El hallazgo fiscal Nº 075 del 10 de abril de 2013 detectado en auditoría gubernamental, también involucra al secretario de planeación del municipio y al contratista responsable del Programa de Alimentación Escolar- PAE del ICBF.
Con el fin de determinar y establecer responsabilidades por un presunto daño patrimonial que asciende a más de 123 millones de pesos, el director técnico de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la Contraloría General del Cauca, Robinson Luna Parra, ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra Clemente Lucumí Golú en calidad de alcalde de Buenos Aires, Cauca, durante las vigencias 2010 y 2011; Gustavo Javier Gutiérrez Palomino, secretario de planeación, y contra el contratista Carlos González Serna como representante legal de la sociedad de economía mixta denominada GESEPS.C.A.E.S.P., que había sido contratada para garantizar el Programa de Alimentación Escolar- PAE del ICBF.
De acuerdo con la notificación conocida por Proclama del Cauca, la Contraloría detectó presuntas irregularidades en la ejecución del contrato interadministrativo 006 de 9 de diciembre de 2010 por valor de $123’350.757 que tenía por objeto la prestación del servicio de alimentación durante la jornada escolar a los niños y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana, acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria escolar –Programas de Alimentación Escolar – PAE del ICBF, pero según el ente fiscalizador fue un servicio que no se prestó a pesar de que se había designado al secretario de planeación como supervisor del contrato “quien debía controlar su correcta ejecución y cumplimiento incurriendo en omisión de lo anteriormente expuesto”.
En la respectiva notificación advierte la Contraloría que “no existen documentos que evidencien el servicio de alimentación escolar en el Municipio Buenos Aires, Cauca…” y que “el pago sobre lo que no se existe evidencia del servicio prestado constituye una erogación, un gasto injustificado, que implica una disminución o merma de los recursos asignados al Municipio, que inciden en el cumplimiento de objetivos, y metas, configurándose así un presunto hallazgo fiscal en la cuantía de $123.350.757 originado en presunto incumplimiento de obligaciones …”. Igualmente indica la notificación que los vinculados al proceso deben ejercer su derecho de defensa y contradicción.
