El nuevo rumbo de la paz en Colombia

Por: Guido Germán Hurtado Vera Historiador y Politólogo

Colombia se caracteriza por tener el conflicto armado más viejo y degradado de América Latina, 50 años. Además por tener los procesos de negociaciones más largos de la región, 32 años.

En 1982 cuando comenzó el primer proceso de paz en Colombia no existían modelos para resolver una guerra civil a través de negociaciones. Solo existían perdedores o ganadores. Hoy el común de la gente aun piensa que el intento de paz de Betancur Cuartas fracasó. Y es cierto, fracasó. Sin embargo, hay que reconocer que hubo un cambio importante en el discurso político, porque reconoció que la oposición armada es un actor político y era necesario abrir un diálogo con ella. Tal vez la frase en su tumba, cuando muera, sea “aquí descansa un cándido poeta, que jugó a ser Presidente”.

En 1986 Barco negoció sobre los pasos del desarme y la posterior incorporación en la vida política legal. Los asuntos políticos y sociales tendrían que ser tratados en otros espacios y dirigidos a otros opositores que no pertenecían a los movimientos armados. En el fondo, su objetivo no era negociar una solución al conflicto armado, sino legitimar el Estado y deslegitimar la guerrilla. La estrategia sirvió parcialmente. Consiguió la incorporación a la vida civil del M-19, la mayor parte del EPL, y el Quintín Lame. Esa fue una paz parcial, no completa.

En 1990 Gaviria Trujillo distinguió entre la solución del conflicto armado y la discusión de los grandes problemas nacionales. La guerrilla respondió que el asunto de la crisis nacional estaba en su agenda para ser discutido, pero que no estaba interesada en una solución al conflicto armado, el negocio en el narcotráfico no se lo permitían. La política de Gaviria era la maquiavélica prolongación de la estrategia de la administración Barco y hasta allí llegó. Lo demás fue, bienvenidos al futuro de la artimaña.

En 1994 Samper Pizano quiso darle un viraje a la política de los últimos años de Gaviria, que pretendía tratar a la guerrilla simplemente como un grupo de cuatreros y secuestradores, sin reconocer su carácter político. Samper restituyó la concepción política del conflicto: un conflicto armado de causas históricas. Pero se quedó sus cuatro años respondiendo por el proceso 8.000. Mientras los colombianos asistíamos al nacimiento de la degradación de la guerra, masacres e intensa confrontación de guerrilla, paramilitares y Fuerzas Armadas. Y todo lo anterior a sus espaldas.

En 1998 con Pastrana el proceso nació lacerado. Así lo simbolizan la ‘Silla Vacía’ y la bandera acuchillada por los miembros de las Farc. Tal proceso tuvo dos propósitos. Para Pastrana, ganar las elecciones. Para las Farc, utilizar el Caguán para recuperase y robustecerse militar y financieramente. Luego del fracaso del proceso tomó fuerza en la opinión pública la posibilidad de superar el conflicto manu militari, y se legitimó el paramilitarismo, con indiscutibles secuelas para el diseño de una política de paz con futuro.

En el 2002 el gobierno de Uribe Vélez diseñó una política que se sustentó en la premisa de negación del conflicto armado y en consecuencia una política militar y presupuestal que pretendió la derrota de un grupo de bandidos que devastaban el país. Mientras tanto por el país, enceguecido por el nuevo caudillo, campeaban la corrupción y los falsos positivos.

En el 2010 durante el gobierno de Santos se adelantan conversaciones con las Farc. Éstas se cimentan en el documento llamado “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Por ahora, se ha convenido en los tres primeros puntos de los cinco de la agenda: el desarrollo rural, la participación política y la lucha antidrogas. Sí se quiere un adelanto importante. La crítica está en que las negociaciones están sujetas a votos y reelección.

Lo importante de este nuevo rumbo por encima de los anteriores es que se encauza bajo el contexto de la derrota de quienes se llaman los “señores de la guerra” y la apuesta por la ampliación de la institucionalidad de la sociedad colombiana. La única forma de mantener las libertades y las garantías institucionales en las sociedades amenazadas por la violencia es a través del procedimiento de fortalecer y ampliar la democracia, mediante verdaderas reformas sociales y políticas, pues solo en la medida en que las responsabilidades colectivas crezcan, crecerán también los mecanismos institucionales y se incomunicará el espacio para la violencia y el desorden social.

De esta manera, no es posible un posconflicto pensado sin una democracia fuerte y activa, y para tal efecto el camino del fortalecimiento institucional acompañado de reformas sociales y políticas es completamente obligatorio. El incremento de la democracia y la construcción de una institucionalidad fuerte, tienen que ver necesariamente con que las negociaciones del conflicto entre el gobierno y las de los grupos alzados en armas, se base en una agenda realista, y este nuevo proceso de paz la tiene.

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