Contraloría evidenció hallazgos fiscales por más de 2.500 millones en la CRC
El despilfarro y la desviación de recursos siguen caracterizando la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales, como se desprende de las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República a 10 de estas entidades en el primer semestre del presente año, precisamente las que manejan los mayores recursos presupuestales, donde se detectaron hallazgos fiscales que superan los $100 mil millones, de los cuales $72 mil millones corresponden a la CAR Cundinamarca.
En el primer semestre del presente año, luego de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República en la Corporación Autónoma del Cauca, CRC, según el ente de control, se detectaron irregularidades que muestran una gestión deficiente y pobres resultados en materia de protección ambiental. Igualmente denuncia la CGR que “las debilidades de gestión y el cúmulo de problemas detectados ponen nuevamente en discusión el tema de su autonomía”.
En este sentido la CGR evidenció que la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) en el cobro de la tasa retributiva presentó inconsistencias que ascendieron a $2.566 millones.
De otro lado, la situación encontrada en la CAR Cundinamarca también es preocupante: muestra una bajísima ejecución presupuestal y, además, una marcada concentración contractual. Por ejemplo, a un solo contratista se le adjudicaron 24 contratos por valor de $7.886 millones, constantes adiciones y prórrogas de los contratos, prevalencia de la contratación directa, bajísima ejecución presupuestal y obras con problemas en sus estudios y diseños, son algunas de las problemáticas detectadas en la CAR Cundinamarca.
A esto se suma que algunas de las obras que desarrolla como parte del Megaproyecto Río Bogotá (la PTAR Salitre Fase I y la PTAR Canoas), no cumplen con los requerimientos técnicos y contractuales.
También se detectaron irregularidades en la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) por invertir en el sistema financiero los billonarios recursos que se le entregaron hace algunos años para adelantar la ejecución de los proyectos ambientales y el tratamiento del Río Cauca y que en forma permanente se encuentran invertidos en el sistema financiero nacional e internacional; y se señalan irregularidades detectadas en CORTOLIMA, CORPOCESAR y la CARDER.
Las situaciones descritas se dan tras el escándalo desatado recientemente por las graves irregularidades detectadas por la CGR en la Corporación para el Canal del Dique – CARDIQUE, donde además de los cuantiosos hallazgos fiscales formulados por más de 23 mil millones de pesos, la Fiscalía General de la Nación capturó a varios altos funcionarios de esa Corporación.
En la Auditoría adelantada a CORTOLIMA, la CGR encontró que esta Corporación permitió, por su deficiente gestión, la prescripción de cobros coactivos por sanciones impuestas por valor cercano a $1.100 millones y el no cobro de más de $1.300 millones de tasa por uso de agua.
Con respecto a CORPOCESAR, se encontró que no se adelantó el cobro de la tasa por uso de agua por valor que ascendió a $3.000 millones, por la no expedición de las facturas ni la notificación a los usuarios.
En la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) suman aproximadamente $520 millones las inconsistencias en el cobro de la tasa retributiva.
