuntar hacia la atención de las causas objetivas que tienen que ver con la falta de oportunidades laborales que les impide respirar con relativa tranquilidad en un país donde el trabajo es un privilegio, o en su defecto, con un sistema contractual, que niega la estabilidad laboral y el régimen prestacional que obstaculiza el derecho al futuro de las familias. Desgarra el alma ver suicidios provocados por la desesperación económica como los que se vienen presentando en varias ciudades colombianas.

Una ciudad democrática se logra con la materialización del derecho a la propiedad en términos de John Locke, el padre del liberalismo clásico, que no circunscribe este derecho a la sola posesión de bienes materiales. Sino que le agrega otros derechos como son el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad. Los cuatro derechos confundidos y fundidos en uno solo. Donde falte uno pierde sentido el resto. Pensamos que el derecho a la vida presupone los demás derechos. Sin libertad, sin igualdad y sin propiedad que garantice la dignidad de la gente, la vida queda en nada. No vale nada.

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