Burocracia y política

“¿y es que aquí también pagan?”

En el ideario de la imaginación popular el concepto de burocracia no es el de Max Weber ni el de James M. Beck, ni el de Hegel, ni el de Karl Marx en su obra “El 18 de Brumario de Luis Bonaparte”. El pragmatismo crítico de los usuarios, consumidores o ciudadanos, basado en la práctica social de sus gestiones ante las instituciones públicas nacionales, regionales o del orden nacional, está lleno de frases lapidarias y desapacibles, cuando no vulgares, sobre los burócratas.

Es común escuchar conceptos equivalentes a ineptitud, formalismos, papeleo innecesario, incremento de funcionarios, y, lo peor, corrupción encubierta o rampante.

La literatura colombiana, el periodismo y hasta el teatro y la poesía han tratado con suma dedicación y corrosivo humor el fenómeno de la ética en el servicio que prestan las entidades públicas e, incluso, de la empresa privada que no se salva del virus de la descomposición.

Fisiócratas, reformadores sociales, políticos, tecnólogos, investigadores, politólogos y sociólogos han hablado del gran parásito de la burocracia.

Claro está que en el saco de la ineptitud, la desidia, la corrupción y la indolencia no se puede echar a todos los funcionarios. Basta conocer las formas de comportamiento, los prestigios bien ganados, la atención al usuario, la idoneidad profesional, la capacidad para decir y hasta los semblantes kafkianos para saber quiénes son los interlocutores de los ciudadanos cuando se asiste a una oficina.

Lo extraño, insólito, es que en ese imaginario popular los ministros, los gobernadores, los burgomaestres, los gerentes, los directores, miembros del poder judicial y los militares parecieran estar blindados y excluidos de la etiqueta de la burocracia, que obra como una censura moral en los asuntos que tienen que ver con el manejo de los asuntos del Estado.

Saben los vecinos, ciudadanos, los interesados y personas que requieren de los servicios que se prestan en las oficinas, que la burocracia es imprescindible, necesaria, como una forma distintiva de organización administrativa, a través de la cual las decisiones de un sistema político determinado se convierten en realidades.

Lo que no tolera la gente es que se politice y corrompan las instituciones, que cuando son víctimas de la deshonestidad administrativa contribuyen a señalar en su medio social a los protagonistas de la inmoralidad, pero no denuncian por su incredulidad en la justicia.

Es allí, en la burocracia, en el ejército de funcionarios, de todos los niveles, donde se cristaliza la voluntad de la comunidad cuando elige a sus conductores políticos, lo que choca con la conducta ciudadana es que los políticos continúen interviniendo en las actividades institucionales como si las entidades fueran una hacienda o feudo de su propiedad.

Promover la independencia de las instituciones es un deber del Estado, para que la política se abstenga de entrometerse en la esfera de las determinaciones, directrices y la misma misión de las instituciones, para que éstas apliquen sus propios procedimientos, libres del mangoneo, la injerencia, la intromisión, el dominio telefónico y el “yo decido en esa entidad porque es mía”, como lo ostentan sin rubor los elegidos que reciben dádivas por su docilidad al Príncipe.

Si la función de las instituciones estatales sólo es mediada por organismos de control, independientes, ajenos a todo de ensañamiento político, o motivaciones de la misma índole, que en la mayoría de las veces no se pueden ocultar, por su dimensión dinosáurica, como aconteció con la destitución de Gustavo Petro, la democracia fortalece su legitimidad y los ciudadanos comprenden que permanece abierta a todos para participar en igualdad de condiciones de sus virtudes políticas.

Mientras tanto, la burocracia requiere del fortalecimiento de su independencia, desde la función de un inspector de policía hasta las altas cortes, porque los funcionarios no son servidores de los políticos, ni de los gobernantes, sino de una entidad moral que se llama interés público.

Los ciudadanos aceptan, incluso, que los políticos cuando llegan a las posiciones gubernamentales designen a sus colaboradores, porque conocen que la política es inevitable en un régimen como el colombiano, pero exigen que esas determinaciones políticas sean controladas, aun cuando se trata de funcionarios de bajo y mediano rango, donde también se filtran aguas turbias.

Si esto no ocurre la administración pública se envenena y se corrompe, tanto que hasta en los niveles inferiores de la burocracia se han observado ejemplos ilustrativos como el de un empleado que fue nominado por un eminente senador de la república para trabajar en una entidad estatal y seis meses después de posesionado no había pasado a cobrar sus sueldos, ante lo cual lo requirieron de la pagaduría para que lo hiciera, respondiendo con inaudito candor: “¿Es que aquí también pagan?”