La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, relacionados con supuestos pagos a exparamilitares para modificar sus testimonios.
La decisión, fechada el 12 de noviembre de 2026, fue adoptada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia Sandra Helena Portilla Constain, quien concluyó que las pruebas recaudadas no permitieron establecer la existencia de los pagos denunciados.
La investigación se relacionaba con señalamientos sobre presuntas entregas de dinero a Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez, antiguos integrantes de grupos paramilitares. El senador Iván Cepeda Castro figuraba como denunciante.
Durante las diligencias, la Fiscalía examinó declaraciones, documentos y operaciones financieras, incluido el levantamiento de una hipoteca. El despacho determinó que no había elementos suficientes para relacionar esas operaciones con supuestos pagos por testimonios judiciales.
¿La decisión cierra definitivamente el caso?
El archivo fue ordenado con fundamento en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que la investigación podrá reabrirse si aparecen nuevas pruebas y la acción penal continúa vigente.
La determinación corresponde a un expediente específico y es distinta del proceso principal por presunta manipulación de testigos que llegó a juicio en Bogotá.
Tras conocerse la decisión, el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente, celebró el resultado y sostuvo que se había hecho justicia con su cliente.
La resolución representa una decisión favorable para Uribe dentro de esta investigación, sin que deba confundirse con una sentencia absolutoria sobre todos los procesos judiciales que lo han involucrado.
