Preocupación en los medios por Ley de Inteligencia propuesta por el Gobierno

A pesar de que los medios de comunicación han destapado graves irregularidades cometidas en el sector oficial, como por ejemplo, los abusos de las ‘chuzadas’ y los seguimientos ilegales del DAS, la ley de inteligencia y contrainteligencia radicada esta semana por Juan Manuel Santos, Presidente de la República, en el Congreso busca regular y limitar esta actividad dentro del Estado, lo cual ha generado categórica preocupación de periodistas y medios.

Ya se prevé que algunos puntos serán motivo de polémica cuando se inicie su discusión en el Legislativo porque, con la idea de garantizar la protección de la información de inteligencia, es decir, la reserva, se daría pie para que algún funcionario abuse de la norma, como se ha visto en casos específicos, donde, incluso sin la norma, se niegan o dilatan la facultad periodística del acceso a la información.

El objetivo que se persigue es que no se ponga en riesgo la seguridad nacional por filtraciones a los grupos armados ilegales, ni se ponga en riesgo el derecho a la intimidad de las personas, “porque mucha de esa información le da una información a los bandidos, a los terroristas, a los enemigos, valiosísima, para protegerse de cualquier acción”, argumentó el Presidente-periodista.

Concretamente, según lo divulgó El Espectador.com, se trata del artículo 35: reforma a los delitos de divulgación y empleo de documentos reservados y acceso abusivo a un sistema informático. En él se establecen modificaciones al Código Penal y se advierte que quien “en provecho propio o ajeno, o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en pena de prisión de cinco a ocho años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”.

Asimismo, señala que “el servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en pena de prisión de cinco a ocho años y multa de 20 a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por diez años.

Dice El Espectador: “Se trata, sin duda, de un tema espinoso en el que los conceptos son de todos los tintes. Incluso, el actual debate, que gira en torno a la divulgación de los cables de Wikileaks, aunque no se trate propiamente de documentos de inteligencia, puede ser también un punto de referencia. Por ejemplo, el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, el guatemalteco Frank La Rue, es de los que cree que la seguridad nacional implica una limitación a la libertad de expresión, “pero hay que demostrar muy específicamente cuál es la amenaza a la seguridad nacional”.

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