ANT busca recuperar tierras públicas en Sucre

ANT busca recuperar tierras públicas en Sucre / Con demanda histórica, la ANT busca recuperar tierras del Estado en manos de poderosos latifundistas.

Redacción Bogotá – Por: Carlos Villamil.

La Agencia Nacional de Tierras ─ANT─ radicó la primera demanda que busca resolver un conflicto agrario extendido por más de 25 años y poner al servicio de las comunidades campesinas y pesqueras el deslinde de la Ciénaga de Don Antonio o Cholén, un cuerpo cenagoso situado en el municipio de San Benito Abad, en el departamento de Sucre.

Este caso, que cerró su etapa administrativa en diciembre de 2024, involucra 187 hectáreas de tierras públicas ocupadas de manera irregular por hacendados, campesinos y pescadores, donde se han originado muertes a causa de los enfrentamientos sostenidos en el lugar.

“Una de las grandes discusiones en el debate de Reforma Agraria era que el gobierno iba a expropiar y lo que revisamos de manera directa es el robo y acaparamiento sistemático de bienes que son de la Nación, y el que ha sido despojado ha sido el Estado por gente que se ha lucrado de ello, por lo que la jurisdicción agraria es clave para resolver estos conflictos”, dijo Felipe Harman. director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en una rueda de prensa en las instalaciones de la entidad en Bogotá.

Tras evidenciar que hay en esas zonas estigmatización contra el campesinado, persecución sistemática y muerte, agregó que «la ciénaga ha sido acaparada por latifundistas, la llenaron de cercas y ganado, siendo estos baldíos de la Nación. La semana pasada en Ciénaga Grande literalmente fuimos destruidos que reconstruir el deslinde de finales de los 80 y ya recuperamos 1200 hectáreas que estaban ocupadas por los latifundistas de la región que eran de ellos y que el campesino que se involucrara en esos bienes era un invasor”.

Con la radicación de esta primera demanda, la ANT da un paso histórico en la justicia agraria, tras la Sentencia C-294 de 2024 en la que la Corte Constitucional declaró inexequible la competencia que le habilitaba a decidir de fondo los procesos agrarios, que son casos bajo el Decreto Ley 902 de 2017.

Estos procesos tienen dos fases, una administrativa y otra judicial, y en los cinco años que ha durado la norma, no han avanzado, por lo que la Agencia Nacional de Tierras tiene cientos de casos que llevarán a la jurisdicción ordinaria a la espera de su finalización, para la cual se desconoce el tiempo que pueda demorar.

La primera de cien demandas

Informó que en cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional esta es la primera demanda de aproximadamente 100 demandas solicitadas para poder radicar durante este año.

Esta primera demanda, que la Agencia Nacional de Tierras presenta ante la jurisdicción ordinaria debido a la falta de una ley que regula la Jurisdicción Agraria, no solo es una acción jurídica, sino también una medida de protección para las comunidades campesinas y pescadoras de la región.

Además, este caso es emblemático, porque involucra derechos colectivos de comunidades rurales que han sido víctimas de desplazamientos forzados, acaparamiento de tierras y hechos violentos que han ocasionado el asesinato de tres de sus miembros, situaciones que han sido denunciadas ante la Comisión de la Verdad y otras entidades. Por ello, la resolución de este conflicto tiene un valor para la justicia social y la reparación integral de las víctimas en zonas de alta conflictividad agraria.

Por su parte, Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica, expresó que la Agencia Nacional de Tierras hace un llamado urgente al Congreso de la República para que apruebe la Jurisdicción Agraria, que permitirá la creación de jueces especializados en esta materia quienes facilitarán la resolución de los numerosos casos que, como el de la Ciénaga de Don Antonio o Cholén, requieren de atención urgente. “La falta de una Jurisdicción Agraria clara y efectiva, dificulta el acceso a la justicia para las comunidades campesinas, y dificulta la resolución de conflictos agrarios de forma oportuna”.

A su vez, la ANT insta a la Rama Judicial a que, mientras no se cuente con la Jurisdicción Agraria, se atiendan con celeridad los casos agrarios en las instancias ordinarias. “La situación es crítica, y es imperioso que se brinde una respuesta diligente a las comunidades campesinas que llevan muchos años esperando la intervención de la justicia para resolver sus conflictos por el acceso y la restitución de tierras”.