CIELO DE TAMBORES
JOSE LOPEZ HURTADO / Analista Internacional, colombiano / Habría que cerrar los tribunales en América Latina y licenciar las togas de los jueces para los altos dignatarios mientras siga haciendo carrera la especie de que éstos son víctimas de conspiraciones políticas de sus oponentes, y que por lo tanto, las investigaciones y los veredictos de la señora de la venda en los ojos no aplica para sus actos.
Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia, los casos más notables y recurrentes. Maduro, desde cuando sucedió a Chávez, en lugar de gobernar se volvió experto en crear enemigos invisibles y en achacar todos los males de su impericia al “imperio” y a la oligarquía de adentro y fuera de su país, sin mencionar, por supuesto, a la “boliburgesía”, la pequeña clase que se hizo rica y derrochadora, con los contratos del gobierno, amigos de Miraflores, y por supuesto, a expensas de las necesidades populares.
Frente al duro editorial del Washington Post, de recientes días, que alude a la difícil situación del país caribeño, enfrentado a un inminente incumplimiento de pagos con sus acreedores internacionales, cortes de agua y electricidad que se avecinan, con una rampante inflación de tres dígitos, la más alta del mundo, y una situación de crimen violento y generalizado, además de la carestía de productos básicos, el presidente se ha limitado a señalar, como es costumbre, que “repudia la intervención a Venezuela” y que la hará respetar, llamando a una “unión cívico-militar” (¡!) para contrarrestar a sus enemigos.
Desde ahora ya prepara su alegato político, no jurídico, para cuando en el futuro deba responder ante la justicia.
Cristina de Kirchner, en días recientes al comparecer por cargos de “defraudación” al Estado, por la pérdida de cerca de 4.000 millones de dólares, en sospechosa e inapropiada decisión financiera de su gobierno, ha llamado también en su defensa a la conformación de un frente en defensa de los “derechos perdidos” durante los cuatro meses de gobierno de Macri, a quien atribuye su llamamiento a juicio. Otra vez, en este caso, lenguajes diferentes: cargos criminales de un lado, pero una defensa política de otro responsabilizando a los oponentes y repitiendo la fórmula de una convocatoria a un “frente ciudadano” que respalde a la exmandataria, frente a las argucias de sus contradictores.
En Brasil, por su parte, la Cámara baja aprobó la iniciación de un juicio político a Dilma Roussoff, que podría terminar en su destitución por decisión del Senado, que ella atribuye a una señalada conspiración encabezada por su vicepresidente, y el cual se desarrolla en el escenario del paulatino retiro de apoyo político de varias agremiaciones, incluida el de su propia facción, el Partido de los Trabajadores, que se encontraría en serias dificultades de cara a las elecciones de alcaldes de 2018.
Caso típico el de Colombia, que retrata con fidelidad cómo se contraponen las dos situaciones, los cargos de eventual sanción social que formula el Estado a través de los jueces a quienes han ejercido el poder político, y el discurso de defensa de éstos, trasladando responsabilidades a terceros oponentes.
Como se ve por estos días, suenan tambores en el cielo de América Latina, con estremecedora intensidad.
