La disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo provocó el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de Villa Nueva, en el municipio de Nuquí, Chocó. La Defensoría del Pueblo pidió atención humanitaria inmediata y advirtió que otras 300 personas de Puerto Indio podrían abandonar sus hogares por temor a nuevos hechos de violencia.
Cerca de 500 integrantes de la comunidad indígena de Villa Nueva tuvieron que abandonar su territorio durante la tarde del domingo 1 de noviembre de 2026, ante el temor provocado por la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales en la zona rural de Nuquí, departamento del Chocó.
La emergencia fue confirmada por la Defensoría del Pueblo mediante un comunicado expedido en Quibdó, en el que alertó sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en el corregimiento de Jurubidá y solicitó la intervención urgente de las autoridades nacionales, departamentales y municipales.
Entre las personas desplazadas hay niñas, niños, mujeres, adultos mayores y autoridades tradicionales indígenas. Según el organismo, las familias permanecen temporalmente en Jurubirá, una comunidad afrodescendiente que las recibe mientras buscan condiciones para continuar su traslado hacia la cabecera municipal de Nuquí.
El desplazamiento se produce en medio de una disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La Defensoría advirtió que la confrontación está poniendo en riesgo los derechos fundamentales de las comunidades de este sector del Pacífico colombiano.
Dos personas asesinadas y una denuncia de secuestro
La salida forzada de los indígenas ocurrió apenas dos días después de que la Defensoría del Pueblo comunicara el agravamiento de la situación de seguridad mediante un oficio relacionado con la Alerta Temprana 009 de 2024.
En ese pronunciamiento, la entidad informó sobre el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva.
Estos antecedentes aumentaron el temor de la población ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia, mientras la presencia de los grupos armados limita las condiciones de seguridad necesarias para permanecer en el territorio.
La alerta de la Defensoría había identificado riesgos para comunidades indígenas y afrodescendientes de la región, que enfrentan amenazas a su integridad, sus actividades cotidianas y su permanencia en los territorios ancestrales.
Otras 300 personas podrían abandonar Puerto Indio
La emergencia podría extenderse a otras poblaciones de Nuquí.
De acuerdo con la información conocida por la Defensoría, cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse debido al temor por la presencia de los grupos armados.
El organismo pidió adoptar medidas preventivas para evitar que estas familias tengan que abandonar sus viviendas y medios de subsistencia.
Esas 300 personas se encuentran en situación de riesgo y no hacen parte del balance de aproximadamente 500 indígenas que ya salieron de Villa Nueva.
Defensoría exige alimentos, agua y atención médica
Ante la emergencia, la Defensoría del Pueblo solicitó una respuesta institucional que garantice alimentación, agua potable, servicios de salud y condiciones dignas de alojamiento temporal para las familias desplazadas.
También pidió coordinar el transporte fluvial necesario para facilitar un traslado seguro, siempre que las condiciones de navegación y seguridad lo permitan.
La entidad reclamó la activación de las rutas de atención a víctimas del desplazamiento forzado, con participación de las autoridades indígenas y las comunidades que están recibiendo a las familias.
Otra de las solicitudes consiste en adoptar medidas de protección para quienes permanecen en sus territorios, particularmente en Puerto Indio, donde existe el riesgo de un nuevo desplazamiento colectivo.
La Defensoría informó que mantiene presencia institucional en Nuquí para realizar seguimiento, verificar la situación de las comunidades y coordinar actuaciones con las autoridades competentes.
Hasta la publicación de este reporte no se había confirmado el traslado definitivo de las familias a la cabecera municipal ni un balance completo de la asistencia humanitaria entregada.
La emergencia deja a cientos de personas a la espera de condiciones de seguridad y protección para continuar su desplazamiento o regresar a sus territorios.
