La injusta justicia colombiana

Por Alfonso Luna Geller / La arquitectura constitucional de Colombia se fundamenta en la igualdad ante la ley, un principio que hoy se desmorona frente a la evidencia de una justicia que opera con velocidades y rigores diferenciados.

El contraste entre el cerco judicial a funcionarios del Gobierno Petro y la pasmosa vigencia de legisladores condenados, generalmente uribistas, revela que en el país la balanza no solo está inclinada, sino que parece tener dueño.

Por una parte, asistimos a la celeridad con la que los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación despliegan medidas de aseguramiento y juicios de responsabilidad contra los ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Sin restar importancia a la vigilancia sobre la administración pública, la espectacularidad de estas acciones —antes de que existan fallos definitivos— contrasta con el tratamiento otorgado a otros actores del poder tradicional. En el caso de los ministros, la presunción de inocencia parece ser un estorbo administrativo, mientras que para otros es un blindaje eterno.

El ejemplo más escandaloso de esta asimetría lo protagoniza el senador Ciro Ramírez.

Sobre el congresista pesa una condena de la Corte Suprema de Justicia que supera las dos décadas de prisión por el entramado de corrupción en «Las Marionetas».

Resulta un agravio a la inteligencia nacional que, con una sentencia de tal magnitud, el país deba presenciar cómo el senador condenado se pasea por el recinto del Congreso, interviene en debates, percibe sueldo del Estado e increpa a sus colegas con la arrogancia que otorga la impunidad de facto.

Esta «injusta justicia» se alimenta de dos vicios estructurales. Primero, la instrumentalización de la rama judicial como herramienta de combate político, donde la apertura de un proceso se utiliza como sentencia mediática inmediata. Segundo, la inoperancia en la ejecución de penas cuando el condenado pertenece a las castas políticas que aún controlan los hilos de la burocracia judicial. Mientras un ciudadano del común es procesado con todo el peso del aparato estatal, un senador condenado por desvalijar el erario sigue legislando sobre el destino de quienes él mismo defraudó.

Lo que sucede en Colombia no es solo una falla en los procedimientos; es una crisis de legitimidad que amenaza la estabilidad democrática.

La justicia deja de ser tal cuando se convierte en un sistema de privilegios para unos y de persecución para otros.

Los colombianos no podemos ser testigos mudos de un sistema que permite a un criminal de cuello blanco insultar a la nación desde una curul, mientras se ensaña con quienes no tienen el respaldo de las maquinarias tradicionales.

Es imperativo que la justicia sea una sola, ciega ante los cargos, pero implacable ante los hechos, o terminaremos aceptando que en Colombia la ley es apenas una sugerencia para los poderosos.

FOTO-CARICATURA: https://gemini.google.com/

Otras publicaciones de Alfonso Luna Geller en Proclama del Pacífico: