El contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, ordenó una revisión prioritaria de cinco contrataciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por aproximadamente $20.783 millones, ante denuncias sobre posibles sobrecostos, fallas técnicas e incumplimientos contractuales.
La decisión fue anunciada este lunes 9 de noviembre, luego de las revelaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en la adquisición de equipos y bienes durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Entre los contratos que serán examinados aparecen la compra de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones, que sufrió un siniestro en marzo de 2026, y la adquisición de tres sistemas antidrones por $8.340 millones.
También serán revisadas la compra de 595 computadores por $1.314 millones, un sistema de identificación biométrica por $580 millones y mobiliario para las instalaciones de la DNI en Funza, Cundinamarca, por $1.549 millones.
La Contraloría verificará si los equipos fueron entregados, si cumplen las especificaciones técnicas, cómo se utilizaron los recursos y si hubo posibles sobrecostos. Además, examinará el estado del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2).
“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos”, advirtió el contralor Laverde Vargas.
El organismo de control precisó que estas actuaciones no constituyen una declaración de responsabilidad. Los resultados de las verificaciones determinarán si existió algún daño al patrimonio público y si corresponde adelantar procesos fiscales o trasladar información a otras autoridades.