La paciencia tiene un límite, y la dignidad de las víctimas, un precio que no se negocia en las urnas. Como integrante del Comité de Impulso de Periodistas Víctimas del Conflicto Armado, he esperado —junto a todo un gremio lacerado por la violencia— que el Estado cumpla su compromiso. Llevamos años aguardando la implementación del Plan de Reparación Colectiva, un documento que en el papel está aprobado, pero que en la realidad ha sido truncado sistemáticamente por la mediocridad, la incompetencia y la desidia de una burocracia inútil que se tomó la Unidad para las Víctimas.
Hoy entendemos con dolorosa claridad por qué no avanza la reparación: porque la entidad encargada de sanar las heridas de la guerra se convirtió, al parecer, en la caja menor de la politiquería corrupta.
Las recientes denuncias reveladas por medios como El Espectador, El País de España y Semana, confirman lo que muchos temíamos. La Unidad no está al servicio de las víctimas, sino que ha sido utilizada como un vergonzoso fortín burocrático conectado, presuntamente, con los senadores Jairo Castellanos y Gustavo Moreno, el aspirante a la Cámara Erwin Jiménez y el exalcalde de Barrancabermeja Alfonso Eljach.
Tras conocerse la declaratoria de insubsistencia del director Adith Romero, la orden interna fue vergonzosa y desesperada: “Necesitamos cargar lo que más podamos”. Funcionarios de la entidad denunciaron que se les exigió acelerar al máximo la contratación en el Secop II antes de que se cerrara el grifo, priorizando hojas de vida bendecidas por ese grupo político.
Mientras los periodistas esperamos garantías de no repetición, en los pasillos de la entidad lo que se garantiza es la repetición… pero de los vicios más rancios del clientelismo: si la Unidad funciona operativamente con 1.500 contratistas, la meta de los politiqueros es dejar amarrados a 4.000.
Pero, la salida de Adith Romero de la dirección de la entidad, el jueves pasado, no borra el desastre de su gestión. Es inaudito que, según fuentes internas, no haya presupuesto para la misionalidad —es decir, para reparar a las víctimas— porque los recursos se desviaron para pagar favores políticos y para pagar a una nómina fantasma que hace proselitismo con recursos públicos.
Las cifras son un insulto a quienes pusimos los muertos y el dolor en este conflicto:
- Hasta el viernes pasado, pese al despido del director, se cargaron al Secop II 48 contratos, incluyendo una contratación directa por cerca de 71.000 millones de pesos.
- Solo en los primeros 21 días de enero de este año electoral, se vincularon 442 personas por prestación de servicios.
- El Fondo para la Reparación a Víctimas (FRV), que operó con 9.200 millones en 2025, ahora mágicamente «necesita» 22.500 millones en pleno año de elecciones.
¿Para qué es este dinero? Testimonios internos señalan que se está presionando a los funcionarios, con listas en mano (cédula, dirección y teléfono), para que voten por el senador Moreno. «Quieren comprar votos, quieren hacer campañas», denuncian los propios trabajadores.
Esto explica por qué el Plan de Reparación Colectiva de los periodistas sigue engavetado. No hay voluntad política ni capacidad técnica porque los funcionarios de turno no tienen ni idea de derechos humanos ni de garantías de no repetición; su única experticia parece ser el saqueo del erario para aceitar maquinarias electorales.
Es criminal que se juegue con la esperanza de millones de colombianos para financiar aspiraciones políticas. La Casa de Nariño no puede limitarse a cambiar un director; debe explicarle al país qué ocurrió y depurar a fondo esa nómina paralela que hoy tiene secuestrada la reparación.
Los periodistas víctimas del conflicto no aceptamos más excusas. Exigimos que se detenga este festín burocrático y se ejecute, de una vez por todas, el Plan de Reparación Colectiva. La Unidad de Víctimas debe ser un templo de reconciliación, no un directorio político de garaje donde la consigna es «cargar lo que más se pueda» antes de que llegue la justicia.
¡No más burlas! La reparación es un derecho, no un botín.
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