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Miércoles, 21 de octubre de 2026

Contraloría investiga faltante de $13,8 millones en El Patía

La Contraloría General del Cauca abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $13.868.433 en el...

Contraloría investiga faltante de $13,8 millones en El Patía

La Contraloría General del Cauca abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $13.868.433 en el Municipio de Patía, derivado de recursos recaudados que, según el expediente, no fueron consignados en las cuentas oficiales de la administración municipal.

El proceso corresponde al radicado PRF-32-26 y fue abierto mediante el Auto No. 25 del 30 de junio de 2026. La actuación se originó en el Hallazgo Fiscal No. 36 del 8 de abril de este año, surgido de una denuncia sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

De acuerdo con la Contraloría, el faltante fue detectado durante conciliaciones bancarias realizadas en septiembre de 2024. El organismo de control estableció que dineros recaudados los días 27 y 30 de agosto, así como el 3 y 4 de septiembre de ese año, no aparecían respaldados por consignaciones en las cuentas bancarias del municipio.

El expediente detalla dos diferencias: una por $6.576.920 correspondiente a recaudos del 27 y 30 de agosto y otra por $7.291.513 detectada en el movimiento de caja entre el 1 y el 10 de septiembre. La suma de ambos valores corresponde a los $13.868.433 objeto de investigación.

 

 Uno de los elementos centrales del expediente señala que, según la documentación allegada a la Contraloría, el funcionario encargado del recaudo manifestó en su momento que había tomado el dinero para atender una necesidad familiar. Esta afirmación hace parte de los antecedentes de la investigación y no constituye una decisión definitiva de responsabilidad.

La Contraloría vinculó como presuntos responsables fiscales a Jhon Jairo Fuentes Quinayás, alcalde de Patía para la época de los hechos; Johana Andrea Valencia Rengifo, entonces tesorera municipal; y Enar Duván Gómez Quiñónez, técnico administrativo adscrito a la Secretaría Administrativa y Financiera.

El organismo de control plantea dentro del proceso posibles irregularidades relacionadas con apropiación indebida de recursos públicos, abuso de confianza y fallas en los controles internos o en la supervisión jerárquica. La apertura del proceso no significa que exista una decisión definitiva contra las personas vinculadas.

El 2 de septiembre, la Contraloría notificó por aviso al alcalde Jhon Jairo Fuentes sobre la apertura del proceso, luego de que no pudiera realizarse la notificación personal. El documento le concede diez días hábiles para rendir versión libre, presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa.

 

 

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Redacción Proclama del Pacífico

Periodismo verificado desde Santander de Quilichao, Cauca.

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