De la destitución de Petro

                La firma de destitución del alcalde de Bogotá Gustavo Petro se veía venir. La demora fue el pronunciamiento del Consejo de Estado para que el presidente Santos tomara la incómoda decisión. En varias ocasiones el presidente manifestó no compartir al pie de la letra los dictámenes de la Procuraduría en contra de Petro. Al final, no pudo evadir el dilema tanto legal como moral y le tocó firmar lo que había deseado no hacer.

              En la práctica poco sirvieron las múltiples expresiones de descontento producidas por la destitución e inhabilidad para el ejercicio de los derechos políticos de Petro durante quince años por parte del procurador Alejandro Ordoñez. Ni las protestas masivas en la capital del país, ni las múltiples expresiones de solidaridad nacional e internacional pudieron atajar la cuestionada decisión.

             Mucho se ha discutido y seguramente se seguirá discutiendo sobre las decisiones del procurador y del presidente. Este nombró como alcalde encargado de Bogotá al ministro Rafael Pardo -cuya designación fue bien recibida por la opinión pública- quien asumió el cargo en actitud serena y sencilla, manifestando su intención de contribuir por un periodo transitorio, en la solución de la crisis capitalina.

             Las circunstancias pusieron a Santos entre la espada y la pared: acceder los requerimientos del derecho internacional en el caso de las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cumplir la Constitución Política que juró acatar y defender. Las dos son de obligatorio cumplimiento. Al inclinarse por cualquiera de las dos decisiones, de todas formas Santos sería cuestionado y optó por la segunda. Pensamos que para decidir tuvo que haberse asesorado de expertos de Derecho tanto nacional como internacional. En esta situación no hubo lugar para un término medio. El principio lógico del tercero excluido sostiene que ante dos juicios contradictorios no existe una tercera posibilidad, por lo tanto hay que decidirse por uno. Santos se quedó con la Constitución y en nuestro criterio, hizo bien. Ello no significa desconocer que las medidas cautelares de la CIDH sean de obligatorio cumplimiento. Pero lo dilemas legales y morales deben resolverse, así se espere en un futuro que el Estado colombiano sea condenado o sancionado internacionalmente.

              El ordenamiento jurídico colombiano da demasiadas atribuciones al Procurador, tantas que puede terminar con poderes omnímodos. Se pensó que el citado ente de control no podía destituir un funcionario elegido popularmente, porque esta no era su función y sin embargo se hizo. Lo mismo sucede con respecto a las atribuciones del Presidente de la República correspondientes al sistema político presidencial. La Constitución Política da tanto poder a la figura presidencial que uno de los mayores peligros del sistema presidencial es que degenere en presidencialismo, que en el caso del presidente Santos, por fortuna no se ha llegado. Para evitar tanto poder al Presidente como al Procurador hay que reformar la Constitución. Así de sencillo.

              Petro tiene toda la razón de sentirse herido. A todas luces se ha cometido una injusticia contra él. Pero en un Estado de Derecho, prima la Ley, independientemente de que esta sea justa o no. Lo que no compartimos es que Petro haya convertido a Santos en chivo expiatorio de su situación actual, simplemente porque el Presidente priorizó cumplir la Constitución.

               En entrevista con El Espectador, Petro, entre otras cosas, afirmó: “No puedo decir que soy ciudadano porque Santos me quitó parte de mi ciudadanía y mis derechos políticos. Ha sido muy duro”. Y agregó que Santos le incumplió porque antes de viajar a Washington y el pasado 18 de diciembre le expresó: “Quiero ser neutral, no puedo estar ni con el procurador ni con usted”. Y ante esta postura presidencial, Petro le solicitó que mantuviera esa misma neutralidad ante la CIDH, habiéndole contestado el Presidente: “No hay problema, si la CIDH decide a su favor, yo lo respeto”. Tiene razón Petro de estar chocado con el Presidente, pero ambos debieron presuponer que ese compromiso no podía subsistir por mucho tiempo. Sobre todo, promesas provenientes de un personaje público como Santos, que en muchas ocasiones del ejercicio de su vida pública, ha sido catalogado como inconsistente, como muchas otras figuras políticas en este país. En alguna ocasión -estimó Santos- la conveniencia de cambiar llevado por las circunstancias y que ser consecuente podría resultar cuestión de imbéciles. Falta a Petro estudiar más de la condición humana que aconseja el autor de “El Príncipe”. Infortunadamente así es la política. Y Santos está en campaña por la reelección y como zorro en política sabe como comportarse en las debidas circunstancias. No creemos que la decisión de Santos de firmar la destitución de Petro influya mucho en la reelección. Es posible que no capte los votos esperados en la capital de la República.

               Mientras tanto, el Movimiento Progresista anuncia que presentará un listado de candidatos para suceder a Petro quienes deberán ser defensores de la Bogotá Humana.