Ya no es solo una sospecha de pasillo, es una indignación generalizada que crece con cada tragedia: ingresar a la sede de Bancolombia en Santander de Quilichao, ubicada en la carrera 10 con calle 5, se ha convertido en una actividad de alto riesgo. No estamos ante hechos aislados ni simple «mala suerte»; estamos ante un patrón criminal tan evidente que ofende la inteligencia de los quilichagueños. La pregunta que hoy nos hacemos todos, con rabia y preocupación, es: ¿Desde el interior de este banco se está entregando a los clientes?
Este domingo 25 de enero de 2026, el luto cubrió nuevamente al norte del Cauca. La profesora indígena Lucely Villegas Ipia fue asesinada tras retirar cerca de 20 millones de pesos de esa entidad. No la escogieron al azar. Los criminales fueron a la fija. Sabían quién era, cuánto llevaba y dónde lo guardaba. ¿Telepatía delincuencial? ¡No sean cínicos! Todo indica que la información sale de alguna ventanilla.
Las cifras son aterradoras. En los últimos 15 meses, Santander de Quilichao ha sufrido más de 22 fleteos; de esos, 16 casos corresponden a clientes que acababan de salir de Bancolombia. Solo en los primeros tres meses de 2025, ocurrieron seis fleteos, cuatro de ellos a usuarios de esta misma sucursal.
Aquí es donde la estadística se vuelve acusatoria: ¿Qué pasa con el Banco Agrario, Banco de Bogotá, ubicado en la misma calle, BBVA, a escasos metros, Davivienda, Banco Mundo Mujer, Bancamía, Mibanco, Cooprocenva y las demás entidades? En Santander de Quilichao operan múltiples instituciones financieras y en ninguna de ellas ocurre la tragedia sistemática que vemos en esta esquina, ni siquiera en la esquina de enfrente a escasos metros, donde funciona el Banco de Occidente.
Por esta razón, hoy le traslado la carga de la prueba a la entidad: es Bancolombia quien tiene la obligación de contradecir a todo un pueblo. Deben salir a dar explicaciones públicas de por qué estas «coincidencias» son permanentes y exclusivas de su sede. Ante la evidencia abrumadora, son ustedes los llamados a demostrar —con hechos, no con comunicados vacíos— que no son cómplices silenciosos del fleteo, porque la realidad en las calles, hasta ahora, se sugiere lo contrario.
Las redes sociales estallaron y amplifican este reclamo que ya no cree en casualidades:
- «Todo el mundo coincide en que el primer sospechoso es el banco».
- «El mismo banco se encarga de robar a las personas… se tenía que decir y se dijo».
- «En el banco tiene que haber un sapo. ¿Quién se va a dar cuenta que vas a retirar esa suma?».
¡Esto es el colmo! Bancolombia no puede seguir lavándose las manos escudándose en protocolos mientras sus clientes son «cazados» apenas cruzan la puerta. Si sus empleados usan el celular en horas de trabajo, si hay «marcadores» infiltrados o fallas graves en sus filtros de seguridad, es responsabilidad de la entidad responder.
Y a las autoridades: la percepción ciudadana es que los uniformados parecen estar de «excursión» o comiendo cholados mientras atacan a la gente. ¿De qué sirven las cámaras de seguridad si nadie ve nada? La Fiscalía General de la Nación tiene que dejar de buscar solo en las calles y empezar a mirar hacia adentro. Es urgente investigar las comunicaciones y movimientos del personal de esa sucursal.
Señores de Bancolombia: La duda está sembrada y los muertos los pone el pueblo. O limpian su casa y garantizan la vida de quienes confían en ustedes, o la historia los juzgará como la entidad donde retirar dinero es jugarse la vida.
¿Hasta cuándo permitirán que la «sucursal» se convierta en una trampa mortal?
ANEXO: LA EVIDENCIA ES PÚBLICA
Para garantizar la transparencia y el rigor de esta denuncia, a continuación publicamos el dossier completo que sustenta este editorial. En este anexo encontrarán la cronología de los hechos, las fechas exactas, los antecedentes noticiosos de los últimos años y, sobre todo, los testimonios y reclamos textuales de la ciudadanía con nombres propios. Ponemos este material a disposición de la opinión pública y, especialmente, de las autoridades competentes, para que cuenten con los insumos necesarios e inicien —de oficio— la investigación exhaustiva que es su obligación constitucional.
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