Por Incumplimiento
Por: L. Felipe Solarte Nates.Tal como lo habíamos previsto en el informe publicado el 21 de agosto, sobre la sesión en la Comisión 3ª del Senado, para tratar el problema del incumplimiento del contrato entre Cedelca y la Compañía Eléctrica del Cauca, C.E.C., este fue rescindido por incumplimiento, mediante resolución firmada por el agente interventor de la Superintendencia Nacional de Servicios, Ricardo Rodríguez Yue.
ANTECEDENTES
Hace siete años, a raíz de la crisis administrativa, financiera y técnica, registrada por Cedelca E.S.P., la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos intervino la empresa, que hasta el momento había sido controlada por políticos caucanos, la mayoría vinculados al ‘Frente Nacional’ que por motivos familiares y políticos conformó en el Cauca, el entonces senador liberal Aurelio Iragorri, su cuñado, el otrora senador Ignacio Valencia López y posteriormente los sucesores de este.
Durante décadas la empresa, con mayoría de capital de la Nación y un pequeño porcentaje de acciones del Departamento, Municipios y particulares, emprendió la electrificación de una región atrasada, sin vías, asumiendo la construcción y manejo de microcentrales hidroeléctricas dispersas en siete municipios, (entre ellas las de Mondomo, en Santander de Quilichao; El Palo, en Caloto; Guadalejo, en Inzá, entre otras) y posteriormente la construcción de Florida II, en Popayán, la de mayor capacidad de generación.
Recién constituida Cedelca, para la financiación del proceso de electrificación urbana y rural, en 1959, fue aprobada en el Congreso una ley según la cual en los recibos del impuesto predial, los caucanos debían pagar un impuesto del 2 por mil anual, y por el que al 2009, cuando fue derogada la ley, había recaudado cerca de $900.000 millones, según el abogado Henry Ruiz Tosse, de la Veeduría Ciudadana.
Controlada por políticos, Cedelca fue puntal clave para las campañas electorales, ya que además del manejo de la nómina del numeroso personal de empleados y trabajadores, adjudicación de licitaciones, contratos y compras a proveedores, la promesa de instalar las redes de transmisión de energía en las poblaciones y veredas del Departamento, -hasta donde hasta a lomo de mula, por no existir carreteras, eran llevados postes, cables y transformadores-, poco antes de las elecciones, fue un arma eficaz para ganarlas.
Durante el segundo gobierno departamental de Cesar Negret Mosquera, con la venta de las acciones de los Municipios y el Departamento a la EPSA, correspondientes a la Salvajina y territorio recorrido por el río Cauca, el Departamento y los Municipios aumentaron la participación accionaria en Cedelca, llegando en total a cerca del 35%.
Sin embargo el abuso en los nombramientos de personal, compras irregulares y excesivos gastos, sumados al deficiente servicio, elevado costo del mismo y altas pérdidas de energía, obligó al gobierno nacional, por intermedio de la Superintendencia de Servicios Públicos, a intervenir la empresa para intentar salvarla de la liquidación, tal como en tres años había hecho con Emcali por motivos similares y posteriormente con Emsirva y otras empresas de servicios públicos del país, ‘abusadas’ por políticos clientelistas.
Con la intervención de Cedelca en el Cauca, se temió lo peor, pues en ese entonces el gobierno nacional atendiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional F.M.I y el Banco Mundial B.M., se había embarcado en la política privatizadora de las grandes empresas públicas del país, entre ellas las electrificadoras que estaban en crisis y las cuales primero deberían ser recuperadas antes de venderlas o de lo contrario sufrirían grandes perdidas, la Nación y también el Departamento del Cauca y los Municipios, en el caso de Cedelca, ya que habían aumentado su porcentaje accionario.
Los tres agentes interventores nombrados por la SSP, para administrar e intentar Cedelca, cumplieron una importante labor, destacándose el proceso de concertación con los trabajadores y empleados desarrollado por Sebastián Silva Iragorri, para renegociar la convención colectiva del trabajo, que demandaba elevados gastos de funcionamiento y para disminuir la planta de personal sobredimensionada, indemnizando a numerosos empleados, no nombrando reemplazos a los jubilados, optimizando la compra de equipos, mejorando el funcionamiento de las microcentrales generadoras de energía, para mermar las compras a Interconexión Nacional, así como la construcción de nuevas subestaciones y mejoras en las redes.
Con la renuncia de Silva Iragorri, la SSP designó a Ricardo Rodríguez, como agente interventor de Cedelca, E.S.P., quien consolidó las políticas iniciadas por sus antecesores, perfeccionando los contratos con los ex trabajadores de la empresa, agrupados en cooperativas, para operar las microcentrales y hacer mantenimiento de redes y poco antes de entregar la administración de la empresa a la C.E.C., presentó un positivo balance técnico, con la instalación de 24.000 medidores nuevos y el cambio de 1.050 transformadores; la adecuación del circuito San Bernardino – Santander a 115 Kvs, con la disminución de perdidas de energía, y en el aspecto financiero sin deudas a proveedores y contratistas y al 1 de diciembre de 2009, con un excedente financiero de $7.000 millones, según informó en el Senado, José Darío Salazar.
Durante la sesión del 4 de agosto del presente, citada en la Comisión 3ª por el senador Aurelio Iragorri Hormaza, éste presentó una serie de irregularidades que repetidamente venía cometiendo la C.E.C., desde el 1 de diciembre de 2009, cuando asumió la plena administración de la empresa, después de ganar una licitación abierta por Cedelca, ante dos empresas que ofrecieron menos recursos económicos, con la promesa de invertir cerca de 400 millones de dólares en 20 años.
La alerta de lo inconveniente y el incumplimiento del contrato firmado entre Cedelca E.S.P. y la Compañía Eléctrica del Cauca, C.E.C., la habían dado en los primeros meses de 2009 los trabajadores de las cooperativas formadas por ex trabajadores de Cedelca, miembros del sindicato nacional del sector y en parte recogidas por el hoy secretario de Planeación Departamental, Santiago Zambrano Simmonds, en artículos publicados en el diario El Liberal, donde denunciaba además de las notorias irregularidades en la ejecución del contrato, el oscuro origen de la empresa C.E.C., registrada en la Cámara de Comercio de Panamá, con un capital de 10.000 dólares (cerca de $20 millones), por inversionistas de Armenia y Pereira, para invertir en 20 años más de 400 millones de dólares.
A raíz de las repetidas quejas de la ciudadanía por el mal servicio, debido a frecuentes interrupciones, la premura en los cortes del servicio por breves retrasos en los pagos de las facturas, el no pago a la empresa de alumbrado público de Popayán, sumadas a la inconformidad de los profesionales y trabajadores caucanos, al preferir vincular en nómina a personal foráneo, proveedores, trabajadores y contratistas a quienes no se les había cancelado los dineros correspondientes, en mayo de 2009 el gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González M., escribió a la Superintendente Nacional de Servicios Públicos, Eva María Uribe y al Ministro de Minas, denunciando las irregularidades y el incumplimiento del contrato por la C.E.C.
Al asumir la investigación la Superintendencia, constató la veracidad de las acusaciones y la ‘prueba reina’ de la incapacidad económica y administrativa de la C.E.C. para cumplir los términos del contrato la destapó, en la sesión del 4 de marzo en la Comisión 3ª, el senador José Darío Salazar, al divulgar el informe de la compañía interventora del contrato, en el cual se evidenció que la empresa venía incumpliendo sistemáticamente los términos del mismo, en aspectos técnicos, administrativos y financieros y además, no suministraba a tiempo y completa, la información y los documentos requeridos periódicamente por los interventores.
Entre las principales irregularidades denunciadas estaban: además del incumplimiento en el pago a trabajadores, contratistas y proveedores, el no pago a la empresa de alumbrado público de Popayán, y a la misma Cedelca del canon mensual de arrendamiento por $1.200 millones además del apropiamiento de cerca de $12.000 millones propiedad de Cedelca, por concepto del recaudo del mes de noviembre de 2008, considerando que el contrato con la C.E.C., entró en vigencia el 1 de diciembre.
En conclusión la Compañía Eléctrica del Cauca, C.E.C., venía trabajando con capital ajeno, de la misma Cedelca, $520 millones mensuales, del alumbrado público de Popayán, durante 7 meses ($3.400 millones) y del cobro mensual de las facturas y en la práctica no mostraba de su bolsillo, los cerca de $40.000 millones que se comprometió a invertir este año.
Esta anómala situación denunciada por quienes intervinieron en el debate del 4 de agosto, en la Comisión 3ª del Senado, vislumbraba la decisión tomada el 10 de septiembre por el agente interventor de la Superintendencia de Servicios en Cedelca, Ricardo Rodríguez, con el respaldo de la directora Nacional Eva María Uribe, y según el cual, después de un exhaustivo estudio jurídico, se rescindió el contrato por evidente incumplimiento del mismo, aplicándole a la C.E.C. la póliza de cumplimiento firmada por una cuantía cercana a los $50.000 millones.
Por ahora, Cedelca E.S.P. reasumirá la administración y prestación del servicio, mientras deciden si abren una nueva licitación, se la entregan a los trabajadores como lo solicitan directivos de la Unión de Trabajadores de Energía eléctrica, UTEN, empresarios caucanos, incluidos los industriales del norte del Cauca y el sector público, crean una nueva empresa o el gobierno nacional decide liquidarla, lo que sería lo peor, según lo expresado por varios dirigentes y autoridades departamentales, como Santiago Zambrano Simmonds, quien expresó que el contrato debió ser liquidado hace tres meses, cuando las deudas de la C.E.C. no eran tan cuantiosas para administrarla.
Tómese la decisión que sea, habrá que tener en cuenta la experiencia negativa con la C.E.C., cuando se dejaron deslumbrar con los ‘pajaritos de oro’ que prometió esta empresa ofreciendo invertir casi el doble ofrecido por las dos empresas que perdieron la licitación, pero sin tener efectivo para responder.
